De una manera insólita y casi en completo silencio oficial, este medio sigue la agenda energética nacional descubriendo verdaderos despropósitos. Éste es el caso del Gas Fueguino producido en la Cuenca Austral, más precisamente proveniente del «Proyecto Fénix» que comparten los consorcios PAE – Total Energies y YPF que será indistrializado en otra provincia.
“Valor en ruta: cómo el gas fueguino se transforma lejos y quién se queda sin trabajo”
“Las primeras exportaciones de GNL no serán con gas de Vaca Muerta”— debería leerse con lupa por quienes gobiernan provincias productoras: lo que se anuncia como “hito nacional” es, en buena medida, una transferencia de renta y valor desde el sur profundo hacia otros centros logísticos y a manos de grandes consorcios privados. Argentina debutará en la exportación comercial de GNL por la costa de Río Negro (Golfo San Matías). Sorprendentemente —y con consecuencias previsibles— las primeras cargas no saldrán de Vaca Muerta sino de la Cuenca Austral, la cuenca que integra producción offshore de Tierra del Fuego y Santa Cruz.
Ese simple dato encierra una contradicción política y económica: en lugar de agregar valor en origen, generando empleo local, capacitación industrial y una base impositiva más potente en Tierra del Fuego, el diseño del negocio prioriza el embarque y la licuefacción a cientos —en algunos casos casi 3.000— kilómetros de distancia, donde se fondearán unidades flotantes de licuefacción (FLNG) operadas por consorcios (Southern Energy —PAE, Golar LNG, Pampa, YPF, Harbour— y otros jugadores como YPF/Eni/ADNOC en proyectos paralelos).
Moisés Solorza
bdp consultó sobre la noticia al director de bdp el exsecretario de energía de Tierra del Fuego AeIAS, Moisés Solorza, quien fue lapidario:
«El resultado es claro y vergonzoso: La falta de rumbo en la provincia con agendas que nada tienen que ver con el desarrollo fueguino se la queda Río Negro, donde los capitales Británicos y Franceses llevan los proyectos que deberían ser exigidos en la Isla Grande por parte del Gobernador Melella, y donde la riqueza del gas deja su huella donde instalan la planta de licuefacción —Río Negro, capitales privados y puertos— y no necesariamente donde se produce el recurso».
Gas del sur: la Cuenca Austral como protagonista
Contra lo que podría suponerse, el gas que alimentará las plantas no provendrá de Vaca Muerta, sino de la Cuenca Austral, que concentra la producción del extremo sur del país, en Tierra del Fuego y Santa Cruz.
Ese gas viaja actualmente a través del Gasoducto General San Martín, pasa por Bahía Blanca y llega al área metropolitana de Buenos Aires. Desde esa infraestructura existente se construirá una derivación de unos 14 kilómetros hacia la costa rionegrina, más un tramo submarino de entre 5 y 7 kilómetros que conectará con los buques.
¿Por qué es grave? Primero, porque el valor agregado es trabajo: plantas de procesamiento, compresión, tratamiento y logística generan puestos calificados y una cadena de proveedores locales. Si esa cadena se monta cerca de las plataformas productoras —en Tierra del Fuego—, ahí quedaría buena parte de la renta y la presión para generar políticas públicas de desarrollo regional. En cambio, la opción elegida exporta gas crudo hacia unidades flotantes frente a la costa rionegrina o instalaciones en Bahía Blanca, lo que multiplica beneficios para los operadores que controlan la cadena marítima y portuaria, y reduce el impacto directo en los distritos productores. Proyectos como Southern Energy basan su estrategia en FLNG fondeadas frente a Las Grutas, donde la logística y la decisión política local hacen el resto del negocio.
Segundo, la decisión tiene consecuencias fiscales y distributivas: los impuestos, los impuestos indirectos y las regalías se calculan según marcos que no siempre recompensan el largo plazo productivo de la provincia productora.
«Aunque Tierra del Fuego celebra proyectos como Fénix y defiende su rol en la cuenca, la posibilidad de que el valor grueso —la liquefacción y la comercialización internacional del GNL— quede fuera del territorio implica que la mayor parte de los dólares terminan en balances privados y en jurisdicciones que gestionan la infraestructura. El gobierno provincial de Tierra del Fuego puede reclamar participación y celebrar producción, pero Asume no hacerlo y es por ello que la suma entre “producir” y “industrializar” se escribe en otra playa».
Tercero, el esquema elegido abre interrogantes ambientales y socio-territoriales que la prensa local y las ONG vienen señalando. Las audiencias públicas por los barcos-licuefacción despertaron rechazo de ONG ambientalistas y localidades turísticas que verían afectada su franja costera (por ejemplo Las Grutas). La instalación de FLNG y la mayor circulación de buques tanque alteran zonas sensibles y plantean riesgos que, además de costar en términos ecológicos, pueden afectar economías locales distintas a la extractiva (pesca, turismo). Organismos como FARN alertaron sobre la necesidad de un debate más profundo y de evaluaciones ambientales exhaustivas.
Cuarto, desde la lectura política es imprescindible preguntarse quién decide y en beneficio de quién. Los grandes consorcios energéticos —PAE, YPF, Pampa, Harbour, Golar, y ahora actores internacionales como ADNOC/ENI en proyectos colaterales— tienen la escala financiera y el lobby para imponer soluciones técnicamente eficientes desde su punto de vista.
Pero “eficiencia” no es sinónimo de desarrollo territorial equitativo. Si el diseño del negocio prioriza la menor inversión en tierra y la mayor concentración de infraestructura marina, las provincias productoras quedan en una relación funcional de proveedor de materia prima sin cadena industrial propia.
También es necesario señalar la ilusión tecnológica: la FLNG promete rapidez y menores costos iniciales frente a plantas en tierra. Es cierto, pero esa rapidez también externaliza costes —sociales, fiscales, de soberanía— y encubre que existen alternativas para industrializar en el origen con inversión pública/privada que requiera mayor planificación y políticas de encadenamiento productivo. Esa alternativa exige voluntad política local y nacional: programas de capacitación, incentivos fiscales acotados, financiamiento puente y una estrategia clara para que las regalías y las empresas proveedoras se localicen donde se perfora el pozo.
Un punto final: la narrativa oficial repite que “Argentina necesita dólares” y que el GNL es el camino para traer divisas. Es verdad, pero no es neutral decir desde dónde y en qué condiciones se generan esas divisas. Entregar la mayor parte del proceso a unidades flotantes y centros portuarios lejanos concentra la renta en pocos balances y reduce el efecto multiplicador local. Así, la ambición exportadora (legítima) alquila el recurso y desatiende el mandato básico de la política regional: agregar valor en origen, crear empleo y sostener comunidades productivas.
Demanda
Si el Gobierno provincial —y el nacional— realmente buscan desarrollo “federal” deben revisar el diseño de estos proyectos. No alcanza con festejar barcos y anuncios. Hace falta condicionar permisos a cláusulas de contenido local, exigir esquemas de formación técnica vinculados a plantas en tierra, rever marcos de regalías que incentiven inversión local, y medir impactos ambientales y sociales con estándares estrictos. De lo contrario, el gas desde la Cuenca Austral terminará siendo “valor en tránsito”: el dinero pasará por las costas de Río Negro, pero la riqueza y el trabajo quedarán lejos, donde el gas nació.
