La pelea entre Mirgor y Newsan le dejó un alto costo fiscal a Gustavo Melella en Tierra del Fuego.

Nicolás Caputo y Cherñajovsky tironearon de la lapicera para imponer condiciones. El pedido del gobernador. Críticas opositoras por la presión empresarial.

Las diferencias entre Mirgor y Newsan, las principales empresas electrónicas de Tierra del Fuego, llegaron hasta la Legislatura provincial, que se vio obligada a retrotraer el cobro de la Tasa de Verificación de Procesos Productivos (TVPP). Ocurrió tras la intervención del gobernador Gustavo Melella, preocupado por el agujero fiscal de 7.000 millones de pesos que provocó la pelea entre los dos gigantes.

En la última sesión ordinaria y después de meses de tire y afloje, el parlamento fueguino aprobó por 12 votos contra dos la modificación de las alícuotas que abonan a la provincia las compañías industriales en base a su producción mensual.

Con la nueva modificación de la Ley 440, la alícuota vuelve a ser de 1,8% para las actividades electrónicas y afines, actividades plásticas, actividades textiles y confeccionistas; 1% para las actividades de producción de agroquímicos y actividades pesquera y de procesamiento; y 0,25% para las autopartes, notebooks y netbooks.

Estas empresas están amparadas bajo la Ley 19.640, conocida como “subrégimen de promoción industrial”, que fue puesta en discusión, una vez más, en el marco del debate del proyecto de ley ómnibus de Javier Milei y descartada de toda modificación por intervención de la representación legislativa fueguina.

Tierra del Fuego, la historia de una pelea

La polémica por la TVPP que abonan las industrias nació a mediados de 2022, cuando el gobierno provincial eliminó la posibilidad de reducir la alícuota por inversiones y la incrementó de 1,5 a 1,8%.

Luego, en septiembre de 2023, se duplicaron las alícuotas. Las electrónicas pasaron a tributar el 3,6% por el término de tres meses: octubre, noviembre y diciembre.

Las empresas abonaron los períodos mencionados con la alícuota del 3,6%, pero modificaron la forma de calcular la base imponible. En consecuencia, pagaron menos de la mitad de lo que venían tributando, lo que produjo una disminución significativa de la recaudación. Fue el efecto inverso al objetivo de la gestión Melella, que buscaba duplicar los ingresos.

Según pudo saber Letra P, el gambito de las empresas le significó al Estado fueguino un perjuicio de 7.000 millones de pesos, una suma sensible en tiempos de crisis y recortes de fondos por parte del Gobierno.

Además, la Unión Industrial Fueguina y una compañía pesquera presentaron demandas de inconstitucionalidad contra la determinación de la tasa. Por eso, para evitar que la Justicia se expidiera sobre este asunto y a fin de evitar un agujero mayor en las cuentas provinciales, Melella desistió en la pelea con las industriales y firmó un acuerdo.

La condición de Gustavo Melella

El acuerdo, sin embargo, no fue tan pacífico porque según pudo saber este medio la pelea no sólo se da entre privados y el Estado, sino que también involucra la puja entre Mirgor y Newsan.

Mirgor produce componentes electrónicos, móviles y de automoción y exporta productos agrícolas. Identificada desde siempre con Nicolás Caputo, uno de sus fundadores, el primo del ministro de Economía, Toto Caputo, y hermano del alma de Mauricio Macri sólo es dueño oficialmente de un 12,5% de la compañía, que cotiza en el mercado de capitales un 30% de sus acciones y tiene otro 20% en manos de la ANSES a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).

Newsan es propiedad de Rubén Cherñajovsky. Se dedica principalmente a la fabricación, comercialización y distribución de electrónica de consumo y artículos para el hogar. En la pelea de gigantes, tiene mayor peso que Mirgor en la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte), la cámara que nuclea a las industrias.

Entre marzo y junio de este año, ambas empresas se disputaron la lapicera para escribir la letra chica del acuerdo y establecer las condiciones y, sobre todo, los montos de la TVPP. Uno de los puntos clave de la redacción impuso una reducción de la alícuota de facto. “La realización de inversiones productivas, por sí o a través de una empresa vinculada, permitirá a los contribuyentes gozar de un régimen de reducción de la Tasa de Verificación de Procesos Productivos en un diez por ciento (10%) de la alícuota particular de cada actividad productiva durante 2024 y 2025 y del veinte por ciento (20%) de la alícuota particular de cada actividad productiva por los períodos 2026 y 2027”, reza el texto.

¿Cuál fue la condición que puso la provincia para avalar toda la movida? Les pidió a las empresas que retiren las presentaciones judiciales y abonen los 7.000 millones de pesos adeudados al menos en seis cómodas cuotas.

Cómo fue la votación

Con algunas críticas de parte de la oposición, la Legislatura refrendó el acuerdo entre la provincia y las industrias con 12 de votos a favor. Los únicos dos en contra fueron de los legisladores Pablo Villegas (MOPOF) y Jorge Lechman (Somos Fueguinos).

Entre sus argumentos, Villegas rechazó la presión que ejercieron los “grupos de poder de fuerte concentración económica” que “nos están haciendo firmar un convenio y sancionar una ley en las condiciones que ellos están estableciendo”.

“Por qué le vamos a reconocer esto a los industriales que nos piden defender el subrégimen y en este convenio no se hace mención a la protección de los puestos de trabajo. Tenemos 4.000 empleados menos y les estamos dando descuentos. ¿A cambio de qué? ¿Inversiones productivas en empresas vinculadas? Cuáles son las empresas vinculadas. Nadie sabe nada. Los poderes fácticos nos están marcando la cancha”, apuntó el legislador mopofista.

Por otro lado, el empresario pesquero Lechman se opuso al proyecto debido a la falta de consideración de ese sector en el mismo convenio.

Fuente: Letra P

Por: bocadepozo