EMPRESAS
Embargos a YPF: Inminente anuncio de la justicia de EEUU
La jueza Preska definirá si acepta el planteo argentino para no activar embargos, en el marco de la condena del juicio por la nacionalización de YPF.
La jueza de Nueva York Loretta Preska decidirá en las próximas horas si acepta o no el planteo argentino para que no se activen a partir de este miércoles 10 de enero los embargos contra el país en el juicio por la nacionalización de YPF.
La magistrada pidió al Estado que deposite el 26% de las acciones de la petrolera como garantía, caso contrario, los activos argentinos en Estados Unidos podrían ser embargados.
Preska le había concedido al Gobierno argentino una extensión del plazo para evitar embargos hasta este miércoles, pero los fondos metieron presión en los últimos días para que se cumpla la sentencia.
«A pesar de las declaraciones bienvenidas y optimistas del nuevo presidente de la Argentina, los abogados del Estado argentino han dejado en claro que la República no cooperará ni siquiera en cosas básicas (como aceptar la notificación de acciones para reconocer la sentencia en el extranjero) y, por lo tanto, los demandantes siguen convencidos de la probable necesidad de hacer cumplir la sentencia a través del arduo y lento proceso de embargar bienes no inmunes», sostuvo el abogado Randy Mastro, que representa a Burford y Eton Park.
La respuesta argentina fue inmediata: el abogado defensor, Robert Giuffra, aseguró que «los demandantes no han identificado ningún activo de la República en los Estados Unidos sobre el cual puedan embargar o ejecutar adecuadamente».
Por ese motivo, dijo que cualquier acción sería «allanar el camino para el uso indebido y acosador de procedimientos de embargo sin respaldo de la ley y uso despilfarrador de recursos judiciales».
«Incluso si la actual suspensión de la ejecución expira el 10 de enero, no es ´razonable´ que los procedimientos de embargo y ejecución comiencen sólo cuatro meses después de la sentencia de este Tribunal. Muchos otros tribunales han considerado ´razonables´ plazos mucho más largos incluso sin muchos de los factores convincentes presentes aquí», añadió el abogado defensor de Argentina.
Giuffra resaltó también que la administración de Javier Milei «está abordando circunstancias económicas terribles, incluida la pobreza generalizada, la renegociación de los servicios de deuda con el FMI, la incapacidad de acceder a los mercados internacionales de capital y una inflación que ahora se acerca al 200%. La administración ha puesto en marcha medidas fiscales y monetarias muy significativas para intentar poner la economía de la Argentina en un nuevo rumbo, y está en medio de conversaciones con el FMI con respecto al ajuste de su programa económico».
Así, la decisión en torno al tema ahora queda nuevamente en manos de Preska, que deberá decidir si da lugar al planteo argentino o reconfirma la sentencia inicial que establecía la fecha del 10 de enero.
Condena a Argentina
En el juicio por la nacionalización de YPF, en primera primera instancia, la Argentina fue condenada a abonar un resarcimiento de 16.000 millones de dólares a Burford Capital, que beneficiaría tanto a Petersen como a Eton Park.
Burford precisó -en una nota enviada a inversores en septiembre ultimo- que compró derechos de litigio al accionista minoritario de YPF Petersen por el 61% de sus tenencias, y que luego vendió cerca de la mitad a terceros inversores.
Por lo tanto Petersen conservaría el resto y también sería beneficiario del juicio.
En el caso de Eton Park, Burford también tiene los derecho de litigio.
En base al acuerdo firmado con ambos, el «impacto neto combinado de esas transacciones que Burford espera recibir es de 73% de lo ingresos», precisó el fondo de inversión en la misma nota.
En su fallo, la jueza Preska liberó de responsabilidad a YPF, que también había sido demandada por los litigantes.
Comienzo de los embargos
El pedido presentado por la Argentina obligará a la jueza Preska a reconfirmar o modificar el fallo en el que estableció al 10 de enero como fecha límite para que los demandantes puedan comenzar a hurgar sobre algún activo del país en el caso de que la Argentina no presente las garantías que se le solicitan.
«Mientras los beneficiarios del fallo no encuentren activos para embargar en Estados Unidos, no hay necesidad de establecer una fecha puntual para comenzar los embargos», sostiene el texto presentado por el estudio Sullivan & Cromwell al que accedió Télam.
Esta presentación muestra cierto cambio de estrategia de parte del nuevo gobierno, si bien mantuvo al mismo estudio de abogados que lleva adelante la causa.
En diciembre ultimo, Preska accedió a eximir el pago de una fianza por el monto total del juicio, a la espera de una sentencia firme para el fallo que obliga a la Argentina a abonar un resarcimiento de 16.100 millones de dólares a Burford Capital.
El pasado 27 de noviembre, en plena transición de gobierno, Argentina solicitó a la jueza Preska una postergación del plazo de ejecución de la sentencia para la presentación de garantías.
El motivo del pedido fue que el nuevo Gobierno aún no había asumido, lo que sucedió el 10 de diciembre pasado.
En ese marco, la jueza Preska concedió la prórroga.
«Esta breve prórroga le daría a la nueva administración treinta días para evaluar las condiciones establecidas en la Resolución de la Corte de 21 de noviembre de 2023», indicó el estudio Sullivan & Cromwell en esa oportunidad.
En la nueva presentación realizada ayer los patrocinantes de la Argentina señalaron que «la República no puede aceptar esta condición porque privaría a la nueva administración de la capacidad de evaluar la totalidad de la Orden del Tribunal. En particular, acelerar el cronograma de presentación de informes sobre la apelación sería un desafío debido a que los demandantes presentaron una apelación cruzada, e YPF, en respuesta, presentó una apelación cruzada, lo cual requerirá información adicional».
Por otro lado, Preska concedió al nuevo gobierno -en otro escrito paralelo- plazo hasta el 22 de febrero para presentar los primeros argumentos contra el fallo que condena al país a pagar US$ 16.000 millones por la expropiación, cuando la fecha original fue fijada para el 23 enero.
Con información de la agencia Télam y NA
