Acreedores salen al rescate de Roch, la petrolera con operaciones en TDF que está al borde del default

A partir de una medida cautelar presentada en el concurso preventivo, inyectarán los fondos necesarios para que la compañía local pueda seguir operando

os coletazos de la pandemia del Covid-19 en el sector de los hidrocarburos y los problemas operativos y financieros que sufría llevaron a la petrolera Roch al borde de la quiebra en el 2022.

La compañía, de capitales nacionales y propiedad del empresario Ricardo Chacra comenzó su camino hacia la reestructuración de su pasivo en septiembre del 2019, cuando sufrió problemas operativos que le impidieron seguir con sus actividades en la provincia de Tierra del Fuego.

En ese momento, se vio en la obligación de presentarse ante la justicia para abrir un proceso concursal tendiente a reestructurar su millonaria deuda por casi u$s30 millones con bancos y otros acreedores.

El complicado escenario se debió a la abrupta caída de la demanda y del precio del petróleo crudo en el mercado internacional durante el 2020 y a la imposibilidad de evacuar su producción por vía marítima o mediante transporte terrestre, como consecuencia de la pandemia y por la rotura de la monoboya de la Terminal de Cruz del Sur (en Tierra del Fuego), ocurrida en septiembre de 2019.

Con estos antecedentes, sus ejecutivos se presentaron el 30 de noviembre del 2020 ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 6, a cargo de la doctora Marta Cirulli, Secretaría 11 a cargo de Ernesto Tenutta. El magistrado abrió la causa «Roch SA s/concurso preventivo», dispuso la apertura concursal y procedió a designar en la Sindicatura al Estudio Julio D. Bello y Asociados.

La petolera de origen nacional se presentó en concurso preventivo de acreedores en el 2022 para reestructurar una deuda de u$s30 millones

De esta forma, la petrolera fue avanzando en un proceso de reestructuración de su deuda basado en tres objetivos: lograr un período de gracia que le permita recomponer su caja y balance; extender el plazo de pago y adecuar sus tasas de interés, sin pretender discutir el capital con sus acreedores.

Sin avances

El objetivo de la compañía era el de mantener los puestos de trabajo, continuar con la producción de sus activos y encontrar un acuerdo con los acreedores que pueda ser honrado, en medio de los problemas que siguen afectando al normal desarrollo de la producción hidrocarburífera; la falta de dólares y los cepos impuestos por el anterior gobierno kirchnerista.

Sin embargo, la falta de liquidez sigue afectando sus operaciones al punto que el juez de la causa habilitó a un grupo de acreedores a que pasen a controlar el flujo de fondos necesarios para el normal funcionamiento de Roch.

Lo hizo en el marco de la causa abierta en relación con las Obligaciones Negociables (ON) Clase 1 emitidas el 27 de julio de 2022 y el 5 de septiembre de 2023 por un valor u$s16.5 millones; la ON privada emitida el 27 de julio de 2022 por u$s3.4 millones y los acuerdos que la sociedad celebró con tres entidades financieras u$s3.8 millones; u$s1.4 millones y $502 millones.

Todos esos montos se encuentran garantizados por el contrato de fideicomiso firmado por Roch y un grupo de acreedores el 27 de julio de 2022 (enmendado el 22 de marzo de 2023) en el cual la petrolera es Fiduciante y el Banco de Valores, como fiduciario; Trafigura; y otros bancos como los de la Ciudad de Buenos Aires; Provincia de Tierra del Fuego y BMA S.A.U, como beneficiarios.

La compañía forma parte de una Unión Transitoria de Empresas que lleva invertidos u$s720 millones en Tierra del Fuego

Este fideicomiso se encuentra en el marco de la propuesta de acuerdo preventivo que fue homologada en los términos del artículo 52 de la Ley Nro. 24.522 de Concursos y Quiebras por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial No. 6.

Cautelar favorable

En este contexto, la petrolera informa a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que, en el marco de las negociaciones que está llevando adelante con sus acreedores financieros y considerando los riesgos que se presentan en dicho contexto, el 15 de febrero pasado, el Juzgado dictó una medida cautelar.

La decisión fue a pedido de la propia Roch y autoriza al Fiduciario, excepcionalmente, por única vez y por un plazo de 45 días, a en primer lugar, transferir a Roch el importe necesario para sostener su operación habitual y el pago de los cash calls mensuales obligatorios establecidos en el contrato de Unión Transitoria de Empresas Río Cullen, Las Violetas, La Angostura (Cuenca Austral – Provincia de Tierra del Fuego) del cual la petrolera forma parte.

También permite distribuir el remanente, en caso de existir, proporcionalmente entre los beneficiarios del Contrato de Fideicomiso en Garantía.

«Esta medida cautelar otorgará a la Sociedad un mayor plazo para continuar las negociaciones en las que se encuentra con sus acreedores financieros», dice el informe de Roch.

 Conformidad acreedora

La oferta de Roch para renegociar su endeudamiento obtuvo la conformidad del 100% del capital correspondiente a los acreedores quirografarios financieros, y del 80% de personas que representan el 83,98% del capital de acreedores quirografarios comunes.

De esta forma, quedó firme su propuesta de emitir varias series de Obligaciones Negociables (ON) como las de Clase 1, denominadas y pagaderas en dólares, a una tasa de interés fija del 6,50% nominal anual, por hasta u$s20 millones.

Esta propuesta se complementa con el lanzamiento de otras ON Clase 2, pero denominadas y pagaderas en pesos, a una tasa de interés variable nominal anual, por un valor nominal en pesos de hasta u$s4 millones.

Roch integra una UTE que invirtió en los últimos 15 años más de u$s270 millones en Tierra del Fuego, aunque también tiene proyectos exploratorios avanzados al sur de Mendoza.

Con el resto de la deuda, Roch informará la fecha de emisión y liquidación y la fecha de refinanciación, según corresponda; el monto a emitirse bajo las ON y el de los préstamos; el monto de intereses devengados e impagos a ser capitalizados bajo los financiamientos que fueron objeto de la propuesta, así como las fechas de pago de amortización de capital y las de pago intereses.

La compañía fue afectada por las consecuencias que la pandemia del Covid-19 generó en el negocio de los hidrocarburos

Fuerte crisis

La situación generó cambios en sus procedimientos que la llevaron a incrementar sus costos operativos y a restringir sus operaciones en un 30%.

De manera casi simultánea comenzó a ser afectada por el desplome del precio del petróleo a nivel internacional por las consecuencias en el sector de las medidas sanitarias tomadas para combatir el coronavirus, lo cual también redujo drásticamente la demanda.

Durante ese período, perdió el 90% de sus ingresos manteniendo solo la producción de gas, también afectada por magros precios, a los efectos de seguir abasteciendo a los clientes en Tierra del Fuego y el continente.

En este escenario, debió restringir sus operaciones en los yacimientos debido a la cuarentena estricta, lo cual la alejó de las proyecciones positivas que había anticipado en octubre del 2017 cuando descubrió un enorme pozo de petróleo en el área Angostura, sobre la formación Tobífera, que registró una producción inicial de 330 metros cúbicos diarios.

Auxilio fallido

Antes de presentarse a la Justicia, la compañía había intentado encarar un proceso de reestructuración privada de pasivos que quedó en la nada.

Con ese objetivo había contratado una consultora en finanzas, e inició negociaciones con proveedores para reducir los costos operativos y gestiones para la emisión de ON privadas y la celebración de un contrato de préstamo convertible en acciones.

Sin embargo, volvió a sufrir un nuevo problema que afectó su capacidad operativa en su principal yacimiento de Tierra del Fuego, lo cual le generó una merma importante en la producción de petróleo producto de un daño en la formación que impactó negativamente en su flujo de fondos y la imposibilidad de pago regular de sus pasivos financieros.