El Enargas recupera poder para bajar las tarifas

A través de una resolución, el Ente Nacional Regulador del Gas recupera la potestad de revisar los costos de toda la cadena y aplicará un criterio de justicia y razonabilidad para las tarifas.

El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) emitió este jueves a la noche la Resolución 27/2020, con la que recupera poder para revisar los costos de toda la cadena del suministro de ese producto.

Con esta medida, podrán justificar una baja en las tarifas o un congelamiento extendido, si es que luego del análisis de costos concluyen que el precio del gas en boca de pozo no es «justo y razonable» y que las petroleras, eventualmente, cobran por el producto más de lo que deberían -según el criterio de razonabilidad que se aplique-.

La resolución lleva la firma del interventor del Enargas, Federico Bernal, asesor de máxima confianza en temas energéticos de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien intercedió para que finalmente fuera designado en ese cargo.

La Resolución 27/2020 deroga la Resolución 72/2019, que el 11 de febrero del año pasado había establecido la “Metodología de Traslado a tarifas del precio de gas y Procedimiento General para el Cálculo de las Diferencias Diarias Acumuladas”.

De acuerdo con lo que comunicó el Enargas, la resolución ahora derogada le cercenaba al regulador la posibilidad de analizar los términos de la compraventa de gas de parte de productoras y distribuidoras.

Por tanto, «al habilitar un pase casi automático a tarifas del precio del gas, le imposibilitaba realizar un juicio de razonabilidad en cada caso particular sobre la formación contractual del precio incorporado a la tarifa».

Esto ya generó críticas desde la oposición. Una fuente con conocimiento de causa, que solicitó a El Cronista la reserva de su nombre, planteó: «Esto es grave porque le va a otorgar discrecionalidad al interventor para fijar las tarifas que quiere el Gobierno y no las que surjan de la libre competencia».

¿Cómo se componen las tarifas?

La cadena de suministro del gas se compone de productoras, transportistas y distribuidoras. Solo estas dos últimas están bajo la supervisión del Enargas, quien tiene que revisar las tarifas de transporte y distribución del gas natural por redes.

Pero el ente regulador no intervenía en la formación del precio, desde el año pasado y hasta este momento era una facultad de la Autoridad de Aplicación competente (la Subsecretaría de Hidrocarburos, dependiente de la Secretaría de Energía, ahora bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Productivo nacional).

Ahora el Enargas podrá revisar cómo se forma el precio, con la sospecha de que no es transparente y de que tampoco es justo ni razonable para los usuarios.

A través de subastas, en febrero del año pasado las distribuidoras contrataron el suministro del gas natural por el término de doce meses (desde el 1° de abril de 2019 hasta el 31 de marzo de 2020).

El precio promedio ponderado que surgió fue de u$s 4,62 por millón de BTU, que se pesificó a un tipo de cambio de $ 41 por dólar. Con la devaluación, hoy las petroleras cobran menos de u$s 3, valor que -aducen- no repaga el costo de invertir para reponer el producto-

En el sector del cristinismo (que lideran los entes reguladores y la ex Enarsa) consideran que las distribuidoras no tenían incentivos a contratar barato su provisión de gas, ya que no les cambia la ecuación económica.

Las distribuidoras obtienen ingresos por el Valor Agregado de la Distribución (VAD), que las remunera por el tendido de caños, su mantenimiento y los costos de la operación.

El VAD es solo una de las tres partes de la tarifa de gas, que también tiene el precio propio del gas en boca de pozo (en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte, PIST) y los impuestos.

Como las distribuidoras no ganan ni pierden por la provisión del gas (el efecto es neutro en sus cuentas), el Enargas entendió que no existe un estímulo real para contratarlo más barato, siempre que la Autoridad de Aplicación competente -la Secretaría de Energía- habilitara el pass through (el traslado a los precios del aumento del dólar) a las tarifas.

En adelante, el interventor del organismo regulador podrá instruir a las distribuidoras a comprar el gas más barato, si es que determina que los precios no se ajustan a los criterios de «tarifas justas y razonables». Parte del Gobierno asegura que esta facultad era exclusiva e indelegable.

Uno de los considerandos de la norma justifica la medida: mediante una nota de la Compañía General de Combustibles (CGC, brazo petrolero de la Corporación América, de Eduardo Eurnekian) enviada en 2019, la empresa alegó que el diseño de la subasta de febrero del año pasado, como así también los términos y condiciones de la misma, «no aseguran el mínimo costo para los consumidores compatible con la seguridad del abastecimiento ni permiten la formación de precios óptimos para beneficio de los consumidores».

FUENTE: cronista.com