Tierra del Fuego a oscuras: El «triunvirato del fracaso» que condena a Ushuaia al abandono

Ushuaia ha vuelto a quedar a oscuras, y con ella, la ilusión de una gestión que prometió previsibilidad y hoy solo entrega frío y desidia. Mientras el gobernador Gustavo Melella se niega a acusar recibo político de la gravedad del colapso, los ciudadanos y el sector privado padecen las consecuencias de un sistema energético quebrado por la improvisación y la falta de inversión estructural.

Es imperativo poner nombres propios al desastre. El gobernador Gustavo Melella, la ministra de Energía Gabriela Castillo y el titular de Terra Ignis, Maximiliano D’Alessio, son señalados como los máximos responsables de un modelo de gestión que, en nombre de una supuesta soberanía, ha sumergido a la capital fueguina en la precariedad absoluta.

Maximiliano D’Alessio: El «multifuncionario» de la opacidad

La gestión de Maximiliano D’Alessio al frente de Terra Ignis es, quizás, el punto más crítico del entramado oficialista. Definida como una «oficina fantasma» que solo existe en los balances, la empresa estatal no posee instalaciones propias ni ha concretado ninguno de los proyectos estratégicos anunciados, como el polo petroquímico o el parque eólico. En su lugar, el primer ejercicio contable arrojó pérdidas millonarias por activos ociosos.

D’Alessio, íntimo amigo del gobernador, concentra hoy un poder inusitado: es presidente de Terra Ignis, director en YPF y gestor de fondos millonarios. Su designación en YPF ha sido calificada de ilegal, al haberse realizado al margen de la Ley Provincial Nº 1012 y sin el aval de la Legislatura. Mientras la ciudad sufre apagones de más de 11 horas, este «multifuncionario» percibe ingresos mensuales que rondan los 100 millones de pesos, una cifra que choca éticamente con la crisis sanitaria y social de la provincia.

Sumado a esto, un dictamen explosivo de la Fiscalía de Estado reveló un patrón de opacidad sistemático en Terra Ignis, donde se han obstaculizado las tareas de fiscalización de la sindicatura y se mantienen deudas de rendición de cuentas sobre acuerdos comerciales clave.

Gabriela Castillo: La política del «vamos viendo»

Por su parte, la ministra Gabriela Castillo ha normalizado la precariedad con metáforas vergonzosas, admitiendo que en materia energética «la sábana es cortita» y que el sistema depende del azar para pasar el invierno. Su gestión ha sido incapaz de realizar el mantenimiento crítico de la turbina Rolls-Royce —corazón de la generación de base— debido a deudas impagas con proveedores como Siemens y a la falta de previsión en la compra de repuestos.

La solución oficial ha sido recurrir al alquiler de equipos de emergencia que, según la propia ministra, «te comen el hígado en combustible», evidenciando un costo económico enorme para emparchar la desinversión sostenida durante seis años.

Melella: Amenazas en lugar de soluciones

Lejos de asumir la responsabilidad política, el gobernador Gustavo Melella ha optado por el enfrentamiento. En declaraciones recientes, llegó a amenazar a los legisladores, advirtiéndoles que si no aprobaban acuerdos con YPF y Terra Ignis, tendrían que ir ellos mismos a operar las plantas energéticas. Esta actitud es vista por la oposición como una «extorsión política» para evitar el control sobre contratos que comprometen recursos naturales por décadas.

Un costo humano y económico insostenible

La realidad en las calles de Ushuaia desmiente el relato oficial. Referentes hoteleros como Miguel Recchia, empresarios y comerciantes advierten que la crisis es la «crónica de una muerte anunciada» que pone en riesgo el posicionamiento de la ciudad como destino internacional. Los cortes no solo queman equipos electrónicos cuya reparación está a 3.000 kilómetros, sino que dejan a miles de familias sin luz, agua ni calefacción con temperaturas de -10°C bajo cero.

Mientras el Gobierno provincial sigue sin emitir respuestas concretas, el costo de cada apagón se estima en 3 millones de dólares por día. La luz en Ushuaia no se recuperará solo con turbinas, sino con una gestión transparente que deje de priorizar los ingresos de una élite política por sobre la dignidad de un pueblo que sufre el frío.

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