Tierra del Fuego: Siguen las declaraciones desafortunadas, «Operarán la planta quienes no aprueben acuerdo con YPF» Amenazó Melella

En un giro de alta tensión política y declaraciones desafortunadas esta vez fué el turno, del gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, que advirtió a los legisladores provinciales que si rechazan el acuerdo para la cesión de las concesiones de YPF a la empresa Terra Ignis Energía S.A., los parlamentarios tendrían que ir personalmente a operar la Planta San Sebastián. Esta instalación es un eslabón vital para el suministro energético de la provincia.

La declaración, realizada durante la inauguración del Paseo del Muelle en Río Grande, profundiza una crisis institucional y energética, marcando una línea dura de presión sobre el poder legislativo. La estrategia gubernamental se basa en presentar la aceptación del acuerdo como la «única opción» viable ante la retirada de YPF, un argumento que expertos califican como un falso dilema que socava la discusión democrática y el debido control legislativo.

La Amenaza y su Trascendencia Estratégica

Las palabras del gobernador fueron directas y públicas: «A la planta San Sebastián la van a tener que operar los Legisladores que no quieran aprobar el acuerdo con YPF». Esta frase no es una metáfora casual; es una amenaza que apunta al corazón de la seguridad energética fueguina.

La Planta San Sebastián no es una instalación más, actúa como cabecera de suministro del Sistema San Martín, el gasoducto troncal que abastece a la provincia y permite la inyección de gas al Sistema Interconectado Nacional. Su operación es técnica, compleja y crítica. Un paro o una gestión inadecuada en esta planta tendría consecuencias inmediatas: cortes en el suministro de gas a hogares y empresas, y potenciales apagones eléctricos, dada la dependencia de las centrales térmicas locales del gas natural.

«Es gravísimo», analiza un experto en regulación energética que prefirió mantener su identidad en reserva. «El gobernador está utilizando la infraestructura pública esencial como moneda de cambio político. No se trata de advertir sobre un problema técnico, sino de coaccionar al poder legislativo para que renuncie a su función de control sobre un acuerdo millonario que transfiere recursos naturales públicos».

El «Muerto» de YPF: De la Ministra al Gobernador

La advertencia de Melella no es un hecho aislado, sino la culminación de una narrativa oficial construida durante semanas. A principios de mes, la ministra de Obras públicas a cargo de Energía, Gabriela Castillo, ya había utilizado un lenguaje alarmista en referencia al mismo tema, afirmando que «si YPF se va nos deja el muerto».

Esta frase, ahora resonada y amplificada por el propio gobernador, configura un relato de crisis inminente e inevitable. El mensaje es claro y binario: «O aprueban el acuerdo que presentamos, o se quedan sin energía y sin trabajo». Este discurso, según analistas consultados, busca generar pánico social y legislativo para desactivar cualquier objeción técnica o legal que se haya planteado en torno al contrato con Terra Ignis Energía S.A.

El Acuerdo en la Mira: ¿Por Qué Tanta Presión?

La presión extrema ejercida por el Poder Ejecutivo revela la enorme sensibilidad del acuerdo que está sobre la mesa. Como documentaron informes técnicos exclusivos, el proyecto autoriza la cesión de las áreas «Lago Fuego», «Los Chorrillos» y «Tierra del Fuego» a Terra Ignis, una empresa sin historial operativo público en la cuenca, junto con una prórroga de concesión por 10 años y beneficios fiscales extraordinarios (regalías reducidas al 12% y exenciones totales por tres años).

La legislatura fueguina, ante la falta de información técnica, ambiental y financiera, se encuentra en una posición crítica. Varios legisladores han expresado su preocupación por la falta de documentación sobre Terra Ignis, la ausencia de un plan de inversiones detallado y la renuncia a reclamos futuros contra YPF. La amenaza de Melella busca, precisamente, cortar ese debate.

Una Línea Roja Institucional Cruzada

Más allá de la coyuntura energética, constitucionalistas consultados señalan que las declaraciones del gobernador cruzan una línea roja institucional. El Poder Ejecutivo no puede, mediante amenazas veladas o explícitas, condicionar el ejercicio independiente del Poder Legislativo. La Constitución Provincial establece claramente las funciones de cada poder, y la deliberación legislativa libre es un pilar de la democracia.

«Lo que está ocurriendo es una extorsión política encubierta», afirma una fuente legislativa de la oposición. «En lugar de responder a nuestras legítimas preguntas sobre el contrato, nos dicen que si preguntamos, se va la luz. Es una actitud profundamente autoritaria y contraria al Estado de Derecho».

¿Aceptar el «Muerto» o Defender la Institucionalidad?

La provincia se encuentra ante una encrucijada histórica. De un lado, la presión del gobierno que, en alineación con el discurso nacional, ofrece un camino único presentado como de «salvación». Del otro, la responsabilidad de los legisladores de fiscalizar un acuerdo que compromete el patrimonio energético provincial por una década.

La pregunta que hoy recorre los pasillos de la Legislatura en Ushuaia no es técnica, sino política y ética: ¿Se doblega la institución ante la amenaza de una crisis, o defiende su rol constitucional aun en medio de la presión?

La respuesta que den los parlamentarios en los próximos días definirá no solo el futuro energético de Tierra del Fuego, sino también la solidez de sus instituciones democráticas. Como concluyó un analista político local: «Melella les está pidiendo que elijan entre el miedo y el deber. Esperemos que elijan el deber».

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