El VS PROMISE operó en Río Cullen, cargó petróleo producido en Tierra del Fuego y luego amarró en Ushuaia. El Gobierno de Melella responsabilizó a Nación, pero la propia operación hidrocarburífera se desarrolló bajo jurisdicción provincial. La responsabilidad política alcanza ahora a la conducción energética de la Provincia.

Hay momentos en los que una fotografía vale más que mil discursos.

En Ushuaia, capital de la provincia que constitucionalmente se reconoce como parte de la Nación Argentina y cuyos límites incluyen las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes, un buque petrolero de bandera británica terminó amarrado frente a una ciudad que lleva décadas construyendo su identidad alrededor de la defensa de la soberanía argentina en el Atlántico Sur.

El buque es el VS PROMISE.

Y la pregunta ya no es solamente por qué la Nación permitió que ingresara al puerto de Ushuaia.

La pregunta es mucho más incómoda: ¿cómo llegó hasta allí un buque británico que previamente había operado en Río Cullen, cargando petróleo producido en la propia Tierra del Fuego, sin que las autoridades provinciales de Energía e Hidrocarburos adoptaran medidas preventivas?

Porque el caso dejó de ser exclusivamente un conflicto entre Gustavo Melella y Javier Milei. Ahora hay que mirar hacia adentro.

El que no e guardó absolutamentre nada fué el ex secretario de energia de Tierra del Fuego Moisés Solorza

«La responsabilidad política es ineludible por parte del Gobernador Melella y deben desplazar a Castillo y Balderrama por incumplir misiones y funciones para que un buque inglés no nos pase por las narices»

Y particularmente hacia quienes tienen responsabilidades concretas sobre la política energética e hidrocarburífera de la provincia: la ministra de Energía, Gabriela Castillo, y la secretaria de Hidrocarburos, Julieta Balderrama.

Un buque británico en la provincia que reclama soberanía sobre Malvinas

El episodio provocó un fuerte repudio del Gobierno de Tierra del Fuego.

Melella cuestionó que una embarcación británica opere en Ushuaia mientras el Reino Unido mantiene la ocupación de las Islas Malvinas y otros territorios cuya soberanía reclama la Argentina. El planteo provincial tiene un fundamento político e histórico evidente.

Tierra del Fuego tiene además una herramienta jurídica específica: la Ley Provincial 852, conocida como Ley Gaucho Rivero, sancionada en 2011, que establece restricciones para la permanencia, amarre y abastecimiento de determinados buques vinculados con intereses británicos. La norma fue concebida precisamente dentro de la política provincial de reafirmación de los derechos argentinos sobre el Atlántico Sur.

La propia historia de la norma demuestra que no se trata de una declaración simbólica. En 2012, durante la gestión de Fabiana Ríos, las autoridades provinciales utilizaron la legislación para impedir el ingreso de buques británicos al puerto de Ushuaia.

Por eso, la imagen del VS PROMISE amarrado en Ushuaia tiene una carga política extraordinaria.

Pero existe algo todavía más grave.

El problema no comenzó en Ushuaia.

El petróleo fueguino estaba primero

De acuerdo con la información publicada por Agenda Malvinas y posteriormente recogida por distintos medios, el VS PROMISE había operado previamente en la terminal petrolera de Río Cullen, en el norte de la Isla Grande de Tierra del Fuego.

La embarcación, de aproximadamente 228 metros de eslora y con capacidad para transportar alrededor de medio millón de barriles, estuvo vinculada a las operaciones de carga de petróleo en esa terminal.

Río Cullen no es un detalle geográfico. Es una infraestructura estratégica de la industria hidrocarburífera fueguina.

Y aquí aparece la primera gran contradicción. Mientras el Gobierno provincial denuncia públicamente que un buque británico ingresó a Ushuaia, ese mismo buque había participado previamente de una operación hidrocarburífera vinculada con petróleo extraído en Tierra del Fuego.

Más aún: el Gobierno nacional respondió que la monoboya de Cullen se encuentra bajo jurisdicción provincial y que el ingreso del buque a esa operatoria contó con aval de las autoridades fueguinas.

Si esa interpretación es correcta —y hasta ahora no fue desmentida documentalmente por la Provincia— aparece una pregunta inevitable:

¿Dónde estaban los controles de la Secretaría de Hidrocarburos?

La Secretaría de Hidrocarburos está encabezada por Julieta Balderrama, cuya función dentro del Gobierno provincial está directamente vinculada con la política hidrocarburífera. Documentación oficial de la provincia registra a Balderrama como titular del organismo.

Y Gabriela Castillo ocupa la conducción política del área energética.

Ambas, por lo tanto, tienen responsabilidades institucionales que no pueden ser ignoradas en una discusión que involucra precisamente una operación petrolera desarrollada dentro del territorio provincial.

El Gobierno provincial acusa a Nación, pero Nación devuelve la pelota

La respuesta del Gobierno nacional modificó radicalmente el escenario político.

El vocero presidencial Adrián Ravier sostuvo que el VS PROMISE había cargado petróleo en Río Cullen y que posteriormente había pasado por Ushuaia para aprovisionarse. Y agregó un dato políticamente explosivo:

la monoboya de Cullen se encuentra bajo jurisdicción provincial.

¿Por qué la Provincia permitió que ese buque operara en Cullen si entendía que su presencia era incompatible con la política soberana fueguina?

Y esa pregunta exige respuestas de Castillo y Balderrama.

Gabriela Castillo: ¿dónde estaba la política energética?

La ministra Gabriela Castillo concentra desde hace años importantes responsabilidades dentro de la administración de Gustavo Melella y actualmente conduce el área energética provincial.

Por eso, la controversia no puede reducirse a una pelea política con la Casa Rosada.

Si la Provincia considera que el ingreso u operación de determinados buques británicos es incompatible con sus políticas de soberanía, corresponde saber:

¿existían protocolos específicos?

¿Se notificó a los consorcios petroleros que operan en Tierra del Fuego?

¿Se instruyó a las empresas sobre las restricciones derivadas de la Ley 852?

¿La Secretaría de Hidrocarburos recibió información previa sobre el arribo del VS PROMISE?

¿Quién autorizó la operación en Cullen?

¿Qué organismo provincial controló la documentación del buque?

¿Se verificó su bandera y titularidad?

¿Se comunicó previamente la operación a la Dirección Provincial de Puertos?

Y existe una pregunta todavía más elemental:

¿Por qué nadie en la estructura energética provincial advirtió que un petrolero británico estaba operando sobre petróleo fueguino?

No estamos hablando de una embarcación pequeña que apareció sorpresivamente en el Canal de Beagle.

Estamos hablando de un petrolero de 228 metros de eslora, con una capacidad de aproximadamente 500.000 barriles de crudo, que estuvo vinculado con una terminal petrolera estratégica de la provincia.

Difícilmente pueda sostenerse que se trató de una presencia imposible de detectar.

Julieta Balderrama y una pregunta sobre la continuidad de funcionarios

El caso también vuelve a poner bajo la lupa a Julieta Balderrama.

Balderrama no es una funcionaria recién llegada al área. Su nombre aparece vinculado a la estructura hidrocarburífera provincial desde hace años y documentación oficial de 2020 ya la registraba como subsecretaria de Hidrocarburos.

Actualmente continúa al frente de la Secretaría de Hidrocarburos y participa junto a Castillo en decisiones vinculadas con la política petrolera provincial.

Esto alimenta una discusión política que excede al episodio del VS PROMISE:

No alcanza con culpar a Milei

Desde una perspectiva estrictamente política, Melella tiene argumentos para cuestionar la intervención nacional del puerto de Ushuaia.

Pero hay algo que un gobierno provincial responsable debe hacer:

asumir su propia parte de responsabilidad.

La pelea con Milei no puede convertirse en una cortina de humo para evitar explicar qué ocurrió dentro de Tierra del Fuego.

Porque si el buque efectivamente operó en Cullen bajo jurisdicción provincial, como sostiene el Gobierno nacional, entonces la Provincia debe explicar qué hicieron sus organismos de control.

Y si la Provincia considera falsa esa versión, debe mostrar los documentos que lo demuestren.

No alcanza con comunicados.

No alcanza con indignación.

No alcanza con banderas.

Hay que mostrar expedientes, autorizaciones, informes, protocolos y responsables.

¿Quién controla a quienes controlan el petróleo?

Solorza y el pedido de apartamiento

El exsecretario de Energía de Tierra del Fuego Moisés Solorza ha formulado críticas severas sobre la conducción energética provincial y ha cuestionado públicamente la actuación de funcionarios del área.

En ese contexto, y desde su perspectiva política, corresponde consignar su reclamo de que Castillo y Balderrama sean apartadas de sus cargos ante lo que considera incumplimientos de las responsabilidades funcionales.

Pero periodísticamente hay que ser precisos:

esa es una valoración y un pedido político de Solorza, no una conclusión administrativa o judicial que pueda presentarse como un hecho probado.

La discusión, sin embargo, es absolutamente válida.

Si se demuestra que funcionarios responsables conocían la operación y no adoptaron medidas preventivas, habrá que determinar las responsabilidades administrativas y políticas correspondientes.

Y si no la conocían, entonces surge una pregunta todavía más incómoda:

¿Qué clase de sistema de control hidrocarburífero tiene Tierra del Fuego si la máxima autoridad del área no sabía que un petrolero de 228 metros estaba operando en una terminal petrolera provincial?

En cualquiera de los dos escenarios hay un problema de gestión que requiere explicaciones.

La soberanía se defiende antes de que el barco llegue

El VS PROMISE dejó una enseñanza incómoda.

La soberanía no se defiende solamente contra Javier Milei.

Tampoco se defiende solamente contra el Reino Unido.

Se defiende administrando correctamente el territorio propio.

Se defiende controlando los recursos naturales.

Se defiende fiscalizando las terminales.

Se defiende haciendo cumplir las leyes provinciales.

Se defiende con funcionarios que sepan dónde están los barcos que cargan el petróleo producido en la provincia.

Y, fundamentalmente, se defiende evitando que el Estado se entere de una operación estratégica cuando ya ocurrió.

El Gobierno de Melella tiene derecho a cuestionar la intervención nacional del puerto de Ushuaia.

Pero ese derecho no lo exime de responder por lo que ocurre bajo jurisdicción provincial.

La soberanía no puede ser una bandera que se levanta contra Nación y se baja frente a los consorcios petroleros.

Y tampoco puede convertirse en una herramienta de disputa política mientras los controles administrativos fallan.

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Una pregunta final para el gobernador

Gustavo Melella tiene ahora una oportunidad.

No de emitir otro comunicado.

De abrir los expedientes.

De mostrar las autorizaciones.

De explicar quién permitió la operación del VS PROMISE en Cullen.

De decir qué sabía la Secretaría de Hidrocarburos.

De explicar qué sabía la ministra de Energía.

De informar qué instrucciones recibieron los consorcios petroleros.

Y de determinar responsabilidades.

Porque si hubo una autorización correcta y legal, habrá que mostrarla.

Si hubo un vacío normativo, habrá que corregirlo.

Si hubo negligencia, habrá que sancionarla.

Y si hubo funcionarios que incumplieron sus responsabilidades, deberán responder políticamente.

Pero lo que no puede ocurrir es lo que ya ocurrió demasiadas veces en la Argentina:

que después del escándalo todos descubran que nadie era responsable.

El VS PROMISE ya pasó.

El barco podrá irse.

El petróleo también.

Pero las preguntas quedan.

Y esas preguntas tienen nombres y apellidos.

¿Quién controla el petróleo fueguino?

¿Quién controla a los consorcios?

¿Quién controla las terminales?

Y, sobre todo:

¿Quién estaba mirando cuando un buque británico vino a buscar el petróleo producido en la propia Tierra del Fuego?

Porque la soberanía no se declama.

La soberanía se administra y se defiende

Y cuando falla la administración, no alcanza con el repudio.

Hay que asumir responsabilidades.

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