Luciano Paulin: En relación al récord histórico del precio de la luz en España.

Por Luciano G. Paulin, director del EPRE Entre Ríos.

“En apenas un año, el precio de la luz se ha disparado en España cerca de un 200%. El jueves 25 de agosto, la factura marcó un nuevo máximo histórico al superar los 122,7 euros por megavatio hora (frente a los 39,5 euros de hace doce meses), lo que supone el sexto registro máximo de la historia del precio de la energía en España. Todos ellos producidos durante este mes de agosto”.

Así comienza el texto escrito el día sábado 28 de agosto de 2021 publicado por Miguel Alba desde España para Infobae. Pero: ¿esto es así? Eventualmente: ¿a qué se debe este fuerte incremento? ¿Es constante?

El precio del mercado mayorista marginalista está desbocado en toda Europa por el fuerte incremento del precio del gas en los mercados internacionales y del costo de adquisición de los derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2) que incrementa los costos variables de la tecnología marginal del sistema (los ciclos combinados de gas). En esta situación, y sin perjuicio de la tarifa de último recurso para consumidores vulnerables, es decir, lo que se conoce en España como el bono social (algo similar a lo que llamamos tarifa social en nuestro país), los socios de izquierda del gobierno de coalición pretenden intervenir el mercado y establecer un precio fijo regulado para la energía nuclear y un precio máximo para la energía hidroeléctrica.

Pero sucede que, a mi entender, ambas cosas son incompatibles con los marcos regulatorios de la Unión Europea (UE), ya que prohíben que la actividad de generación se remunere mediante retribución regulada (debe ser de mercado). Solo se admite una excepción para energías renovables. Por el contrario, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Departamento de la Administración General del Estado Español responsable de la propuesta y ejecución de la política del Gobierno Nacional en materia de Energía, Clima y Medio Ambiente, entre otros), en manos del Partido Socialista (PSOE, socio mayoritario de la coalición) propone una disminución retributiva post mercado de una parte de la renta infra marginal (concretamente de la retribución del CO2 no emitido) de las tecnologías nuclear e hidráulica. A mi entender, esto está al límite, pero puede ser compatible con la regulación europea.

Si bien la sociedad española es muy sensible al precio de la electricidad, para ser justos con el análisis, habría que precisar que la tarifa tan alta se da en “horarios limitados” (picos) y no como “precio promedio”. También para realizar un análisis más exhaustivo, debería hacer mención al Real Decreto Ley que entró en vigencia el 26 de junio del corriente año por el cual se rebajó el IVA que grava la factura de luz del 21% al 10% hasta finales del año en curso para los pequeños consumidores con potencia contratada hasta 10 kilovatios siempre que el precio medio mensual del mercado mayorista de la electricidad esté por encima de los 45 euros por megavatio hora (esta reducción también se aplica a los consumidores vulnerables severos con independencia de su potencia contratada y del precio del mercado).

Sin embargo, no se puede dejar de advertir –a la distancia– que el tema tiene un potencial políticamente desestabilizador muy fuerte, unido a una histórica mala reputación social de la industria eléctrica. Sumado a ello, el socio de izquierda (Podemos) parecería que aprovecha para hacer demagogia con este tema, a sabiendas que la restauración de un régimen retributivo regulado (no de mercado) es contrario al derecho europeo y, por tanto, jurídicamente inviable. También, parecería que la derecha española aprovecha para hacer demagogia y provocar desgaste político con este tema. De un lado, son contrarios a cualquier intervención pública en la economía, pero en este tema hacen a la gestión de gobierno de turno responsable de no intervenir para bajar el precio de la luz.

Como corolario de la información que he podido obtener, colegas en España vinculados al sector regulatorio energético sostienen que el impacto real en los consumidores domésticos (residenciales para nosotros), sin ser desdeñable es, ha su entender, bastante limitado, cuestión que sin lugar a dudas es discutible según la perspectiva desde la cual se mire y realice el diagnóstico y reclamo.

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