EMPRESAS
Soberanía: Premier Oil la socia de Harbour Energy fué sancionada en 2015 por actividades ilegales en Malvinas
La orden fue dictada por la jueza federal de Río Grande, Lilian Herraez en 2015, en base al pedido e identificación de bienes formulados por el fiscal Rapoport junto a la Unidad de Recupero de Activos de la Procuración General de la Nación. La medida incluía el secuestro de buques, de una plataforma semisumergible y de cuentas bancarias.
La jueza federal de Río Grande, Tierra del Fuego, Lilian Herraez, hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y ordenó embargos por más de 156 millones de dólares (en rigor, U$D 156.432.000) sobre los bienes y activos de las empresas británicas y estadounidenses denunciadas por la exploración y explotación ilegal de hidrocarburos en la plataforma continental argentina de las Islas Malvinas.
Los fiscales remarcaron en su presentación que deben investigarse violaciones a los tipos penales previstos en el artículo 7 de la ley 26659, de exploración y explotación de hidrocarburos de la Plataforma Continental Argentina, que prevé hasta quince años de prisión y el doble del tiempo de la condena para ejercer el comercio, como también el decomiso de los bienes vinculados -cuestión impulsada por los fiscales en carácter de medida cautelar-, a quien incurra en la exploración y extracción de hidrocarburos sin autorización en esa zona. Y recordaron que la ley prevé que «la pena de prisión se aplicará a los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o autorizados que hubiesen intervenido en el hecho punible».
Además, la magistrada ordenó el cese inmediato de la exploración y explotación en territorio argentino, lo que se había solicitado en el requerimiento de instrucción debido a los graves e irreparables daños ambientales producidos por las actividades petroleras ilícitas.
La causa en la que se adoptó la medida fue iniciada con el requerimiento del fiscal federal de Río Grande, Marcelo Rapoport, el fiscal general coordinador de distrito de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Adrián García Lois, y del fiscal general a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, quienes el 21 de abril pasado imputaron penalmente a las empresas transnacionales Falkand Oil and Gas Limited (FOGL), Edison International SPA, Noble Energy Inc. y su filial Noble Energy Falkland Limited, Premier Oil plc y Rockhopper Exploration plc por la presunta comisión de «actividades ilícitas de exploración, búsqueda y eventual extracción de hidrocarburos en proximidades a las Islas Malvinas», dado que no cuentan «con autorización, concesión o permiso alguno otorgado por la autoridad competente argentina».
Las medidas cautelares sobre bienes de las empresas imputadas que finalmente dispuso la magistrada fueron precisadas el 1° de junio por el fiscal del caso, Marcelo Rapoport, junto con María del Carmen Chena, titular de la -recientemente creada- Unidad de Recupero de Activos (URA) de la Procuración General de la Nación, que se encuentra colaborando en la causa para asegurar y decomisar los activos ilícitos involucrados. En el marco de este trabajo, requirieron las medidas para asegurar las multas previstas en la legislación argentina, a cuyo fin identificaron los activos de las empresas en el exterior y descubrieron que una de las principales imputadas, la firma estadounidense Noble Energy, registra una sucursal local en la Argentina, por lo que impulsaron el embargo de sus bienes.
La fiscalía y la URA solicitaron el secuestro y embargo preventivo de cinco buques, una plataforma de perforación semisumergible y un dique flotante utilizados para realizar las actividades ilegales de exploración y explotación, además de cuentas bancarias de las empresas imputadas, entre otras medidas.
Por otra parte, demostraron que con motivo del anuncio de hallazgo de petróleo y gas en las Islas Malvinas realizado por la empresa FOGL el 2 de abril de 2015 pasado, ésta obtuvo una importante ganancia ilícita.
En efecto, el día del anuncio, el valor de las acciones de la firma en el Mercado Alternativo Bursátil de Londres (AIM) aumentó más del 34 por ciento y el volumen de transacciones negociadas más de 400 por ciento, alcanzando los mayores valores históricos de los últimos años.
Por ello, los representantes del Ministerio Público Fiscal solicitaron el embargo preventivo de tales ganancias, identificando a ese efecto las cuentas de FOGL en el extranjero. Finalmente, pidieron a la jueza que la existencia de la causa se pusiera en conocimiento de los organismos de control bursátil de Estados Unidos (SEC, NYSE y NASDAQ), Londres (LSE y AIM), Oslo e Italia para resguardar a los inversores de las empresas que cotizan en esas plazas.
La orden judicial fué notificada a la Cancillería para que, por vía diplomática y en cumplimiento de los pactos de cooperación internacional en materia judicial, sea derivada para su ejecución ante los tribunales de cada país donde se encuentren radicados los activos identificados.
Asimismo, la jueza autorizó al Ministerio Público Fiscal a realizar medidas tendientes a poner en conocimiento de lo decidido a los organismos internacionales correspondientes para hacer efectiva algunas de estas medidas, entre otras destinadas al embargo de bienes, cuentas bancarias y acciones de estas compañías, mediante la articulación de mecanismos internacionales.
La Unidad de Recupero de Activos de la PGN que presta asistencia en esta causa fue creada en el ámbito de la Procuración General de la Nación para asistir a los fiscales en el desarrollo de una política activa orientada a detectar, cautelar, identificar y decomisar bienes y fondos provenientes de los delitos, especialmente aquellos vinculados con la criminalidad económica compleja y el crimen organizado.
Lo llamativo y sorprendente que a desde aquella oportunidad hasta la fecha, la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, no haya «Blindado» legalmente la prohibición de las actividades de empresas británicas cerca del territorio usurpado en el atlántico Sur, como administradora de los recursos existentes bajo su jurisdicción y se permitan actividades de empresas judicializadas.
