México: la reforma eléctrica no cancelará contratos con empresas privadas.

Lo confirmó Manuel Rodríguez González, presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y miembro del partido Morena de López Obrador.

El proyecto de ley de electricidad del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no cancelará los contratos existentes con empresas privadas para la producción de energía renovable, dijo un legislador del partido gobernante en una aparente concesión para generar consenso en torno a la controvertida reforma constitucional.

Los contratos gubernamentales existentes de energía eólica y solar en manos de empresas privadas continuarán en caso de que se apruebe el proyecto de ley, dijo en una entrevista Manuel Rodríguez González, presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y miembro del partido Morena de López Obrador. Más detalles sobre cómo se cumplirán los contratos se incluirán en futuras leyes secundarias que aún no se han hecho públicas, agregó.

AMLO, como se le conoce al presidente, busca enmendar la Constitución para garantizar que la estatal de energía eléctrica de México, la Comisión Federal de Electricidad, o CFE, gane participación de mercado para alcanzar un 54% de monopolio en generación eléctrica. Presentado a principios de este mes, el proyecto de ley establece que llevar a cabo la reforma del presidente requiere “la cancelación de todos los permisos otorgados para la generación de electricidad”.

“El texto de la reforma no va a decir que se cancelan los contratos”, comentó Rodríguez cuando se le preguntó sobre las empresas de renovables, pero no especificó si se modificará el proyecto de ley o si las leyes secundarias aclararán esto. “De lo que se trata es en realidad de una modificación de contratos”.

La especificación del proyecto de ley de que CFE tiene una participación de mercado de 54% y las empresas privadas un 46% puede suceder gradualmente, dijo Rodríguez. Esto ocurrirá lentamente, indicó, al priorizar tres cosas: la energía hidroeléctrica de la empresa estatal, el crecimiento de la demanda y la capacidad de absorción de CFE que anteriormente tenía tanto los contratos de autoabastecimiento como los contratos de productores independientes. No se logrará absorbiendo la capacidad de los proyectos de renovables existentes, agregó.

“Las inversiones existentes están garantizadas, no tienen ningún problema”, dijo. “Van a continuar. Lo que sí es que el sistema de planeación del crecimiento eléctrico va a estar tutelado por el Gobierno”.

La oficina de prensa de López Obrador no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre cualquier cambio en el proyecto de ley de energía.

El proyecto de ley cancelaría los acuerdos de autoabastecimiento que permiten a las empresas generar electricidad principalmente para su propio uso y hará que los reguladores de energía independientes sean absorbidos por las agencias gubernamentales. Busca recortar la participación del sector privado en la generación eléctrica del 62% al 46%, según la secretaria de Energía, Rocío Nahle.

Se dará prioridad a la energía hidroeléctrica, seguida de otras fuentes de energía de la CFE como la nuclear y el gas natural. La energía renovable eólica y solar estaría casi al final de la lista, superando solo al gas natural del sector privado y al carbón.

Si bien Rodríguez dijo que el proyecto de ley no tocaría a las empresas de energías renovables, no está claro qué pasaría con otros contratos de electricidad. Nahle dijo el lunes que México tiene 239 centros de autoabastecimiento que carecen de permisos básicos pero que proporcionan electricidad a miles de consumidores. Ha habido abusos en el mercado de autoabastecimiento, según López Obrador.

La coalición liderada por el partido Morena de López Obrador tiene mayoría en ambas cámaras del Congreso, pero necesitaría obtener el apoyo de algunos miembros de la oposición para obtener la mayoría de dos tercios para aprobar el cambio constitucional. Aun así, la iniciativa alarma a las asociaciones de energía eólica y solar de México, que dicen que violaría las promesas que México hizo en virtud del Acuerdo de París de 2015 sobre el cambio climático.