El parate de la industria española por el precio de la luz afecta ya a 20.000 empleos.

Temor entre los trabajadores a que los recortes de producción se trasladen al empleo si el Gobierno no consigue frenar la escalada de precios.

En las últimas semanas, algunas de las más importantes empresas industriales que tienen fábricas en España han anunciado recortes en su producción que, si se mantienen en el tiempo, se van a trasladar al empleo. «De no actuar con urgencia, el futuro laboral de los trabajadores de sectores industriales estratégicos se va a ver amenazado por los anuncios de ceses de actividad, deslocalizaciones de producciones fuera de nuestro país y aplicación de ERTE y ERE, algunos de los cuales ya se están produciendo», alerta la Federación de Industria de UGT. Esas compañías involucradas en esta primera ola de reducción de producción generan unos 20.000 puestos de trabajo, muchos de los cuales están en peligro si persiste la situación actual de altos precios energéticos.

La industria española electrointensiva -metalurgia, siderurgia, cemento, química, cerámica,…- siempre se ha quejado del alto coste energético que soportaba frente a Francia o Alemania, por ejemplo, lo que restaba competitividad a los productos fabricados aquí. Pero ahora estamos en «la tormenta perfecta» del aumento de costes energéticos, en la electricidad, el gas, el petróleo y el CO2, como afirma Andrés Barceló, director general de la patronal Unesid. Aunque la subida de precios es general, afecta más al sector en España por la deficiente política energética del Gobierno, que impulsa los precios al alza. En septiembre, por ejemplo, la industria española ha pagado la energía más cara de Europa: 102,55 euros MW/h, frente a los 43,83 euros de Francia y los 69,19 de Alemania.

Esto se traduce en una pérdida de competitividad a medio plazo que puede poner en riesgo la pervivencia de algunas de las instalaciones en nuestro país: «Los grupos industriales del sector deslocalizan producción, con el consiguiente riesgo del cierre de capacidades productivas y pérdida de empleo», dicen en UGT. Hasta el momento, ninguna compañía ha anunciado oficialmente reducciones de personal, pero el temor empieza a sentirse entre los trabajadores y en los comités de empresa.

ArcelorMittal, el mayor grupo siderúrgico del mundo emplea a 8.000 personas en España y va a efectuar «paradas cortas y selectivas» en algunas plantas de Europa, entre las que se incluyen las guipuzcoanas de Olaberría y Bergara. Sidenor ha informado de que el precio de la electricidad que paga ha aumentado un 300% en el último año, lo que se traduce en un incremento del 25% en los costes de producción. La compañía ha decidido parar la producción de su planta más grande, en Basauri (Vizcaya), veinte días hasta fin de año. Sidenor emplea en nuestro país a 1.500 personas. La multinacional española Celsa no ha anunciado ningún parón de su producción, pero avisa de que «probablemente» se lo planteará si se mantiene esta situación; Celsa emplea directamente a 7.500 personas en todo el mundo.Más en El Mundo

La empresa química Fertiberia cuenta con unos 1.400 trabajadores en España y Portugal y decidió paralizar durante octubre una de sus plantas, que da trabajo a 148 personas. La empresa ha comunicado a los sindicatos que, de momento, no tiene planes sobre la plantilla. Asturiana de Zinc da trabajo a 1.000 personas y a finales de septiembre empezó a disminuir la producción unas horas al día de la planta de San Juan de Nieva (Asturias) y Ferroatlántica, que cuenta con unos 550 empleados, ha cerrado uno de los cuatro hornos que tiene en Boo de Guarnizo (Cantabria) y estudia llevar su producción a Francia y Noruega.

Fernando Roig, presidente del grupo azulejero Pamesa, afirmaba ayer en estas páginas que tendrá que repercutir en los precios el «catastrófico» impacto de la energía: «No hay más remedio. Las subidas serán entre el 10% y el 20%» y se aplicarán con carácter inmediato: a partir del 1 de noviembre. Pero en una economía globalizada esto es un arma de doble filo, porque puede suponer una pérdida de clientes y una reducción de la facturación que, a la postre, afecte al empleo de las empresas.