¿Cambio Climático?: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aprueba una nueva subasta de petróleo y gas.

El gobierno de Biden anunció el martes sus planes de abrir millones de acres para la exploración de petróleo y gas, en un intento de la Casa Blanca por cumplir con una orden judicial que le exige reanudar las subastas de arrendamiento.

La medida, que incluye unos 80 millones de acres de agua en el Golfo de México junto con otros cientos de miles en tierra firme, representa un revés para los planes de lucha contra el cambio climático del presidente demócrata Joe Biden, que había prometido durante la campaña poner fin a los nuevos arrendamientos federales de petróleo y gas.

Biden puso en pausa las subastas de perforación después de asumir el cargo en enero, a la espera de un análisis de sus impactos en el medio ambiente y sus beneficios para los contribuyentes. Esa revisión está en curso, según los funcionarios.

Sin embargo, en junio, un juez federal de Luisiana ordenó la reanudación de las subastas, afirmando que el gobierno estaba obligado por ley a ofrecer superficies a la industria del petróleo y el gas.

El martes, el Departamento del Interior de EE.UU. dijo que ofrecería casi todos los bloques disponibles y no arrendados en una zona de más de 90 millones de acres en el Golfo de México. La venta podría dar lugar a la producción de hasta 1.100 millones de barriles de petróleo crudo y 4,4 billones de pies cúbicos de gas natural, según un documento de venta publicado en Internet.

La venta es aproximadamente del mismo tamaño que las ventas en alta mar realizadas por la administración Trump, que minimizó las amenazas del calentamiento global y buscó maximizar la producción nacional de combustibles fósiles.

En el documento, conocido como Record of Decision, la administración dijo que un informe de las Naciones Unidas que advirtió a principios de este mes que el cambio climático estaba peligrosamente cerca de salirse de control «no presenta una causa suficiente» para revisar un análisis ambiental existente sobre la venta de arrendamiento en alta mar, que fue realizado por la administración Trump.

El documento dijo, sin embargo, que «el análisis adicional del cambio climático puede ser una consideración significativa en las decisiones del Departamento con respecto a los programas de arrendamiento de petróleo y gas en el futuro.»

Tras la publicación del documento, cuatro grupos ecologistas presentaron una demanda en un tribunal federal de Washington para impugnar la decisión de celebrar la subasta en alta mar, alegando que el análisis ambiental subyacente era defectuoso y violaba la ley federal.

«El gobierno de Biden se ha plegado a la industria petrolera (…), ignorando el empeoramiento de la emergencia climática a la que nos enfrentamos», dijo Brettny Hardy, abogado de Earthjustice, que presentó la demanda en nombre de los grupos ecologistas.

Estos grupos fueron Friends of the Earth, Healthy Gulf, Sierra Club y Center for Biological Diversity.

El Ministerio del Interior dijo que estaba evaluando más de 700.000 acres de tierra para su posible subasta en Alabama, Mississippi, Montana, Nevada, Nuevo México, Dakota del Norte, Oklahoma, Utah y Wyoming, según documentos publicados en un sitio web del gobierno. La mayor parte de los terrenos en estudio, unos 560.000 acres, se encuentran en Wyoming, un importante estado productor de petróleo.

La administración está buscando comentarios públicos sobre las parcelas durante 30 días como parte de una revisión que determinará cuáles se sacarán a subasta. Se espera que las ventas se realicen a principios del próximo año.

La presidenta del grupo de la industria del petróleo y el gas Western Energy Alliance, Kathleen Sgamma, ofreció lo que denominó «tibios elogios al Departamento de Interior» por la selección de parcelas que se habían programado para ser ofrecidas a principios de este año.

«Sin embargo, ahí acaban mis elogios», dijo en un correo electrónico, afirmando que la administración «sigue frenando las ventas masivas».

Su grupo está demandando al Departamento de Interior y espera ganar una orden judicial que obligue a que las ventas se realicen este año en lugar de en 2022, dijo.