EMPRESAS
El escándalo D’Alessio: La confirmación de una primicia que desnuda el doble discurso de Melella con respecto a YPF
Lo que comenzó como una revelación exclusiva de Bocadepozo, terminó por convertirse en una de las mayores crisis de representación institucional de Tierra del Fuego en la petrolera de bandera. El decreto de formalización no solo confirma la irregularidad denunciada; expone una gestión provincial que parece haber cedido la soberanía energética a cambio de favores políticos dejando de lado la «soberanía energética y la custodia del patrimonio de YPF».
Por: Redacción
La política energética de una provincia productora como Tierra del Fuego no admite amateurismos. Sin embargo, la reciente oficialización de Maximiliano D’Alessio como representante del Estado fueguino en el Directorio de YPF ha dejado al descubierto un nivel de ligereza que raya en la irresponsabilidad institucional. Lo que el portal Bocadepozo.com.ar adelantó el pasado 25 de marzo como un «cambio entre gallos y medianoches», es hoy un escándalo administrativo que el gobernador Gustavo Melella no ha podido explicar satisfactoriamente.
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Una primicia que desnudó el caos
Cuando Bocadepozo reveló que D’Alessio —un hombre del círculo íntimo del gobernador pero sin raíces ni trayectoria genuina en la industria local— ocuparía una de las sillas más codiciadas del país con un sueldo superior a los 100 millones de pesos, la reacción oficial fue el silencio. No obstante, la realidad fue más rápida: la propia YPF comunicó la designación a la Comisión Nacional de Valores (CNV) antes de que el Ejecutivo Provincial emitiera el decreto correspondiente.
Esta secuencia temporal es la prueba más contundente de la improvisación: la petrolera ya contaba con el nombre antes de que el proceso legal en la provincia estuviera cerrado. El decreto firmado el 6 de abril por Melella y la ministra Gabriela Castillo llegó tarde, actuando meramente como un intento de «emprolijar» una decisión que ya estaba tomada fuera de los límites de la isla.
Quien no se guardó absolutamente nada, fue el ex secretario de energía Moisés Solorza:
«El Gobernador con sus políticas de doble vara como con el puerto, el radar inglés o cualquier otro proyecto prometido, está por un lado formando parte del desguace de la empresa de bandera YPF siendo funcional a los intereses de MIlei y Marín con el Plan Andes y la salida de Tierra del Fuego para descapitalizarla y su posterior privatización.»
«Mientras sostiene un discurso falaz sobre la soberanía energética, lo único que demuestran es que no les importa el futuro del país con YPF como músculo de desarrollo de los recursos hidrocarburíferos y la seguridad energética nacional, solo se sirven de YPF en tiempos de neoliberalismo con un discurso camuflado de nacional y popular verdaderamente decepcionante dejando entrar por ejemplo a las petroleras Británicas como Harbour Energy que compraron Wintershall Dea y operan con los franceses de Total el proyecto Fénix en el offshore del norte de la Isla».
El daño institucional: Representación sin pertenencia
El punto más crítico de esta designación no es solo el abultado salario en un contexto de crisis, sino el vacío de representación. Tierra del Fuego tiene cuadros técnicos, ingenieros y expertos con décadas en la cuenca austral que comprenden las complejidades de la operación offshore y el declive de los yacimientos maduros.
Al elegir a D’Alessio —identificado por diversos sectores como un «porteño» sin vínculos reales con el territorio— el gobernador Melella envía un mensaje devastador: la silla de Tierra del Fuego en YPF no es un espacio de defensa técnica de nuestros recursos, sino un botín político. La acumulación de cargos en su figura (siendo además presidente de la estatal Terra Ignis) genera un conflicto de intereses y una concentración que asfixia la transparencia necesaria en el sector.
La liviandad como método
La gestión de Melella en materia de hidrocarburos parece moverse bajo una lógica de «ensayo y error». La liviandad con la que se manejan las representaciones en empresas estratégicas degrada la imagen de la provincia frente a los inversores. Mientras otras provincias productoras envían a sus exgobernadores o especialistas de peso a dar batalla en el directorio de YPF, Tierra del Fuego parece conformarse con delegar su voz en figuras cuestionadas por su falta de resultados en proyectos locales previos, como el fallido puerto de Río Grande o el polo petroquímico y varios intentos fallidos como seguramente será la salmonicultura o el polo de hidrógeno verde.
La denuncia de Bocadepozo fue el primer ladrillo que cayó de un muro de opacidad. Hoy, con la designación formalizada, queda claro que no hubo estrategia, sino conveniencia. El daño institucional de sentar en el directorio de la empresa más importante del país a alguien ajeno a la realidad fueguina es un retroceso político que llama la atención ya que D’Alessio será compañero de directorio de Manuel Adorni ni más ni menos.
Tierra del Fuego necesita representantes que defiendan el gas y el petróleo con conocimiento de causa, no delegados que solo parecen estar allí para administrar una caja millonaria mientras la provincia pierde peso en la mesa donde se decide el futuro energético de la Argentina.
Los alcances de la Ley Provincial 1012 y el vicio en el procedimiento
El eje legal que pone en jaque la designación de Maximiliano D’Alessio es la Ley Provincial N.º 1012, una normativa específica que regula cómo debe elegirse al representante de Tierra del Fuego ante el Directorio de YPF. El incumplimiento de sus mecanismos no es un detalle administrativo menor, sino una falta que afecta la validez del cargo.
1. El carácter «Ad Referéndum» La Ley 1012 establece taxativamente que el nombramiento del director por la provincia debe ser realizado por el Poder Ejecutivo, pero bajo la figura de «ad referéndum» de la Legislatura. Esto significa que la designación es una propuesta que solo adquiere plena validez jurídica una vez que la Cámara Legislativa la ratifica. Al haber asumido funciones o haber sido comunicado a organismos externos (como la CNV) sin este aval, se vulnera la jerarquía del Poder Legislativo.
2. Plazos de comunicación (Las 48 horas) La normativa impone al Ejecutivo la obligación de informar a la Legislatura sobre cualquier propuesta de designación en un plazo perentorio de 48 horas. En el caso D’Alessio, la cronología demuestra que la información llegó al Parlamento solo después de que la noticia tomara estado público por denuncias periodísticas y tras una intimación formal de los legisladores, lo que constituye una falta a los deberes de transparencia previstos en la ley.
3. Idoneidad y Representatividad Si bien la ley otorga la facultad de elección al Gobernador, el espíritu de la norma busca que el representante defienda los intereses estratégicos de la provincia. La falta de antecedentes técnicos específicos en Tierra del Fuego y la omisión de un debate parlamentario previo sobre el perfil del candidato refuerzan la sensación de una designación basada en la cercanía política por sobre la capacidad técnica exigida para un cargo de tal magnitud.
4. Consecuencias de la Nulidad El incumplimiento del procedimiento establecido en la Ley 1012 habilita a la Legislatura a declarar la nulidad de las actuaciones. Esto dejaría a la provincia sin una representación válida ante YPF, generando una inseguridad jurídica que afecta tanto a la petrolera estatal como a la posición de Tierra del Fuego en la mesa de decisiones energética nacional.
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