EMPRESAS
Tierra del Fuego: La doble vara del gobierno entre el Repliegue de Roch y la Salida de YPF
El mapa hidrocarburífero de Tierra del Fuego atraviesa una reconfiguración que trasciende lo técnico para instalarse en una preocupante discrecionalidad política. La Cuenca Austral, pilar estratégico del gas y el crudo insular, asiste hoy a un doble estándar administrativo: mientras el Gobierno Provincial despliega una alfombra roja para la retirada de YPF —bajo el paraguas del «Plan Andes»—, ejecuta una ofensiva regulatoria asimétrica contra la operadora privada Roch S.A.
El Ministerio de Energía a cargo de Gabriela Castillo, rechazó el recurso de reconsideración presentado por Roch S.A. y ratificó la suspensión del trámite de reversión parcial de las áreas hidrocarburíferas CA-12 “Río Cullen”, CA-13 “Las Violetas” y CA-14 “Angostura”.
La decisión quedó formalizada mediante la Resolución M. Energía N° 53/26, firmada el 20 de abril de 2026, en la que además se reiteró que la unión transitoria de empresas continúa siendo plenamente responsable de la totalidad de las superficies concesionadas hasta tanto exista una aceptación expresa de la reversión por parte del Estado provincial.
El recurso había sido presentado por Roch S.A. en representación de la UTE integrada junto a Petrolera El Trébol S.A., Desarrollos Petroleros y Ganaderos S.A., Crown Point Energía S.A., St. Patrick Oil & Gas S.A. y Secra S.A., luego de que el Gobierno rechazara inicialmente el pedido de devolución parcial de áreas mediante la Resolución M. Energía N° 43/26.
Según el Gobierno fueguino, el pedido empresarial no respondía al agotamiento natural de los yacimientos sino a una “estrategia de desinversión selectiva sostenida durante los últimos cinco años”.
Las autoridades provinciales advirtieron además que una devolución parcial sin garantías suficientes podría trasladar al Estado costos futuros vinculados a remediación ambiental y abandono de infraestructura petrolera.
Desde la empresa, en cambio, se sostuvo que la reversión parcial constituye un derecho propio de la concesionaria y que sus obligaciones contractuales se encontraban regularizadas. También notificó que comenzaría a liquidar el canon únicamente sobre la superficie que conservaría bajo explotación.
El pedido original de reversión había sido presentado a fines de 2025 por la UTE Río Cullen, Las Violetas y Angostura. La solicitud contemplaba devolver más de la mitad de las superficies concesionadas en dos de las tres áreas.
Esta disparidad de criterios no solo define el futuro económico de la provincia, sino que revela cómo la narrativa de la «soberanía energética» es utilizada para encubrir una transición traumática que ya está dejando un saldo de despidos y falta de inversión.
La administración de Gustavo Melella ha demostrado una doble vara administrativa notable. Por un lado, facilita el traspaso de activos de la petrolera estatal hacia la novel Terra Ignis y su socia cordobesa Velitec S.A. Por el otro, impone un cerrojo administrativo a Roch S.A., ignorando sus pedidos de prórroga y sus planes de optimización. Esta tensión evidencia que la soberanía declamada parece tener un sesgo selectivo: es absoluta para los amigos del poder y asfixiante para quienes, tras 35 años en la isla, no encajan en la nueva arquitectura de negocios del Estado.
El Cruce de Versiones: «Negociaciones Avanzadas» vs. «Silencio Administrativo»
La operatividad de Roch ha quedado atrapada en un peligroso vacío informativo que erosiona la seguridad jurídica del sector. Mientras el Directorio de la compañía intenta proyectar una imagen de diálogo constructivo, el Ministerio de Energía ha optado por el desconocimiento público de su interlocutor, creando una parálisis que solo beneficia el avance del control estatal sobre las áreas.
La discrepancia es total y se manifiesta en este choque de posturas:
La versión de Roch (Ricardo Chacra): El fundador de la operadora sostiene que el pedido de prórroga fue presentado formalmente en 2023 y que las negociaciones están «avanzadas». Incluso, Chacra ha manifestado públicamente su interés en asociarse con Terra Ignis para operar las áreas que YPF deja vacantes, aportando el know-how acumulado en la zona.
La desmentida oficial (Ministra Gabriela Castillo): La funcionaria ha sido letal en sus declaraciones: “No sé con qué gobierno hablan”. Castillo asegura que desde febrero de 2023, cuando se fijaron los requisitos para la extensión de la concesión que vence en agosto de 2026, la empresa no ha vuelto a realizar presentaciones formales.
La «Politización» del Control Técnico: Mientras el Gobierno exige rigor técnico, el Ministerio de Energía ha convertido la gestión hidrocarburífera en un botín de premios políticos.
El nombramiento de un abogado —sin formación específica en el área— como Director General de Exploración es la prueba más fehaciente de que la «soberanía» es, en realidad, una estructura de premios y castigos.
Esta incomunicación institucional no es casual; funciona como el preludio para utilizar la debilidad financiera de la empresa como el golpe de gracia final.
El Factor Financiero: Deudas de Canon y Calificaciones en Declive
Bajo el marco de la Ley de Hidrocarburos, la solvencia es la llave que abre la puerta a cualquier extensión de concesión. Para el Ejecutivo fueguino, la irregularidad en los pagos de canon y regalías por parte de Roch funciona como el argumento legal perfecto para negar la prórroga. Sin embargo, la fragilidad de Roch no es un fenómeno reciente, sino una fatiga estructural que el Gobierno ignoró hasta que fue políticamente conveniente señalarla.
La Disputa por la Reversión: Estrategia de Optimización vs. Desinversión Selectiva
El conflicto ha escalado al terreno de la superficie operativa. Roch pretende una «reversión parcial», devolviendo áreas marginales para concentrar sus escasos recursos en los reservorios más productivos del norte de la isla. Para la industria, es optimización; para el Gobierno, es una «estrategia de desinversión selectiva» con Roch obviamente porque con YPF la situación es completamente complaciente.
Las áreas en disputa y las superficies que Roch intenta soltar son:
- CA-12 Río Cullen: Pretende restituir 210,3 km² de un total de 353,8 km².
- CA-13 Las Violetas: Solicitó devolver 536,28 km² sobre 1.210,57 km².
- CA-14 Angostura: La propuesta de devolución es de 228,9 km² sobre 417,6 km².
El Ejecutivo califica esta maniobra como un intento unilateral de desprenderse de obligaciones. Lo que no se dice es que la provincia mantiene a Roch «atrapada» en áreas que ya no puede operar, forzando un desangre financiero que acelera su colapso. Este rigorismo contrasta con la celeridad con la que se facilitó la salida de YPF para que Terra Ignis y Velitec S.A. asuman el control, demostrando que la reversión es un trámite ágil solo cuando el nuevo operador es el «elegido».
El Legado Ambiental: La Responsabilidad Integral como Herramienta de Presión
La estocada final llega a través de la Resolución 53/26, que ratifica la suspensión de los trámites de reversión de Roch. El Estado ha blindado su posición exigiendo informes de pasivos y auditorías de integridad mecánica antes de aceptar un solo metro cuadrado de regreso y aquí encontramos una nueva contradicción ya que nadie sabe a ciencia cieta donde se encuantran los mismos requisitos que se le exigen a Roch por parte de YPF.
El Gobierno sostiene que la responsabilidad de Roch es integral e incluye pozos preexistentes, incluso aquellos perforados hace décadas por otros operadores. Esta exigencia de «indemnidad patrimonial» funciona como una trampa legal: Roch no puede irse sin remediar pasivos heredados, pero no tiene el flujo financiero para hacerlo porque el Gobierno le niega la extensión de la concesión que le permitiría generar fondos.
La hipocresía política es evidente: para el traspaso de YPF hacia Terra Ignis y Velitec, el discurso oficial minimiza los pasivos ambientales históricos. En ese caso, la prioridad es la «soberanía» y una «continuidad laboral» que, en la práctica, ya se ha roto con despidos de personal y contratistas petroleras reportados en el marco del Plan Andes.
La Encrucijada de la Cuenca Austral
Tierra del Fuego enfrenta una tormenta perfecta que pone en riesgo su producción de gas y petróleo a largo plazo. El «costo isla» es una realidad brutal: mientras en el continente el crudo se vende cerca del Brent, en la isla se liquida con un descuento de hasta USD 28, agravado por la decisión de YPF de dejar de operar la Terminal Cruz del Sur en 2022, obligando a logísticas de camiones hacia Chile o la terminal de Total.
El modelo de Terra Ignis, lejos de ser un ejemplo de autonomía, nace con pies de barro. El ingreso de la cordobesa Velitec S.A. y el interés confirmado de la china SINOPEC como socia estratégica de la estatal provincial, desmoronan el relato de la soberanía local. Es, en rigor, un cambio de dueños: se expulsa al capital privado con historial técnico para dar paso a una alianza entre una empresa de servicios del centro del país y el gigante asiático.
Tras 35 años de operación de Roch, el riesgo es que el conocimiento técnico sea sacrificado en el altar de la política de corto plazo. Si el esquema de Terra Ignis falla, la provincia se quedará administrando una cuenca en declive, con trabajadores en la calle y un pasivo ambiental millonario que el Estado, tarde o temprano, deberá pagar con el dinero de todos los fueguinos.
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