Discrepancias entre la DPE y el Ministerio de Energía demora transferencia de $ 2.600 millones

La ministra Gabriela Castillo solicitó a la Dirección Provincial de Energía (DPE) una transferencia por $2.600 millones para cubrir gastos que no pudieron ser afrontados con los fondos del Fondo de Ampliación de la Matriz Productiva (FAMP). Cabe recordar que días atrás el Gobierno informó que desde el FAMP ya se habían girado $4.500 millones para tareas de mantenimiento y mejoras del parque energético de Ushuaia, pero que las variaciones del tipo de cambio impidieron cubrir la totalidad de los costos.

Los fondos complementarán los $ 4.500 millones del FAMP para el mantenimiento del parque energético de Ushuaia. Por informes de la auditoría interna y contaduría de la DPE solicitaron la intervención del Tribunal de Cuentas.

Ante este pedido, el Departamento Contable de la DPE recomendó al presidente del organismo requerir documentación que justifique el destino de los fondos, subrayando además que aún sigue pendiente la rendición de una transferencia por $1.800 millones realizada a fines de 2024.

El Servicio Jurídico Permanente de la DPE emitió el Dictamen Legal N° 76/25, en el que concluye que la transferencia solicitada “no encuentra sustento legal”. El documento señala que “se estarían transfiriendo fondos propios de la DPE sin respaldo documental que vincule los gastos con los fines del organismo”, lo que implicaría “una afectación indebida del patrimonio” de la entidad. Además, se advierte que no existe en el expediente documentación formal —como contrataciones, resoluciones o convenios— que respalde las erogaciones planteadas, vulnerando el principio de legalidad del gasto público (Ley 495). El dictamen advierte también sobre la eventual responsabilidad personal del presidente de la DPE, en caso de autorizar la transferencia sin las garantías de reintegro exigidas.

El área legal recomendó a la Presidencia requerir al Ejecutivo documentación adicional, incluyendo los expedientes administrativos de contrataciones, el acto que autorice la transferencia y su carácter reintegrable, así como un convenio interadministrativo que establezca plazos y rendiciones.

A su vez, la Auditoría Interna de la DPE intervino en el expediente reiterando la necesidad de contar con toda la documentación respaldatoria, especialmente la rendición de los $1.585 millones previamente transferidos. También hizo propias las advertencias de los departamentos Contable y de Planificación y Costos sobre el impacto financiero de una eventual modificación presupuestaria. En línea con el dictamen legal DPE 78/25, la Auditoría pidió que se remitan las actuaciones al Tribunal de Cuentas de la Provincia “a consulta o intervención previa”, teniendo en cuenta la magnitud de la suma requerida y las resoluciones previas del organismo, como la Resolución Plenaria TCP 118/24.

Frente a este escenario, el presidente de la DPE, Pedro Villarreal, solicitó formalmente asesoramiento al Tribunal de Cuentas. El 4 de junio, este organismo emitió la Resolución Plenaria N° 74/2025, en la que recomendó extremar las precauciones legales y recordó al titular de la DPE que su función es “cumplir y hacer cumplir” la ley. En ese sentido, advirtió que si los fondos solicitados no se destinan a los fines específicos previstos, se estaría violando el artículo 6 de la Ley Territorial N° 117, que establece: “El patrimonio de la Dirección Territorial de Energía no podrá ser destinado a otros fines distintos a los señalados por la presente Ley.”

El Tribunal anticipó que, de detectarse irregularidades, podría iniciar un proceso de responsabilidad y enjuiciamiento contra los funcionarios involucrados.

Fuente: Noticia de Tapa –

Por: bocadepozo