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Ley ómnibus: Desaparece el «Programa hogar», sin subsidios una garrafa de 10 kg costará $19.700 por «export parity».
La supresión de subsidios no solo impacta al Régimen de Zona Fría, sino que también podría tener consecuencias críticas para los usuarios más vulnerables de gas natural, específicamente aquellos que carecen de acceso a redes y dependen del uso de garrafas de Gas Licuado de Petróleo (GLP).
Este medio ha venido advirtiendo de manera constante sobre las graves consecuencias que podrían surgir a raíz de la eliminación de fondos fiduciarios que respaldan programas esenciales, como los destinados al suministro de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en la región de Tierra del Fuego durante la temporada invernal.
Los vecinos, ya de por sí marginados, por no contar con las redes de gas natural por redes podrían enfrentar dificultades adicionales debido a la eliminación de estos beneficios, afectando negativamente su capacidad para acceder a un recurso esencial como el gas para satisfacer sus necesidades diarias.
La Propuesta de Ley de ‘Bases’ contempla la revisión de los subsidios destinados a varias áreas, entre las cuales se incluyen:
- La evaluación del Programa Hogar (PH) en relación con las garrafas.
- La reconsideración de la tarifa del gas propano distribuido por redes.
- La actualización de los precios máximos en la cadena de distribución del Gas Licuado de Petróleo (GLP).
El llamado Programa Hogar alcanza al 80% del precio de la garrafa de 10 Kg, y varía según la zona geográfica, estación del año y cantidad de integrantes de la vivienda. Se aplica a hogares sin acceso a red con ingresos menores a 2 salarios mínimos (2,80 en Patagonia y 3 si hay personas c/certif. discapacidad).
El subsidio es directo, se cobra vía transferencia de ANSeS y en la provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur, el programa se complementa con aportes del Estado para suministro de cilindros de 45 kg y a granel respectivamente. Ej.: alcanza al equivalente a un promedio de 2 envases en verano y 4 en invierno (9 en SC y TDF) para hogares de 4 integrantes.
Según carta enviada a los actores de la cadena de producción y comercialización, el Gobierno está pronto a autorizar una suba de los “precios máximos de referencia” en los tres eslabones: producción (+140%), fraccionamiento y distribución (+120%).
Aumento de precios del GLP
Pedro Cascales, presidente de Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado (CEGLA), aseguró que las medidas del nuevo gobierno van en el sentido correcto, aunque aclaró que “aún en muchos casos estamos por debajo del punto de equilibrio, dado que los costos de logística de los combustibles se ha incrementado, y siendo que la principal fuente de producción del sector se encuentra en Bahía Blanca, eso impacta directamente en el costo operativo de las empresas”.
La Secretaría de Energía ya aplicó los aumentos para el sector, pero aún resta que salga la resolución para que entren en vigencia.
En los últimos años la situación del sector de GLP venía siendo muy complicada con pérdidas operativas significativas.
“Este nuevo gobierno lo que hizo fue autorizar aumentos en la industria de los hidrocarburos del orden del 120% en cada una de las etapas, producción, fraccionamiento y distribución”, explicó el directivo de CEGLA.
Y sostuvo que los aumentos están en línea con el resto de los combustibles líquidos. “Históricamente un kilo de gas equivalía al valor de un litro de nafta. Todavía no llegamos a ese punto, pero vamos por el sendero correcto. El escenario que vemos hacia adelante es positivo”, añadió.
Para Cascales las nuevas medidas de la administración de Javier Milei se adecuan a lo que marca la legislación vigente.
“La ley 26020 que tige toda la actividad prevé claramente que la autoridad de aplicación, es decir la Secretaría de Energía, tiene que autorizar periódicamente los precios de referencia para poder cubrir los costos eficientes y garantizar una razonable rentabilidad que permita realizar las inversiones que requiere esta industria”, comentó.
Y señaló que se trata de un sector de capital intensivo “donde necesitamos tener operativas 20 millones de garrafas, cientos de plantas de fraccionado, cientos de camiones para distribución, etc, y con la situación que veníamos arrastrando si esto no se corregía, la industria corría riesgos de tener serios problemas operativos y de seguridad”.
En definitiva desde las empresas de GLP consideran que el nuevo gobierno no hecho más que corregir esta situación distorsiva y adecuarse a lo que marca la ley. “Sin rentabilidad es imposible llevar a cabo las inversiones”, expresaron.
Otro de los puntos clave que se ha ido normalizando, según señaló Casacales, fue el pago de la deuda millonaria por la Asistencia Económica Transitoria (AET) prometida por el gobierno de Alberto Fernández a las empresas en el marco del Programa Hogar, para evitar el sobresalto de precios.
En su momento el gobierno anterior había otorgado ese subsidio como compensación, principalmente para las Pymes que no habían podido incrementar sus precios. “Esto se está empezando a pagar”, dijo el titular de CEGLA.
Estos sectores expresaban su descontento debido a los retrasos en la gestión de Alberto Fernández, quien proporcionó ayudas temporales hasta octubre. De esta manera, el costo final de la garrafa se establecería en $4,752, al que se suma el recargo logístico, siendo del 5% para el Fraccionamiento y del 35% para la Distribución en la provincia de Neuquén.
¿Cuáles son los riesgos en las modificaciones que se quieren impulsar en la Ley ómnibus?
Quien explicó en un imperdible hilo de X nuevamente fué Juan José Carbajales de la consultora «Paspartú» que adelantó los que venimos advirtiendo al respecto y lo resume en 5 puntos claves:
Liberalización de precios: El segmento tal como está escrito se irían el Precio Paridad de Exportación (PPE) actual, que está en $234.879 para el butano, la garrafa de 10 kg se iría a unos $19.700 (más desviaciones).
El desabastecimiento del mercado local (de butano y de propano), si se elimina el aporte de los productores al Programa Hogar y éstos -con toda lógica- optan por la exportación en lugar de la venta a los fraccionadores a partir de la falta de obligación de abastecimiento interno lo podrían hacer.
Eliminación de la segmentación para identificar usuarios y usuarias con los requisitos que se pidieron para formar parte de una «canasta energética» que nadie sabe cómo se podría aplicar.
La amplitud/estrechez de la “canasta básica” para /usuarios de propano-redes (símil gas natural pero con propano por bajas temperaturas), quienes por encima del bloque subsidiado pagarían el precio pleno de la molécula. Esto es vital para las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego.
La degradación jerárquica de las áreas técnicas de la Secretaría (DN Economía y Regulación de HC) afecte el normal funcionamiento de los mecanismos de control y sanción, advierte Carbajales.
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