Informe especial: Las millonarias cuentas de Repsol y el «desastre ecológico» en el mar peruano.

El buque tanque Mare Doricum, de bandera italiana, permanece en el mar de Ventanilla, una semana después de protagonizar uno de los mayores desastres ecológicos en la costa central del Perú, con el derrame de 6 mil barriles de petróleo de la compañía Repsol.

Según los datos que reportan Marine Traffic, la embarcación llegó al Callao el viernes 14 de enero procedente de Brasil. El derrame de petróleo se produjo al día siguiente, cuando descargaba el hidrocarburo en el Terminal Multiboyas N° 2 de la Refinería La Pampilla.

Lo que en un primer momento fue comunicado por la empresa, propiedad de Repsol Perú, como un “derrame limitado”, era en realidad un vertido tóxico que alcanza 2,9 kilómetros cuadrados de mar y costa, según el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). La organización SkyTruth, especializada en el análisis de imágenes satelitales, detalló a través de una serie de imágenes del 17 y 18 enero, las manchas de petróleo a más de 30 km del punto de amarre del buque.

De acuerdo a la legislación peruana, apenas ocurre un hecho de este tipo, la empresa está obligada a desplegar un plan de contingencia que detalle la forma de notificación y mitigación del hecho. Sin embargo, diversos especialistas y las autoridades ambientales del país han alertado que esto no se ha realizado adecuadamente. Durante los primeros días del derrame, en las playas afectadas, se observó a un grupo de personas contratadas por la empresa intentando remover el crudo con recogedores de uso doméstico.

La compañía atribuye el derrame a los oleajes anómalos generados por la erupción del volcán en Tonga. Y sobre su respuesta al derrame, la gerente de comunicaciones de Repsol, Tine Van Den Wall Bake, aseguró en una entrevista que cumplieron con el protocolo de atención. “Se llamó a buzos, se sacaron las barreras flotantes y luego se avisó a las autoridades competentes”, agregó.

El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y el OEFA han solicitado documentación a la empresa para confirmar si el plan de mitigación se aplicó de forma correcta. En paralelo, el fiscal Ariel Tapia Gómez, de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Lima Norte, inició una investigación preliminar contra los representantes legales de la Refinería La Pampilla y los que resulten responsables por el presunto delito de contaminación ambiental.

Repsol ha entregado al Ministerio del Ambiente un cronograma con los trabajos de limpieza y remediación que realizará hasta fines de febrero. En una comunicación del 21 de enero la empresa infomó que tienen la asesoría de las empresas Environmental Resources Management (ERM) y Aiuká Consultoría Ambiental, para la remediación y el rescate de fauna marina en incidentes de petróleo.

Los costos que le demandarán estas actividades de limpieza, remediación y contención, aún no han sido calculados por Repsol, según lo reportado a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). Según el artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, todo gasto que realiza una empresa como parte de sus operaciones, es factible de ser deducido en la contabilidad final para determinar el pago de sus tributos. Esto no exime a los gastos por remediación de daños ambientales.

En un documento de trabajo elaborado para la ONG Cooperacción, el abogado Carlos Trinidad Alvarado señala que en 12 resoluciones del Tribunal Fiscal se acepta la deducción de gastos de las empresas que han propiciado derrames de petróleo en los Lotes 8 y 192 de la Amazonía. Incluso se consideran en los descuentos las compras de agua, víveres y medicina a las comunidades afectadas.

“Esta posición se sostiene en una lectura restringida al artículo 37 de la ley que regula al denominado principio de causalidad, por el cual son deducibles los gastos que sean necesarios para producir renta y mantener la fuente productora de riqueza. La interpretación del TF [Tribunal Fiscal] se caracteriza por su automatismo: no importa de dónde viene el gasto, su justificación constitucional, su idoneidad con obligaciones de derechos humanos o cuál es su implicancia”, se lee en el documento.

Para el abogado tributarista Francisco Pantigoso el derrame de petróleo en Ventanilla puede abrir el debate para incluir una reforma tributaria sobre las deducciones de estos costos. Actualmente el Tribunal Fiscal no puede interpretar una restricción que no está en la ley. “Esta deducción se aplica porque se considera como parte de los riesgos en el negocio de combustibles. Es debatible su aplicación si se demuestra negligencia, pero la norma no hace exclusiones. En otros países ya se discuten los llamados impuestos verdes, en el marco de una política tributaria que vaya de la mano con los objetivos ambientales”, añadió.

Millonarias ventas y puertas giratorias

Refinería La Pampilla S.A.A. produce más del 70% de todo el petróleo que se refina en el país. El 92,42% de sus acciones está en manos de Repsol Perú B.V, una empresa constituida en Ámsterdam, Países Bajos, y que, a su vez, es subsidiaria de la multinacional española Repsol S.A., líder mundial en el sector hidrocarburos y que controla el 10% de los Lotes 88 y 56 del Consorcio Camisea que explota gas natural.

Los reportes que su sede peruana y la matriz envían a la Bolsa de Valores de Lima (BVL) y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España, respectivamente, permiten conocer el alcance corporativo y financiero de sus negocios. Solo el 2020 Refinería La Pampilla S.A.A. facturó ingresos por USD 1.922 millones, pero previo a la pandemia registró ventas por USD 3.550 millones.

Con el inicio de la reactivación económica, sus ingresos mejoraron, y hasta el tercer trimestre de 2021 había reportado ventas por USD 2.136 millones, muy por encima de los USD 1.118 millones que alcanzó en el mismo periodo del 2020. La multa máxima de 30 mil Unidades Impositivas Tributarias (UIT) que podría recibir la empresa por el derrame de petróleo equivale a unos USD 35 millones, es decir, el 1,8% de las ventas que obtuvo en uno de sus peores años: el 2020.

El desastre ecológico que involucra a Repsol y su subsidiaria Refinería La Pampilla también debió ser comunicado a las empresas que cotizan en el Mercado de Valores, pues tiene un impacto económico en la compra y venta de acciones. Sin embargo, la compañía lo hizo recién el día jueves 20, y luego de recibir un exhorto de la misma Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

En el oficio, Repsol señala que no informaron del derrame porque este no ha tenido “un efecto significativo en la actividad productiva de la refinería”, ni se les ha abierto un “proceso judicial, arbitral o administrativo que pueda afectar al negocio” o a su patrimonio. Según indican, la refinería está operando con normalidad en la producción del crudo, pues si bien se suspendieron las actividades en el Terminal Multiboyas N° 2, cuentan con otros puntos de abastecimiento.

El esquema de negocio de este grupo económico le ha permitido concentrar el mercado de refinerías en el Perú, donde compite con otras cinco compañías de Petroperú S.A., Pluspetrol Perú Corporation S.A., y la refinería de Pucallpa. Esta integración vertical incluye subsidiarias en toda la cadena productiva: desde la exploración y procesamiento de crudo y gas natural; hasta el transporte y comercialización de combustibles líquidos y derivados productos petrolíferos.

El informe de la clasificadora de riesgo de Apoyo & Asociado confirma las ventajas de este modelo de negocio. “La integración vertical le permite [a Refinería La Pampilla] optimizar su capacidad de producción y asegurar más del 66% de sus ventas directas y atenuar el impacto de su principal competidor (…) La compañía se encuentra en una posición ventajosa relacionada a la baja probabilidad de tener competencia de parte de nuevas refinerías, ya que la industria a la que pertenece presenta altas barreras a la entrada, debido a los altos niveles de inversión que se requiere para su funcionamiento”.

Desde el 2004 el presidente de Repsol global es Antonio Brufau, quien según los documentos que la empresa remite al Mercado de Valores de España, recibe una remuneración fija de 2,5 millones de euros como consejero de la compañía. En Perú, el directorio de Refinería La Pampilla está presidido por el español Jaime Fernández-Cuesta Luca de Tena, e integrado por ejecutivos locales vinculados a importantes grupos económicos, con vínculos en el gremio empresarial y un historial de cargos públicos.

Destaca Caridad de la Puente Wiese, quien a su vez es directora en la administradora de fondos de inversión W Capital SAFI, del Grupo Wiese; la aerolínea SKY Airline, la inmobiliaria GR Holding constituida bajo la razón social Los Portales, y Laboratorios Portugal. También está Luis Alberto Vásquez Madueño, director de la Asociación Automotriz del Perú y vicepresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (Snmpe); y Orlando Jesús Carbo Conte, representante de la Asociación de Grifos y Estaciones de Servicio del Perú.

Junto a ellos se encuentra Elena Conterno Martinelli, exministra de la Producción en el segundo gobierno de Alan Garcia y expresidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería. Actualmente es directora de las financieras Scotiabank y Crediscotia, además de la Administradora de Fondos de Pensiones AFP Profuturo, la empresa eléctrica Enel Generación Perú y la pesquera Diamante.

Del mismo modo, la directora Gianna Macchiavello Casabonne, ocupó cargos como abogada en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y en el Ministerio de Transportes (MTC), y fue viceministra de Justicia durante el gobierno de Alejandro Toledo. En 2015, Macchiavello Casabonne representó a Repsol en la demanda que impulsó el Consorcio Camisea contra el Estado peruano ante la Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), y desde el 2018 es responsable de Compliance de Repsol para toda América Latina.

El directorio de Refinería La Pampilla también es ocupado por José Luis Ibarra Bellido, miembro del Consejo Directivo de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) y director alterno de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep). Ibarra Bellido, director de relaciones institucionales y ejecutivo de la empresa desde 1998, recibió en 2015 un reconocimiento de la Marina de Guerra del Perú.

En octubre de ese año fue condecorado con la Orden Cruz Peruana al Mérito Naval en el grado de oficial por “haber contribuido al estrechamiento de los vínculos de amistad y cooperación con la Marina”. Esto ocurrió en el gobierno de Ollanta Humala, durante la gestión del Comandante General, Almirante (r) Edmundo Deville del Campo; y del ministro de Defensa Jakke Valakivi Alvarez, que son los que firman el documento.

La Marina de Guerra –a través de la Autoridad Marítima Nacional– es una de las entidades responsables de identificar las causas y a los autores del derrame de petróleo, y ha iniciado un proceso sumario en cumplimiento del Decreto Legislativo 1147, aprobado en 2012.

Más de 30 infracciones en su historial

Refinería La Pampilla S.A.A cuenta con un historial de 32 infracciones detectadas por el OEFA, y cuya multa total bordea los S/ 500.000 (115 UIT). La mayoría fueron sanciones aplicadas por no realizar el monitoreo de residuos aceitosos, sanitarios y químicos, u omitir el monitoreo de emisiones gaseosas, de calidad del aire y de ruido ambiental. Por lo menos otras cinco sanciones están relacionadas a derrames de petróleo ocurridos en el pasado sobre el mar de Ventanilla y en sus propias instalaciones.

Uno de estos hechos ocurrió en 2013. Las aguas frente a la playa Cavero se tiñeron de negro luego de una fuga durante la descarga de petróleo del Buque Tanque “Stena Chronos”. El informe realizado por OEFA determinó que el derrame se generó debido a un agujero en la tubería submarina que estaba siendo utilizada para la operación.

De acuerdo a los documentos de archivo, el 4 de febrero de 2013 Repsol indicó en su informe preliminar que se había derramado menos de un barril de petróleo, y en el documento final afirmó que el volumen vertido fue de siete barriles. Sin embargo, el estudio realizado por la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) determinó que, en realidad, se trató de 195 barriles. Por lo que, la OEFA los sancionó inicialmente con 15,40 UIT.

En las actas del organismo ambiental se indica que Repsol incurrió en otra infracción al “no controlar ni mitigar eficientemente el impacto negativo generado en el mar, el cual tuvo una consecuencia inmediata en los sedimentos de la Playa Cavero”. La OEFA determinó que el derrame ocurrió a las 4:48 a.m. del 4 de febrero y que las barreras de contención fueron colocadas luego de las 7:48 p.m., por ello se les impuso otra multa de 118,4 UIT.

Ambas infracciones sumaban 133,8 UIT, sin embargo, en abril del 2014, la compañía española apeló argumentando que no se puede establecer una relación de causalidad entre no mitigar de manera eficiente el derrame y el impacto negativo generado en las profundidades de la playa. Además, sobre la acusación que le hizo la autoridad ambiental, de brindar información inexacta, sostuvo que esa infracción no estaba tipificada porque la norma solo sanciona la entrega de información falsa, y que quien debía evaluarlo era Osinergmin y no el OEFA. Por estas consideraciones, la multa se redujo en un 50%, a 66,9 UIT.

La información de la OEFA también registra otros derrames de crudo dentro de sus instalaciones, que no tuvieron las misma implicancias económicas que el caso del 2013. Por ejemplo, en abril del 2018, el organismo fiscalizador alertó de un derrame de petróleo al interior de la empresa, que llegó hasta la avenida Néstor Gambeta, en el Callao. Además, de un hecho similar, pero de menor magnitud que se registró en el 2014, debido a una fuga.

La actualización normativa, hecha en diciembre de 2021, sobre los tipos de infracciones administrativas referidas a incidentes y emergencias ambientales incluye el hecho de no implementar mecanismos de difusión o alerta temprana a la población frente a derrames. Asimismo, no adoptar medidas de prevención para evitar el incidente, no contar con equipo adecuado para la contención de derrames ni con personal equipado y entrenado.

Respecto al derrame actual, César Ipenza, abogado experto en derecho ambiental, consideró necesario que se emitan reportes completos sobre lo ocurrido para que se puedan identificar las posibles infracciones. “Veo que aquí ha habido una situación que podría lindar con la responsabilidad, porque inicialmente la empresa reportó una cantidad distinta de lo que se había vertido en el mar. Ahí también habrá una responsabilidad que la OEFA determinará y seguramente tendremos una sanción”, detalló.

Impactos en todos los niveles

Las fotografías de aves cubiertas de petróleo y de ciudadanos organizándose para ayudar son evidencia del impacto que ha provocado este desastre ambiental. El crudo ha afectado las áreas protegidas de la Zona Reservada de Ancón y la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras, pero las consecuencias ambientales que tendrá este desastre ecológico aún son incalculables.

Héctor Aponte, biólogo experto en ecosistemas y humedales costeros, explicó a OjoPúblico que el crudo forma una capa en la superficie del agua que bloquea el paso de luz. “Esto afecta a los organismos que están debajo y que tienen que hacer fotosíntesis”, dijo. Lo segundo que sucede es que el hidrocarburo se dispersa llegando a las costas y disolviéndose en el mar.

El especialista detalló que para saber cómo es que se está disolviendo el producto oleoso es necesario conocer determinadas características como la temperatura del ambiente, su volatilidad o su viscosidad. “Dependiendo de estas variables ocurren diferentes procesos. Por ejemplo, los hidrocarburos más volátiles como la gasolina se van a la atmósfera y se evaporan”, afirmó.

Si el producto es soluble –señala Aponte– se mezcla con el agua y existe el riesgo de que ingrese a las cadenas alimentarias de un ecosistema. Además, las partes menos solubles del petróleo, que no son retiradas de la superficie marina con premura, se pueden ir al fondo del mar y ser ingeridas por las especies que viven allí. “En un derrame de petróleo ocurren varios procesos que afectan a diversos componentes del medio marino”, advirtió.

Uno de esos componentes que son afectados gravemente son las aves. La bióloga marina Joanna Alfaro explicó que estos animales necesitan tener las plumas limpias para flotar, conservar su temperatura corporal y sobrevivir. Estas especies están constantemente limpiándose con el pico, pero estas, al estar manchadas con petróleo, se suman a un proceso de intoxicación.

El director científico de la ONG Oceana Perú, Juan Carlos Riveros, señaló que la intoxicación en aves ocurre de manera muy rápida y que la mayoría de especies fallece por ingerir este compuesto. “Los que sobreviven generalmente desarrollan enfermedades neuro-degenerativas, y los que están en estado de reproducción podrían tener alteraciones hormonales, malformaciones embrionarias o en la absorción de calcio, que termina afectando la producción de huevos”, alertó.

Esta contaminación del ecosistema marino afecta en menor medida a los peces y moluscos, los cuales están expuestos a ingerir residuos químicos producto de la degradación del petróleo en el agua. Un metanálisis sobre el impacto de la explosión en la plataforma petrolera Deepwater Horizon en 2010, en Estados Unidos, encontró que los peces presentaron con mayor frecuencia daños al corazón y potenciales efectos en la aptitud física y supervivencia. Sin embargo, Riveros precisó que las especies filtradoras como conchas, langostinos y choritos están en mayor riesgo de exposición.

Los seres humanos también ven afectada su salud por este derrame. La exposición directa incluye la respiración de aire contaminado con las partículas que se descomponen del crudo, y el contacto con la piel, sobre todo, al realizar acciones de limpieza sin los implementos adecuados. Un artículo científico señala que los efectos secundarios comprenden síntomas respiratorios, molestias en los ojos y la piel, dolor de cabeza, náusea, mareo y fatiga.

En esa línea, el alcalde de Ventanilla, Pedro Spadaro, cuestionó las acciones de limpieza que llevó a cabo Repsol el 19 de enero, puesto que las personas asignadas a esta labor no contaban con los implementos necesarios. Del mismo modo, el alcalde de Comas, Raúl Díaz Pérez, envió al personal de limpieza de su distrito a ayudar con la descontaminación de la playa Santa Rosa, ubicada en Ancón.

Por ello, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) anunció que verificará que a los trabajadores se les haya entregado los equipos de protección adecuados, que se cumplan con las medidas de prevención del contagio de la Covid-19 y que cuenten con un seguro de trabajo de riesgo. Esta alerta se dio a la par del ofrecimiento de Repsol de contratar a los pescadores para que se sumen a las labores de limpieza.

La presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez Chuquilín, fue quien anunció a los vecinos de Ventanilla –el pasado 20 de enero– que la empresa se había comprometido a dar bolsas laborales o canastas de alimentos a los pescadores afectados. Luego de recibir abucheos por el ofrecimiento, Vásquez Chuquillín precisó que esta entrega no representa “ningún tipo de indemnización”, e indicó que le indicaron a Repsol que no podía contratar a personas si las actividades suponen algún riesgo.

Alejandro Bravo Ávalos, secretario general de la Federación de Integración y Unificación de los Pescadores Artesanales del Perú (Fiupap), indicó a OjoPúblico que los trabajadores afectados requieren más atención que los alimentos prometidos, porque la actividad pesquera les generaba ingresos diarios. “Atenta a nuestro derecho al trabajo porque el mar es nuestra única fuente. En la canasta no viene medicinas, vestimenta o el combustible para ir a pescar a otra zona“, agregó el dirigente de esta organización que agrupa a más de 300 mil pescadores en el país.

Cálculos realizados por la Asociación de Pescadores Artesanales de Ancón (Apescaa) indican que alrededor de 800 pescadores y otros 400 trabajadores de altamar han detenido sus actividades como producto del derrame. “El impacto que ha llegado es fuerte no solo para ahora sino también para el futuro. Esta bahía (de Ancón) es de reproducción de muchas especies. En seis meses, los pescadores van a tirar sus redes y no van a encontrar nada”, señala Guillermo Francia Pastor, director de la organización.

En los últimos días, diferentes instituciones y embajadas también se han pronunciado sobre el derrame. Entre ellos, la embajada de Estados Unidos que lamentó los hechos e indicó que las “agencias estadounidenses están coordinando con el gobierno peruano para salir de esta crisis ambiental”. El actor y activista ambiental, Leonardo Di Caprio, también compartió en sus redes sociales el alcance del desastre ecológico en el mar peruano, aunque no menciona a la empresa Repsol.

Tampoco lo hace la Embajada de España en Perú, que a través de un comunicado en sus redes sociales indicó en el que lamentan los efectos del vertido de crudo “que implica a una compañía española”. En tanto, en un comunicado, la oficina de Naciones Unidas en Perú también mostró su preocupación y señaló que brindarán asistencia técnica a través de una misión de expertos en desastres naturales. El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que en las próximas horas llegaría el equipo de expertos.

Este sábado, a través de la Resolución Ministerial 021-2022, el Ministerio del Ambiente oficializó la declaratoria de emergencia del área geográfica que comprende la zona marina costera, por un periodo de 90 días, y aprobó un plan de acción inmediata y de corto plazo para atender el caso.

Fuente: Informe especial – El ojo critico.com – Infobaires – bocade pozo