EMPRESAS
Crisis petrolera en Tierra del Fuego: Trabajadores de despedidos por Velitec denuncian meses de incertidumbre y ponen en jaque las promesas de Castillo y D’Alessio
Desde la empresa ALMAR denuncian que llevan meses atrapados entre suspensiones, contratos rescindidos y promesas que nunca terminaron de materializarse. El Gobierno había asegurado continuidad laboral y la nueva operadora había anunciado incorporaciones. Sin embargo, cientos de familias continúan esperando una solución. La pregunta ya no es qué se prometió: es dónde están los puestos de trabajo.
La denuncia publicada este lunes vuelve a abrir una herida que el Gobierno de Tierra del Fuego lleva meses intentando cerrar discursivamente: qué ocurrió realmente con los trabajadores de las empresas contratistas después de la salida de YPF y el desembarco de Terra Ignis y Velitec.
El Gobierno prometió continuidad laboral
El 8 de abril, la ministra Gabriela Castillo presentó públicamente el desembarco de Velitec como el comienzo de una “nueva etapa” para recuperar la producción hidrocarburífera.
Pero hubo algo más importante que el discurso productivo.
Castillo aseguró que el proceso se desarrollaba de manera ordenada y que el objetivo era “garantizar la continuidad operativa, sostener el empleo y mantener el vínculo con las contratistas”.
Ese compromiso es relevante porque posteriormente la realidad laboral comenzó a alejarse considerablemente de aquella fotografía oficial.
El Gobierno sabía que la salida de YPF no significaba solamente cambiar el nombre de la empresa operadora.
Detrás había cientos de trabajadores pertenecientes a contratistas, empresas de servicios, talleres, proveedores y estructuras que dependían de los contratos de la petrolera.
Y allí comenzó el problema.
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505 trabajadores contra 260
En mayo, el Sindicato de Petróleo y Gas Privado presentó ante legisladores provinciales una denuncia formal sobre la transición.
El gremio habló de una dotación de 505 trabajadores de empresas contratistas y denunció que el esquema acordado contemplaba la continuidad de solamente 260 puestos.
La diferencia era brutal:
245 trabajadores quedaban potencialmente afuera.
El sindicato reclamó entonces intervención institucional y garantías de continuidad laboral.
Esto resulta fundamental para entender la denuncia actual de ALMAR.
Porque ya en mayo existía una advertencia formal sobre el problema.
No fue una sorpresa.
No apareció de repente.
El conflicto estaba anunciado.
Y entonces apareció la primera contradicción
El 29 de mayo, Terra Ignis y Velitec salieron públicamente a negar que estuvieran impulsando despidos masivos.
Velitec sostuvo que no era empleadora de los trabajadores de las contratistas y que no tenía facultades para despedirlos.
También afirmó que no había promovido ni solicitado despidos masivos y aseguró que estaba incorporando mano de obra local.
El argumento empresarial era jurídicamente comprensible:
Velitec no es el empleador directo de los trabajadores de ALMAR.
Pero ahí aparece la pregunta política que el Gobierno todavía debe responder:
¿Quién diseñó la transición y quién debía garantizar que esa transición no destruyera el entramado laboral existente?
Porque una cosa es no despedir directamente.
Y otra muy distinta es rescatar contratos, servicios y trabajadores de una estructura anterior y reemplazarla por otra sin garantizar la continuidad efectiva de quienes dependían de ella.
ALMAR fue uno de los primeros casos concretos
A comienzos de junio, ALMAR comunicó a sus trabajadores suspensiones temporarias.
La empresa argumentó que la medida estaba vinculada con la rescisión y cancelación de contratos y órdenes de servicio de YPF y Velitec, que habían provocado la paralización de sus actividades.
Los telegramas referidos por medios locales indicaron suspensiones iniciales de 15 días, invocando el artículo 221 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Posteriormente, el problema se amplió.
Las informaciones publicadas durante junio hablaban de aproximadamente 280 trabajadores de ALMAR suspendidos, con esquemas de ingresos reducidos al 50% o 70%, y una situación que podía extenderse hasta octubre.
Es decir:
el trabajador no estaba despedido formalmente, pero tampoco estaba trabajando normalmente.
Quedaba atrapado en una especie de limbo laboral.
El Ministerio de Trabajo ya tenía el conflicto delante
El expediente 52053-2026 se convirtió en una pieza central de la crisis.
En la audiencia del 18 de junio, distintas contratistas ratificaron suspensiones.
Según la información difundida a partir del acta:
- HUINOIL mantenía trabajadores suspendidos.
- ALFA 80 informó suspensiones con pago reducido.
- ALMAR ratificó la suspensión de su personal.
- POLISER hizo lo propio.
- Terra Ignis y Velitec participaron de las instancias de negociación.
Esto demuestra que el Estado provincial tenía conocimiento institucional del conflicto.
No se trataba de rumores de redes sociales.
No era una denuncia aislada.
Existían expedientes y audiencias dentro del propio Ministerio de Trabajo.
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La promesa de los 260 trabajadores
El 17 de junio, en otra audiencia laboral, apareció un dato decisivo.
Velitec comprometió la incorporación de 260 trabajadores.
Pero la información publicada por Boca de Pozo a partir del acta de aquella audiencia también mostró un problema: YPF no concurrió y las empresas reclamaban información contractual para determinar responsabilidades y condiciones de la transición.
El gremio, además, había denunciado que trabajadores podían quedar obligados a abandonar sus empresas de origen para incorporarse a Velitec bajo nuevas condiciones.
Y entonces aparece una pregunta que atraviesa todo el conflicto:
¿Los 260 puestos fueron una garantía laboral o solamente el número mínimo necesario para mantener operativa la nueva estructura?
Porque no es lo mismo.
En julio dijeron que las reincorporaciones habían comenzado
El 14 de julio, el propio secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado, Luis Sosa, informó que había comenzado la reincorporación progresiva de los 260 trabajadores.
Según esa versión, el ingreso sería escalonado y se realizaría en grupos.
Esto podría haber cerrado el conflicto.
Pero no ocurrió.
Y la denuncia publicada ahora por InfoFueguina vuelve a demostrar que la incorporación de una parte de los trabajadores no significó que el problema laboral estuviera resuelto.
La pregunta incómoda para Castillo
Gabriela Castillo tenía una responsabilidad política particularmente importante en este proceso.
No solamente porque es ministra de Energía.
También porque participó públicamente en la presentación del nuevo esquema operativo.
El 8 de abril afirmó que la transición tenía como objetivo sostener el empleo y garantizar la continuidad operativa.
Por eso hoy corresponde preguntarle:
¿Cuántos de los trabajadores de las contratistas originales continúan efectivamente trabajando?
¿Cuántos fueron reincorporados?
¿Cuántos continúan suspendidos?
¿Cuántos aceptaron desvinculaciones?
¿Cuántos perdieron antigüedad?
¿Cuántos fueron efectivamente absorbidos por Velitec?
Y una pregunta todavía más sencilla:
¿Dónde están hoy los 500 puestos de trabajo que se utilizaron políticamente para justificar la transición?
Porque los números que fueron apareciendo después muestran una realidad bastante diferente.
D’Alessio también tiene que explicar su parte
Maximiliano D’Alessio no era un observador externo de esta operación.
Como presidente de Terra Ignis, estuvo directamente involucrado en el esquema que permitió que Velitec asumiera la operación.
El propio Gobierno informó en abril que Terra Ignis había seleccionado a Velitec luego de una convocatoria de inversores y que la empresa sería la encargada de operar las áreas mientras avanzaba la conformación definitiva de la UTE.
Por lo tanto, D’Alessio tiene que responder algo elemental:
¿Qué garantía laboral concreta estableció Terra Ignis antes de entregar la operación a Velitec?
Y si existía una garantía:
¿Dónde está el documento?
Porque si la respuesta es que Terra Ignis no era empleadora de los trabajadores de las contratistas, entonces la pregunta vuelve sobre el diseño político de la transición.
El argumento de “nosotros no despedimos” ya no alcanza
Este es probablemente el punto más importante de la investigación.
Velitec tiene razón en un aspecto formal: no es empleadora directa de los trabajadores de ALMAR.
Pero eso no responde al problema político.
Cuando una operadora rescinde o deja caer contratos que sostienen a empresas contratistas, la consecuencia económica puede ser una reducción de actividad, suspensiones o despidos aunque la operadora no envíe personalmente un telegrama de despido.
De hecho, el propio secretario general petrolero había explicado en junio que Velitec no había despedido directamente, pero que había dado de baja contratos de empresas contratistas y pretendía avanzar hacia nuevas licitaciones.
Por eso la discusión correcta no es:
“¿Velitec despidió a los trabajadores?”
La discusión es:
“¿Qué consecuencias laborales produjo el nuevo esquema de contratación y quién asumió la responsabilidad política por ellas?”
La contradicción más fuerte
La secuencia permite construir una cronología demoledora:
ABRIL:
Castillo habla de continuidad operativa y preservación del empleo.
MAYO:
El sindicato denuncia que de 505 trabajadores de contratistas solamente 260 tendrían continuidad.
FINES DE MAYO:
Terra Ignis y Velitec niegan despidos masivos y aseguran compromiso con el empleo local.
JUNIO:
ALMAR suspende trabajadores tras la rescisión de contratos y se profundiza la crisis.
JUNIO:
El Ministerio de Trabajo registra formalmente las suspensiones de distintas contratistas.
JUNIO:
Se acuerda la incorporación de 260 trabajadores.
JULIO:
Se anuncia que las reincorporaciones comenzaron progresivamente.
OCTUBRE:
Trabajadores de ALMAR vuelven a denunciar públicamente que continúan en una situación de incertidumbre y “manoseo”.
Entonces aparece la pregunta que debería encabezar cualquier pedido de explicaciones al Gobierno:
Si el problema estaba solucionado, ¿por qué los trabajadores siguen denunciándolo seis meses después?
La “soberanía energética” también se mide en puestos de trabajo
La administración provincial presentó la salida de YPF y la creación de Terra Ignis como un paso hacia una mayor autonomía energética.
Pero la soberanía energética no se mide solamente por quién figura en el título de una concesión.
También se mide por:
- producción;
- inversión;
- infraestructura;
- seguridad operacional;
- proveedores locales;
- trabajadores;
- salarios;
- continuidad empresarial;
- desarrollo regional.
Y especialmente por qué ocurre con las familias que durante décadas sostuvieron la actividad hidrocarburífera fueguina.
Si el resultado de la transición es que empresas locales pierden contratos, trabajadores quedan suspendidos y las familias pasan meses esperando definiciones, entonces el Gobierno tiene que explicar dónde quedó la prometida recuperación.
Un dato que no puede ser ignorado
La propia documentación periodística acumulada durante estos meses muestra que ALMAR no es un caso aislado.
También aparecieron conflictos alrededor de HUINOIL, ALFA 80, POLISER y otras contratistas. En junio, varias de ellas ratificaron suspensiones ante el Ministerio de Trabajo.
Por eso la denuncia de octubre adquiere otra dimensión.
No estamos hablando solamente de una empresa.
Estamos hablando del modelo laboral elegido para reemplazar a YPF en parte de la actividad hidrocarburífera fueguina.
El Gobierno debe mostrar los números
Después de seis meses de transición, ya no alcanza con comunicados.
Castillo, D’Alessio y Terra Ignis deberían publicar:
1. Cantidad de trabajadores existentes antes del traspaso.
2. Cantidad de trabajadores que continuaron.
3. Cantidad de trabajadores desvinculados.
4. Cantidad de trabajadores suspendidos.
5. Cantidad efectivamente incorporada por Velitec.
6. Cantidad incorporada desde las antiguas contratistas.
7. Condiciones de antigüedad reconocidas.
8. Salarios y encuadramientos convencionales.
9. Contratos rescindidos.
10. Nuevos contratos adjudicados.
11. Inversión efectivamente desembolsada por Velitec.
12. Estado actual de cada una de las empresas contratistas afectadas.
Porque hay una diferencia enorme entre decir que se preservó el empleo y poder demostrarlo con una planilla.
La pregunta final
La denuncia de los trabajadores de ALMAR obliga a revisar toda la narrativa oficial sobre la transición petrolera.
El Gobierno habló de continuidad.
Terra Ignis habló de recuperación.
Velitec habló de inversión y generación de empleo.
Se anunció la incorporación de 260 trabajadores.
Pero meses después siguen apareciendo trabajadores que denuncian incertidumbre, suspensiones y falta de respuestas.
Y entonces la discusión deja de ser solamente laboral.
Es una discusión de responsabilidad política.
Porque si Castillo y D’Alessio conocían desde mayo el riesgo que atravesaban las contratistas y sus trabajadores, pero aun así presentaron públicamente la transición como ordenada y capaz de garantizar el empleo, la pregunta periodística es inevitable: ¿se equivocaron, minimizaron el problema o vendieron como solución algo que todavía no estaba resuelto?
Eso no debe decidirlo un editorial.
Deben responderlo los documentos, los contratos y los números.
Y, sobre todo, los trabajadores.
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