Diputado Fueguino Jorge Araujo solicitó Informes sobre la Situación de las Cooperativas Eléctricas a ser intervenidas por deudas con CAMMESA.

5 nov 2024 | La medida busca ampliar la noticia difundida días atrás, en la que se deslizó que el Poder Ejecutivo Nacional intervendría siete cooperativas eléctricas que mantienen una millonaria deuda con CAMMESA, entre las cuales se encuentra la Cooperativa de Río Grande.

Según ha tomado dominio público, el Poder Ejecutivo Nacional intervendría siete cooperativas eléctricas a las cuales la empresa Cammesa (administradora del Mercado Eléctrico Mayorista-MEM) le reclama una deuda total de $325.000 millones por energía despachada que nunca se cobró. Las instituciones involucradas, según Cammesa, son las cooperativas eléctricas de Villa Gesell, Las Flores, Olavarría, 9 de Julio y Tres Arroyos, todas de la provincia de Buenos Aires; más la de Gualeguaychú, en Entre Ríos, y la de Río Grande, en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

En tal sentido, el Diputado de la Nación Jorge Koky Araujo, presentó un proyecto solicitando al Poder Ejecutivo Nacional que informe de manera precisa y detallada respecto de la situación de las cooperativas eléctricas a quienes la empresa Cammesa les reclama importantes deudas por energía despachada que nunca se habrían cobrado.

Asimismo, solicita se incluya detalle del monto adeudado por cada una de ellas y periodo de la mora, así como las medidas previstas para el efectivo cobro de esos pasivos y garantías para continuar con la prestación del servicio eléctrico brindado por las cooperativas.

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Según el diputado, “la situación que enfrentan las cooperativas eléctricas, según Cammesa, es de suma gravedad. Estas cooperativas no solo fijan el costo de la distribución de la energía eléctrica en pequeñas localidades del interior del país, gravemente afectadas por la disparidad entre el costo del servicio y los ingresos de los hogares, sino que su formato cooperativo puede conducir a una crisis que impactaría no solo a la empresa, sino a toda la comunidad local”.

Entre los fundamentos del proyecto se detalla que “Ante la magnitud de las deudas reclamadas por Cammesa a las cooperativas eléctricas, surge la necesidad de conocer los lineamientos y estrategias que se implementarán para garantizar la viabilidad de estas instituciones vitales dentro del sistema de distribución de energía eléctrica y la equidad en el cumplimiento de las obligaciones de pago”.

Los argumentos:

Señor Presidente:

Según ha tomado dominio público, el Poder Ejecutivo Nacional intervendría siete cooperativas eléctricas a las cuales la empresa Cammesa (administradora del Mercado Eléctrico Mayorista-MEM) le reclama una deuda total de $325.000 millones por energía despachada que nunca se cobró. La intervención sería de forma colegiada entre Cammesa y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano que regula a las cooperativas de todo el país, no solo las del sector energético. En rigor, el Inaes intervendría formalmente las cooperativas, mientras que Cammesa aportará la gestión en cada lugar.

Las instituciones involucradas, según Cammesa, son las cooperativas eléctricas de Villa Gesell, Las Flores, Olavarría, 9 de Julio y Tres Arroyos, todas de la provincia de Buenos Aires; más la de Gualeguaychú, en Entre Ríos, y la de Río Grande, en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Según los números oficiales, sólo esas siete acumulan una deuda de 53.000 millones de pesos.

La intervención anunciada funcionará en modalidad de veeduría administrativa, una medida que permitirá revisar a fondo la gestión y documentos de cada cooperativa involucrada.

En un contexto de aumento exponencial de las tarifas del servicio eléctrico y de una crisis energética como la que atraviesa el país, resulta fundamental contar con información detallada y precisa sobre el estado económico financiero de las cooperativas que brindan servicios de distribución de energía eléctrica, en especial de aquellas que poseen deudas con la administradora del Mercado Eléctrico Mayorista, Cammesa.

Como sabemos, Cammesa es una entidad clave en la gestión del mercado mayorista de energía, y su rol ha cobrado particular relevancia frente a la política implementada de recomponer tarifas y reducir subsidios, en un marco de déficit fiscal cero promovido por el actual gobierno. Esta situación tiene un impacto directo en la economía de usuarios residenciales, empresas, y entidades cooperativas, quienes participan activamente en el consumo y distribución de energía.

Ante la magnitud de las deudas reclamadas por Cammesa a las cooperativas eléctricas, surge la necesidad de conocer los lineamientos y estrategias que se implementarán para garantizar la viabilidad de estas instituciones vitales dentro del sistema de distribución de energía eléctrica y la equidad en el cumplimiento de las obligaciones de pago.

El aumento tarifario en el servicio de energía eléctrica, propuesta en la última audiencia pública del día 18 de octubre del 2024 que representa un 35% en términos reales, implica una carga desproporcionada para los sectores más vulnerables de la población. Este incremento afecta principalmente a quienes ya han perdido acceso a subsidios, imponiéndoles una carga económica significativa en un contexto de altos niveles de inflación y desaceleración de los ingresos.

En comparación con los Índices de Inflación y otros Rubros, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) ha experimentado un incremento del 198%, y el Índice de Precios Internos al por Mayor aumentó un 185%, reflejando la persistente inflación en bienes y servicios. En contraste, el índice de variación salarial ha crecido solo un 172%, y los costos de construcción aumentaron un 154%. Estos índices, en muchos casos, son los tomados por las cooperativas eléctricas para el incremento que se encuentra en vigencia.

Dicha disparidad entre el aumento de tarifas y la evolución de los ingresos reales provoca una disminución en el poder adquisitivo de los sectores más desfavorecidos, quienes deben destinar una mayor proporción de sus ingresos al pago de servicios esenciales como la electricidad.

La eliminación de subsidios a ciertos segmentos de usuarios implica que el ajuste en el precio de la energía recaiga más sobre aquellos que, al perder el beneficio, se ven obligados a absorber incrementos tarifarios sin el soporte de programas de asistencia económica. Estos sectores no solo ven encarecidos los costos de consumo de energía, sino que enfrentan un aumento adicional en sus gastos de vida, generando una carga desigual y regresiva.

En un contexto donde los sectores con menores ingresos experimentan un estancamiento de su capacidad económica, es fundamental plantear un esquema tarifario progresivo que, además de asegurar la sustentabilidad de las empresas energéticas, contemple los niveles de ingresos y las necesidades esenciales de los usuarios más afectados.

La situación que enfrentan las cooperativas eléctricas, según Cammesa, es de suma gravedad. Estas cooperativas no solo fijan el costo de la distribución de la energía eléctrica en pequeñas localidades del interior del país, gravemente afectadas por la disparidad entre el costo del servicio y los ingresos de los hogares, sino que su formato cooperativo puede conducir a una crisis que impactaría no solo a la empresa, sino a todos sus socios en esas comunidades

Por las razones expuestas, es que solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de Resolución.

Jorge Neri Araujo Hernández

Diputado de la Nación.

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