“Soberanía en venta: el Gobierno de Milei abre las aguas argentinas al espionaje geoestratégico de Estados Unidos”

El buque oceanográfico estadounidense en aguas argentinas: cooperación científica o penetración estratégica?

El Gobierno argentino aprobó recientemente un pedido formal para autorizar al buque oceanográfico R/V Roger Revelle —propiedad de la Armada de los Estados Unidos y operado en conjunto con agencias como la NOAA y la National Science Foundation— a realizar estudios hidrográficos en aguas soberanas del Atlántico Sur, junto al Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP). La misión, prevista entre el 5 y el 30 de marzo de 2026, se enmarca oficialmente como parte de un programa internacional de monitoreo climático, pero levanta serias dudas sobre soberanía, seguridad y geopolítica, que ya merecen un debate público profundo.

Según la documentación oficial, y a pesar de que el Consejo Federal Pesquero no objetó la operación, el análisis subyacente de los datos recolectados debiera tener prioridades estratégicas exclusivas de Argentina antes de su difusión internacional. El gobierno impuso requisitos para que los datos sean compartidos primero con la Argentina antes de su publicación, pero la sola autorización de un buque militar extranjero a operar en zonas de soberanía plantea un riesgo serio.

¿Cooperación científica legítima o cobertura para inteligencia estratégica?

Desde su discurso oficial, la colaboración con la comunidad científica internacional se presenta como algo benigno y necesario para comprender fenómenos ambientales. Sin embargo, expertos en geopolítica y seguridad naval han señalado que parámetros como batimetría, temperatura del agua, salinidad y perfiles acústicos no son meramente datos climáticos: son información sensible con aplicación directa en operaciones de guerra antisubmarina y geolocalización táctica. Conocer con precisión cómo se propaga el sonido bajo el agua, dónde están las “zonas de sombra” o qué configuraciones tiene el fondo marino fue fundamental, por ejemplo, en búsquedas como la del ARA San Juan —pero también es clave para el posicionamiento de submarinos y otras capacidades militares.

Como mencionó un oficial naval veterano en relación a las capacidades de sondeo de este tipo de buques, estos parámetros “hacen a la guerra antisubmarina”, permitiendo establecer las zonas donde submarinos pueden ocultarse o ser detectados.

Esto pone a la Argentina en una posición delicada: entregar datos estratégicos del Atlántico Sur —que históricamente ha sido campo de tensiones y conflictos por soberanía, especialmente en torno a Malvinas— sin un control operacional robusto y mecanismos reales de contrainteligencia, es abrir la puerta a intereses geoestratégicos externos bajo la apariencia de cooperación científica.

Antecedentes de militarización encubierta y alineamientos estratégicos

Esta decisión no ocurre en un vacío. Desde 2024, la administración de Javier Milei ha impulsado y participado en ejercicios militares conjuntos con la US Navy, incluyendo prácticas con el portaaviones nuclear USS George Washington, lo que plantea interrogantes sobre el alcance y los términos de estas relaciones en aguas jurisdiccionales argentinas.

Además, en el marco de actividades como el ejercicio Southern Seas 2024, buques estadounidenses operaron junto a la Armada Argentina, donde se destacó la importancia del alineamiento militar bilateral.

Este enfoque ha ido acompañado de decisiones que parecen priorizar la integración con estructuras militares extranjeras por sobre el reforzamiento de la soberanía marítima argentina, un aspecto que constituye uno de los pilares de la política exterior desde la recuperación de la democracia y que fue central en la doctrina de la Zona de Cooperación y Paz en el Atlántico Sur, impulsada por la ONU para desalentar la presencia militar externa en la región.

Los riesgos y la ausencia de contrainteligencia

Más inquietante aún es que, según expertos que dialogaron con medios como Ámbito, la normativa vigente argentina impide que las Fuerzas Armadas desarrollen actividades de contrainteligencia desde 2006, por una resolución que fue repuesta tras su derogación fallida, lo que deja al país sin herramientas claras para proteger la información sensible que se genere o comparta en estas operaciones.

Si no se cuenta con una estructura robusta de contrainteligencia que pueda evaluar, resguardar y limitar la difusión de datos de alto valor estratégico, la colaboración con potencias extranjeras se vuelve, en la práctica, una forma de transferencia de capacidades de inteligencia geoestratégica ajenas, con impactos impredecibles para la seguridad argentina.

Soberanía relegada ante intereses extranjeros

🔹 Reduce la autonomía operativa argentina sobre su plataforma continental;
🔹 Permite que capacidades técnicas de uso dual (civil y militar) se obtengan en territorio sobrio argentino;
🔹 Se da en el contexto de alianzas estratégicas con Estados Unidos y la OTAN en la región;
🔹 Excluye mecanismos sólidos de contrainteligencia para proteger los datos generados.

Este no es un debate sobre ciencia o tecnología; es un debate sobre soberanía nacional, control territorial y el uso de recursos estratégicos en un escenario de competencia global por el Atlántico Sur.

La autorización del R/V Roger Revelle para operar en aguas argentinas no puede interpretarse como una simple investigación ambiental inocua. El contexto geopolítico, el uso potencial de información militarmente sensible, la falta de mecanismos sólidos de protección de datos y la creciente presencia de estructuras militares extranjeras en la región configuran una situación en la que la soberanía argentina está siendo puesta a prueba y desplazada por decisiones políticas de corto plazo.

Este gobierno —que presume de independencia e insertarse como un “aliado confiable” de potencias externas— está diluyendo gradualmente la capacidad operativa propia sobre territorios marítimos de interés estratégico, incluso en un área donde la historia y la seguridad nacional argentina tienen un peso incuestionable.

La ciencia es una herramienta valiosa, pero no puede servir de pantalla para la penetración de intereses geoestratégicos ajenos en nuestro Atlántico Sur.

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