La «Soberanía de cartón»: Auditoría de un fracaso estructural de la Energía en Tierra del Fuego

Bajo la gestión de Maximiliano D’Alessio y el ala técnica del Ministerio de Energía, Terra Ignis se ha transformado en una «oficina fantasma». Mientras se multiplican los pasivos ambientales y los despidos masivos, una élite de funcionarios se asegura ingresos millonarios en YPF a espaldas de la crisis sanitaria y social que golpea a los fueguinos.

Por Redacción Boca de Pozo

USHUAIA – La promesa de una empresa estatal de energía que garantizara la soberanía hidrocarburífera de Tierra del Fuego ha terminado en una estafa administrativa. Según un informe de auditoría crítica al que tuvo acceso este medio, la gestión de Maximiliano D’Alessio en Terra Ignis no solo carece de resultados productivos, sino que se ha consolidado como un vehículo de discrecionalidad política y opacidad financiera que compromete el futuro de la provincia.

Un «Multifuncionario» sin solvencia técnica

El perfil de D’Alessio es la viva imagen de la colonización política del sector energético. Con una formación académica ajena a la industria hidrocarburífera, D’Alessio concentra hoy los hilos del poder fueguino en Buenos Aires: es Presidente de Terra Ignis, Director en YPF, Secretario de Representación Oficial en CABA y gestor del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva (FAMP).

Esta concentración de roles no es fruto de la capacidad, sino de una lógica de lealtad absoluta al Gobernador Gustavo Melella. La reciente designación de D’Alessio en YPF —realizada al margen de la Ley Provincial Nº 1012—, fue un acto de desprecio por el control democrático. El Ejecutivo intentó validar la maniobra con un decreto retroactivo solo después de que el Bloque Somos Fueguinos denunciara ante la Legislatura la ilegalidad de su nombramiento, el cual ya había sido comunicado a la Comisión Nacional de Valores sin respaldo provincial previo.

Terra Ignis: La empresa que solo existe en los balances

Lejos de ser el motor de desarrollo prometido, Terra Ignis funciona como una entidad de «papel». El síndico de la empresa, Rafael Pereyra Ramos, reconoció que la firma no posee instalaciones propias, operando desde dependencias estatales.

Los números de su primer ejercicio contable son lapidarios:

• Pérdidas consolidada: $237.000.000, justificados principalmente por un ajuste por inflación de activos ociosos que alcanzan los $214.000.000.
• Inactividad absoluta: La cifra de «ajuste por inflación» es, en realidad, el certificado de defunción de los proyectos estratégicos como el Polo Petroquímico, la planta de Urea y Amoníaco, y el prometido parque eólico.

Crisis eléctrica y desidia ambiental

Mientras la administración Melella-Castillo desviaba fondos hacia soluciones precarias, la crisis energética de Ushuaia se agudizó. Terra Ignis fue utilizada como una «pantalla» (financial pass-through) para evitar los controles de licitación de la administración central. Mediante la Resolución 776/24, se triangularon $2.200 millones para el alquiler de equipos a la empresa Sullair, una solución temporal que, además, ha sido objeto de severas denuncias por contaminación ambiental, dejando a la provincia con un pasivo ecológico en lugar de capacidad instalada propia.

El costo de la «casta» fueguina

El punto más crítico de esta gestión es la desconexión ética con la realidad local. Mientras el sistema de salud pública (OSEF) languidece y las familias fueguinas luchan contra tarifas impagables, D’Alessio percibe ingresos en YPF que se estiman entre $95 y $100 millones mensuales.

Esta élite corporativa, que se niega sistemáticamente a destinar parte de esos honorarios a la salud pública como propuso el Movimiento Popular Fueguino, demuestra que la representación fueguina en YPF funciona como una moneda de cambio para el beneficio de una estructura oficialista.

El desmantelamiento productivo

La salida de YPF de las áreas maduras de la Cuenca Austral —Los Chorrillos y Lago Fuego— terminó en un descalabro socio-laboral. Bajo la pasividad de Terra Ignis, la transición a operadores privados como Velitec S.A. derivó en:

• Despidos masivos: Más de 500 familias de Río Grande han quedado en la incertidumbre tras el incumplimiento del piso de 260 puestos de trabajo exigidos por los gremios.
• Pérdida de soberanía: La delegación de operaciones sin cláusulas de contratación local ha condenado al sector Pyme provincial, subordinando los recursos fueguinos a la discrecionalidad de empresas privadas sin compromiso con el empleo local.

La gestión de D’Alessio y el Ministerio de Energía de Gabriela Castillo es la crónica de una oportunidad perdida. Tierra del Fuego no necesita más «multifuncionarios» que gestionen balances inflados; necesita una administración transparente que defienda sus recursos y su gente frente al desmantelamiento sistemático que hoy, bajo el sello de Terra Ignis, avanza sin control.