Un informe del Ministerio de Defensa sostiene que no representa una amenaza a la seguridad nacional, hay un conflicto relacionado con la propiedad de la empresa, cuya mayoría de capital proviene de Irlanda y una pequeña parte del Reino Unido, aunque está vinculada a Estados Unidos. La provincia ha impulsado una solicitud de disolución y liquidación judicial de la empresa, que ha tenido una respuesta positiva inicial por parte del Poder Judicial, incluyendo medidas cautelares y un requerimiento para desmantelar la infraestructura en Tolhuin.
A pesar de las tensiones y posturas contradictorias entre el gobierno nacional y la provincia, todas las instancias administrativas han sido agotadas, lo que sugiere que el radar no será habilitado sin un cambio significativo en la situación legal y política.
En una entrevista brindada a Radio Provincia al periodista Sergio Sarmiento en el programa «Entre Nosotros» el funcionario provincial a cargo de la Secretaría de Malvinas, Atlántico Sur y Antártida, Andrés Dachary , se despachó en asumir las responsabilidades de la administración Melella con respectos a las competencias para habilitar en la inspección General de Justicia (IGJ) a LeoLabs Argentina, otorgarle los permisos ambientales a Cargo de Sonia Castiglione y conectarlo a la red de Energía Eléctrica que habilitó el Presidente a través de la Dirección Provincial de Energía Alberto Mancini.
Sin asumir las responsabilidades propias, las declaraciones de Dachary se fundan en desapego a la verdad ya que fueron estos mismos funcionarios los que ahora desandar sus pasos de forma contradictoria y vergonzosa.
«Según el informe del ámbito nacional, el radar de Leo Labs no es de Gran Bretaña, no es inglés, que es de Estados Unidos, y tampoco tiene una función militar. Sí, a ver, esa es una nota que salió en un diario nacional, en Clarín, a partir de lo que sería un cambio de postura, me animaría a decir, de lo que es el gobierno nacional respecto a la situación del radar.»
«Acá hay varias cosas en juego, digamos. Primero, lo que tiene que ver con la conformación de la empresa. Hoy actualmente está constituida 95% por capitales de Irlanda y un 5% en Reino Unido, pero a su vez son dos empresas dependientes de la casa madre, que es en los Estados Unidos.»
«Y la empresa había presentado justamente un cambio societario ya hace un tiempo atrás. Nosotros consultamos al Ministerio de Defensa y nunca obtuvimos respuesta si esto afectaba de manera positiva o negativa esta situación final, que era lo que es la amenaza a la seguridad nacional.
«Esta nota que sale en este medio está basada en lo que sería la opinión de la Jefatura de Gabinete, que es una opinión política, pero la base de todo lo que es este conflicto me animaría a decir que se dio con el radar aquí en nuestra provincia.»
«La intervención de la provincia se basa en tres competencias: la inspección general de justicia, el ámbito ambiental y el abastecimiento de energía eléctrica. Se argumenta que la empresa en cuestión no debería existir y que su desaparición haría imposible su operación, independientemente del visto bueno del gobierno nacional. Además, se critica un contrato entre la empresa y el Ministerio de Defensa británico para el monitoreo y control de espacios, lo que se considera una amenaza a la seguridad nacional.
«Existe preocupación por la inacción del gobierno nacional, tanto en la gestión anterior como en la actual, en relación con esta situación. La confusión se agrava con la solicitud de disolución de la empresa por parte de la IGJ, generando incertidumbre sobre los próximos pasos.»
«Es en realidad un informe del Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa es, dentro de la que es la estructura del gobierno nacional, los únicos que tienen la capacidad de decir qué es una amenaza o no a la seguridad nacional.»
«Y eso ya quedó plasmado en un informe que tiene más de un año. Eso a su vez quedó ratificado a través de lo que fue una resolución de la Jefatura de Gabinete. La empresa tuvo la chance de presentar un recurso de reconsideración, que es el instrumento legal que permite a la empresa, justamente cuando obtiene una respuesta no satisfactoria por parte del Estado, de aportar nuevos elementos para tratar de detorcer lo que es esa decisión, y ese recurso de reconsideración fue negativo.
Por eso, más allá de que obviamente desde el Ejecutivo, y me animaría a decir el Pleno de la Sociedad Fueguina, todos los espacios políticos, porque en este sentido no hay absolutamente nadie que valide esta intervención aquí en nuestra provincia, suena, más allá de lo contradictorio y en contra de lo que son nuestras miradas, impracticable porque se agotaron todas las instancias administrativas.
Y en paralelo están las actuaciones que específicamente hizo la provincia, que bueno, que tomaron bastante entidad la semana pasada, y que yo entiendo que también la publicación de estas noticias tiene que ver de cierta manera como una respuesta a esta iniciativa del Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, que tiene que ver con lo que es el pedido de disolución y liquidación judicial de la empresa ante lo que es la Justicia Fueguina, que ya hubo una primera respuesta, si se quiere, del Poder Judicial satisfactoria, con lo que es el otorgamiento de una medida cautelar, y por otro lado, la intimación para lo que es un inminente, me refiero a los plazos más cortos que prevé la ley, en la presentación del plan de desmantelamiento de la infraestructura que está localizada en Tolhuin.
¿Y cómo termina todo esto entonces? ¿Es que el radar se va a habilitar por orden nacional y la provincia no tiene en este caso una autonomía?
No, las competencias de la provincia están dadas en las tres intervenciones que tuvo siempre, que fueron la inspección general de justicia, en una primera etapa con la conformación de lo que es la personería jurídica, que es justamente lo que nosotros estamos pidiendo, como para decirlo de alguna manera simple, es que directamente la empresa desaparezca, que la empresa no exista más.
Con lo cual, si la empresa deja de existir, es total y absolutamente imposible que pudiesen operar, por más que cuenten con el visto bueno del gobierno nacional, por más que haya habido un cambio de 180 grados en lo que es la comprensión del mundo, nuestros ámbitos estratégicos y demás.
«La segunda tiene que ver con lo ambiental, que es así, está supeditada lo que era la autorización de la jefatura del gabinete, y la tercera era el abastecimiento de la energía eléctrica. Pero lo que es la decisión siempre de la autorización de si puede haber o no un radar en Tierra de los Fuego, como en cualquier otra parte del país, siempre ha sido y será una decisión del gobierno nacional.»
Pero obviamente, a partir de lo que pasó, obviamente a partir de lo que quedó demostrado, obviamente a partir también, si faltaba algo, fue esta propia declaración, no sé cómo llamarlo de otra manera, de la empresa, con el anuncio de un contrato celebrado entre ellos y el Ministerio de Defensa británico, para que su infraestructura sirva como soporte para monitoreo, control y sobre vigilancia de todo lo que son los distintos espacios por parte del Ministerio de Defensa, no es algo que vaya a ser acompañado, ni mucho menos, como lo dijimos desde el minuto uno.
Por eso entiendo que esto obviamente tiene que ver con una respuesta a las acciones que está llevando el gobierno de la provincia, están las antípodas de lo que esperábamos del gobierno nacional, porque vos fijate que también, de fondo, el antecedente que estamos dejando es una locura.
Hace un año y medio que estamos conviviendo con una amenaza a la seguridad nacional, no porque lo digamos nosotros de Tierra de los Fuego, sino porque lo dijo el propio Ministerio de Defensa, que es el único que tiene la capacidad en el país de decir esto como si nada, no como si fuese una alerta de que va a haber un poco de viento o que va a hacer calor, cuando es lo más grave que le puede pasar a nuestro país.
Y se ha, de cierta manera, minimizado esta situación ante la inacción, primero, de la gestión anterior, por esto hay que ser justos, esto obviamente se inicia con la gestión del presidente Fernández y ya casi 10 meses de la gestión nueva del presidente Milei no habían habido comunicaciones, de hecho no las hay todavía, esto recién que estamos discutiendo, charlando hoy es un trascendido en un medio de prensa, no ha habido ninguna comunicación oficial, no se ha tomado postura respecto a algo que debió haber sido siempre urgente.
