La doble vara de Comodoro Py con Techint y el poder económico:

Por: Irina Hauser

Paolo Rocca, Luis Betnaza y Héctor Zabaleta fueron sobreseídos esta semana. El fallo es una nueva muestra de un patrón que se repite en tribunales: los dueños del poder económico son intocables.

Una de las noticias más asombrosas que dejó la semana judicial fue la decisión del juez federal Julián Ercolini de sobreseer a los tres hombres de Techint que estaban involucrados en la causa de los cuadernos. Paolo Rocca, Luis Betnaza y Héctor Zabaleta hicieron pagos ilegales, afirma el fallo, pero acota que hubo una buena razón: un “estado de necesidad”. Por recibir el dinero, en cambio, fue procesado el exsubsecretario de Coordinación del ministerio de Planificación Roberto Baratta. Es una resolución que pone a la vista algo frecuente en Comodoro Py pero no siempre tan explícito: cómo se construye la impunidad de los dueños del poder económico, que son los grandes intocables de las causas judiciales. A veces el blindaje se logra con el paso de los años; otras se agregan increíbles argumentos, como ocurre en este caso. 

“Fallo escandaloso: comienza la impunidad de los empresarios corruptos”, avisa el texto que difundieron el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce), organizaciones especializadas en estas temáticas. “La doctrina sentada en esta resolución (…) confirma la inmunidad de un sector en las causas penales. Se reproduce la visión en donde los/las funcionarios/as o ex funcionarios/as serían los únicos culpables de este tipo de delitos y los grandes empresarios serían las víctimas de extorsiones o actuarían bajo causales de justificación”, dice el texto.

Los pagos de Techint aparecieron en las famosas anotaciones del exchofer del Ministerio de Planificación Oscar Centeno, pero los directivos consiguieron que su parte quedara en un legajo separado y no fuera enviado a (un demorado) juicio oral como les ocurrió a otras 47 personas. El gran propósito inicial de esta causa, comandada por el fallecido Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, era que todos los arrepentidos involucraran a Cristina Fernández de Kirchner. El fallo de Ercolini vuelve a mostrar que el objetivo era político, no los empresarios ni esclarecer el entramado de la obra pública.  

Zabaleta y Betnaza aseguraron, como arrepentidos, que pagaron sobornos. Rocca alegó que supo de las coimas por los medios. Ercolini llega a la conclusión de que los pagos ilegales habrían tenido “como única y forzada motivación la de evitar serias afectaciones a la libertad e integridad de las personas que trabajaban en Venezuela en una de las empresas del grupo económico al que pertenecían (…) el daño que pudo haber supuesto el pago ilegal de una suma importante de dinero a un funcionario público del gobierno, habría estado justificado por la necesidad de salvar o evitar mayores daños cuya ocurrencia era inminente”. La pregunta de sentido común es si el juez se basó en lo que dijeron los imputados, pero es difícil encontrar algo similar en sus declaraciones.  

Zabaleta dijo que se pagó el equivalente a 1 millón de dólares. Contó que Betnaza le dijo que “si no le iban a cortar la luz y el gas de las plantas de Siderar y Siderca”. Precisó que las amenazas versaban sobre la producción de tubos en la planta de Campana. No mencionó a Venezuela. Betnaza sí lo mencionó de manera confusa, mezclando temas. Habló de una pulseada con el gobierno de Hugo Chávez por la nacionalización de Sidor, la empresas de ellos, y que por eso, para la indemnización, pidieron ayuda al gobierno argentino. En forma genérica dijo: “mi preocupación era la gente allá en Venezuela”, “el peligro para la gente”.  

El juez tomó testimonios ligados a Venezuela, pedidos por los acusados. No profundizó en dichos de Baratta como que la plata se la habrían quedado los empresarios y que habría directivos de Techint que entraron al blanqueo. Pero hay un párrafo que admite que Baratta no tenía injerencia en asuntos con Venezuela. «No se habría demostrado que Baratta haya recibido ese dinero con el fin de hacer, dejar de hacer o retardar algo relativo a sus funciones, siendo que no tenía injerencia alguna en los sucesos acontecidos con la firma Sidor» en Venezuela, dice. 

Para Martina Cirimele, directora de Cipce, «todo el fallo carece de sentido, es ilógico» pero ese tramo «hace perder sentido al supuesto estado de necesidad» de pagos ilegales. Baratta quedó procesado por dádivas. Su defensa apelará. Lo mismo la Unidad de Información Financiera (UIF).

Alberto Binder, presidente del Inecip, dice que el fallo le recuerda a una de las historias narradas por el escritor Manuel Scorza, basada en hechos reales: “Era el caso de unos campesinos que van a hacer un reclamo sindical y el hacendado los envenena. El juez dijo que se había tratado de un ´infarto colectivo´”. Binder recuerda que Scorza “dice que la literatura es el último tribunal de apelaciones” cuando ya no hay justicia. “El tema de Techint es otra manifestación de la impunidad estructural de los grandes grupos económicos”, alerta. 

“Hay varios ejemplos: Siemens, que reconoció sobornos para la impresión de DNI, el caso de los sobornos de IBM a funcionarios del Banco Nación que se fue diluyendo, el de Odebrecht que lleva años ya (por el soterramiento del Sarmiento) y se trabó con la aparición de empresarios como Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri, con Iecsa”.

En el juicio a José López, el exsecretario de Obras Públicas, quedó claro que el dinero era de coimas y que parte venía del Banco Finansur, cuando lo manejaba Jorge Sánchez Córdova, tesorero de Boca con Macri al frente del club. El Tribunal Oral 1 no mandó a investigar, ni lo pidió la Oficina Anticorrupción macrista. 

Más casos con blindaje a empresas y bancos: la Cámara Federal revocó esta semana el procesamiento del exsecretario de Finanzas del macrismo, Santiago Bausili por intentar beneficiar desde el cargo al Deutsche Bank, donde había trabajado. Algo similiar había ocurrido con Luis María Blaquier, extitular del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, sospechado de beneficiar a Cablevisión y Arcor. En noviembre de 2020, en el juico por un fraude de 190 millones de dólares en obras de Yaciretá, fueron absueltos después de 30 años de proceso y varios jueces los empresarios Guillermo Henin, de Dicmar SA, Gianfranco Rizzo, de Impregilo SA (vieja socia de los Macri) y Robert Ortega. El tribunal señaló una “severa degradación de las pruebas”. 

La otra cara de la criminalidad económica impune es la de los jueces y juezas que se vuelven serviles a ellas o ejercen una persecución selectiva. Los tribunales, por estos tiempos y con juicios en proceso y en plena revisión, tienen una oportunidad de cambiar esta historia.  

Fuente: https://www.pagina12.com.ar