EMPRESAS
Tierra del Fuego: El tribunal de Cuentas Provincial ordena una «Auditoría Integral» sobre Terra Ignis y pone la lupa sobre el Presidente Maximiliano D’Alessio
Con la Resolución Plenaria 144/2026, el organismo de control revisará desde el día cero la empresa que heredó los yacimientos de YPF. Entre honorarios sin transparentar, documentación «reservada» y una sociedad que se definió fuera de los controles estatales, la pregunta incómoda es por qué el control llega recién ahora.
El Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego puso en marcha una auditoría integral e interdisciplinaria sobre Terra Ignis Energía S.A., la sociedad que el gobierno de Gustavo Melella presentó como la herramienta de la «soberanía energética» fueguina. La Resolución Plenaria 144/2026, firmada el 3 de septiembre, aprueba el plan de trabajo, crea un grupo especial y fija un primer informe de avance para el 1° de diciembre.
El dato político está en el origen. La auditoría no nació de una denuncia: es un desprendimiento del control de la Cuenta de Inversión 2025, según el propio texto de la resolución. Es decir, el control ordinario encontró motivos suficientes para ordenar una revisión integral desde la creación de la empresa.
Qué se va a revisar
El alcance es amplio: capital social, accionistas, aportes sin capitalizar, cumplimiento ante la Inspección General de Justicia y consecuencias de las irregularidades «que en su caso se detecten». El plan incluye campos societario, laboral, previsional, tributario, financiero, comercial y operativo. En lo societario, ordena verificar los libros obligatorios y las aprobaciones asamblearias de los estados contables y de la gestión de directores y síndicos.
Entre los puntos del plan que apuntan directo al Directorio:
- Directores y síndicos: se evaluará la procedencia de las designaciones, la «necesaria calidad de funcionario público», las remuneraciones habilitadas y las incompatibilidades.
- La figura de «Directora Ejecutiva»: el plan pide analizar su encaje estatutario y compararla con lo que dice la Ley General de Sociedades sobre las facultades del directorio y el rol de los gerentes.
- Poderes: se relevará quién tiene poderes para obligar a la sociedad y si pueden actuar en simultáneo con el órgano directivo.
- Estatuto contra ley de creación: se buscarán «incongruencias» entre la Ley 1423 y el estatuto, y sus implicancias.
- Plata pública: se analizará la totalidad de aportes, transferencias y subsidios recibidos, con su origen.
Un anexo agregado por el Plenario suma más puntos: control interno, auditoría interna, presupuesto y desvíos, compras y contrataciones bajo el régimen del Estado, inventario y seguros de activos críticos, sistemas, juicios y contingencias. Cierra con una pregunta de fondo: si la empresa necesita aportes estatales para mantener su funcionamiento.
El expediente Velitec
La auditoría llega justo cuando Terra Ignis asumió, a partir del 1° de enero de 2026, la operación de las concesiones Lago Fuego, Los Chorrillos y Tierra del Fuego tras la salida de YPF. Allí aparece Velitec S.A., identificada públicamente como socio operador.
La ministra de Energía, Gabriela Castillo, explicó en abril que el contrato con Velitec incluía seis meses de operación inicial, durante los cuales se definiría la condición societaria y la UTE junto con Terra Ignis y otros capitales. Esos seis meses se cumplen ahora, y a esta altura la sociedad debería saber con quién y bajo qué condiciones opera. El documento del Tribunal prevé verificar si la empresa tiene concesiones, contratos y permisos, y si hizo acuerdos de asociación con terceros.
Un presidente con muchas sillas
Maximiliano D’Alessio ya era una figura de múltiples funciones antes de la auditoría. Cuando se debatía el rol de Terra Ignis, se lo describía como presidente del directorio, secretario de Representación Oficial en Buenos Aires y director del FAMP-Fueguina. Según publicó la prensa local, además de presidente, director y gerente general, en 2026 fue designado para representar a Tierra del Fuego en el Directorio de YPF.
El Tribunal de Cuentas ya había fijado criterio ante una consulta de la propia empresa: los directores y síndicos que representan al Estado son funcionarios públicos y, si cobran honorarios mientras perciben otra remuneración estatal, pueden quedar alcanzados por la prohibición constitucional de acumular empleos públicos rentados. El mismo expediente confirma que Terra Ignis aprobó adelantos de honorarios para directores y síndicos en 2026, pero no individualiza los montos. e
Ese es el punto a aclarar: ¿cuánto cobró cada director, por qué concepto y desde cuándo? La empresa tiene que responder, y la resolución 144 ordena auditar justamente remuneraciones e incompatibilidades.
Transparencia a medias
En junio, ante un pedido de informes de la Legislatura, la empresa mantuvo en reserva los procedimientos internos específicos de contratación y sostuvo que la información está disponible para los directores y el síndico propuestos por la Legislatura, que están sujetos a confidencialidad. Una sociedad que administra recursos públicos y hereda áreas petroleras de la provincia le niega a los legisladores justo el detalle de cómo contrata.
La defensa histórica del esquema también merece una lectura crítica. En 2025, el síndico Rafael Pereyra explicó que la ley de creación dejó a Terra Ignis fuera de las empresas del Estado con fiscalización estatal, por lo que la ley de procedimiento administrativo no le es aplicable. Hoy, el Tribunal incorpora a su plan el análisis del cumplimiento del régimen de compras y contrataciones del Estado. Habrá que ver cuál de las dos lecturas prevalece, y qué consecuencias tiene si la empresa se movió con las ventajas de lo público sin los controles correspondientes. El proyecto original además preveía eximir a la sociedad de Sellos, Ingresos Brutos y otros tributos.
El antecedente que pesa
En 2025, el Tribunal desestimó una denuncia de la ex síndica Ana Carro. Entonces consideró que la sociedad había actuado, «aunque con algunos desbordes», conforme a la normativa vigente. Un año y medio después, el mismo organismo ordena una auditoría integral desde el origen. Más allá de lo que surja, el cambio de postura obliga a preguntar qué se vio en la Cuenta de Inversión 2025 que antes no se veía.
Las preguntas que Castillo y D’Alessio deben responder
- ¿Cuánto percibió cada director y síndico en 2026 y cuántos acumulan otros ingresos del Estado?
- ¿Qué es exactamente la «Directora Ejecutiva» y en qué cláusula estatutaria se apoya?
- ¿Cuál es el estado de la UTE con Velitec ahora que se cumplen los seis meses iniciales y quiénes serán los otros capitales?
- ¿Cuánto dinero público recibió Terra Ignis desde 2022 y cómo se aplicó?
- ¿Puede sostenerse sin aportes del Tesoro provincial?
- ¿Por qué se reservaron los procedimientos de contratación frente a un pedido de la Legislatura?
La resolución obliga al presidente, a los directores y a los síndicos a designar en cinco días un referente de enlace ante el grupo auditor. Cumplir ese plazo y entregar la información completa será la primera señal de transparencia.
Las debilidades del propio control
El Tribunal también deja flancos. El texto del anexo sobre el funcionamiento del grupo parece reciclado de otros trabajos: habla de un «estudio actuarial» y de un grupo «especial control de deuda pública» en una auditoría que no tiene que ver con eso. El Informe Contable que se anexa conserva una leyenda de plantilla («Elimine este texto por defecto…»). Son errores de forma, pero en un organismo cuya autoridad se apoya en el rigor, importan. Además, el plan prevé cronogramas de hasta 30 días por campo de análisis y un solo informe de avance en diciembre, un ritmo ajustado para una empresa con operación petrolera propia.
Qué sigue: el grupo, coordinado por el auditor fiscal Lisandro Capanna y con asesoramiento en hidrocarburos y pasivos ambientales, deberá presentar su avance el 1° de diciembre. Ahí se verá si la auditoría llega a las cuentas, los contratos y los cargos, o si queda en un trámite administrativo.
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