Acuerdo bajo la mesa: El plan para «licuar» las deudas de la Cooperativa Eléctrica de Río Grande y la DPE que esconde la Ley de «Zona Fría»

La reciente media sanción en la Cámara de Diputados de la ley que reforma el régimen de Zonas Frías ha dejado al descubierto una compleja negociación política entre el Gobierno de Tierra del Fuego y la gestión nacional. El eje central de este acuerdo sería la utilización del artículo 4 del proyecto de ley de «medidas energéticas» para condonar y «licuar» las millonarias deudas que mantienen la Cooperativa Eléctrica de Río Grande y la Dirección Provincial de Energía (DPE) con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA).

El mecanismo de la «licuación» El proyecto oficialista, que ya cuenta con el aval de la Cámara Baja, faculta a la Subsecretaría de Energía Eléctrica para determinar las diferencias de ingresos no percibidos por las distribuidoras debido a los congelamientos tarifarios de años anteriores. Bajo este esquema, las deudas con CAMMESA —que en el caso de la Cooperativa de Río Grande ascienden a más de 1.500.000 dólares y en la DPE superan los 1.000 millones de pesos— pueden compensarse con estos «activos regulatorios». Este proceso permite que las deudas históricas desaparezcan de los balances sin un desembolso real de fondos, mejorando la solvencia financiera de las entidades a cambio de que la provincia y las empresas desistan de cualquier reclamo judicial contra el Estado Nacional.

El silencio en diputados de representantes del oficialismo fueguino, se daría a partir de las negociaciones llevadas adelante por Diego Santilli, Ministro del interior y el propio Gobernador Melella. Esta millonaria «limpieza» de balances explicaría el llamativo comportamiento del diputado nacional por Tierra del Fuego, Paulo Agustín Tita. Durante el tratamiento de la ley, un tema extremadamente sensible para la provincia más austral que sufrirá recortes en los subsidios al gas, Tita mantuvo un absoluto silencio en el recinto. Si bien el bloque de Unión por la Patria votó en contra en general, el mutismo del legislador que responde directamente al gobernador Gustavo Melella se interpreta como la contraprestación política necesaria para asegurar el salvavidas financiero que Nación otorgará a los entes energéticos fueguinos.

Antecedentes y crisis institucional La situación de los entes energéticos en la isla es crítica y está plagada de irregularidades que habrían acelerado la necesidad de este acuerdo:

• Cooperativa Eléctrica de Río Grande: Enfrenta graves denuncias penales por malversación de fondos, sobreprecios y desvío de caudales públicos. Incluso se ha solicitado la intervención del INAES tras detectarse deudas millonarias de usuarios particulares (como una firma que adeuda 90 millones) a los que nunca se les reclamó el pago.
• Dirección Provincial de Energía: Había acumulado pasivos históricos desde 2016 que se tornaron «impagables», vinculados principalmente al consumo de gas para generación eléctrica.
• Intervención en puerta: CAMMESA ya había incluido a la Cooperativa de Río Grande en una lista de siete entidades nacionales a ser intervenidas administrativamente para investigar «maniobras truchas» y contratos irregulares.

Un beneficio para las empresas, un ajuste para el usuario Mientras el Gobierno provincial y nacional coordinan este saneamiento contable para «limpiar» las deudas de las distribuidoras, el impacto real para los fueguinos es un aumento encubierto en las tarifas. Al quedar el transporte y la distribución fuera del esquema subsidiado en la nueva ley, el beneficio de la Zona Fría se diluye frente a los costos logísticos, provocando que los usuarios paguen facturas más caras a pesar de la bonificación. Para la oposición, este esquema representa una «estafa energética» donde el Estado condona deudas a empresas —muchas de ellas bajo sospecha de corrupción— mientras traslada el costo del ajuste directamente al bolsillo de los trabajadores