EMPRESAS
Tierra del Fuego desafía al DNU de Milei: las Sociedades del Estado provinciales seguirán bajo control público
El Gobierno de Gustavo Melella resolvió que las empresas estatales de la provincia y los municipios no deberán transformarse en sociedades anónimas, marcando una posición institucional de defensa de la autonomía provincial frente a las disposiciones del Ejecutivo nacional.
Tierra del Fuego reafirma su autonomía jurídica frente al DNU 70/23
El Gobierno de Tierra del Fuego resolvió que las Sociedades del Estado provinciales y municipales continuarán funcionando bajo esa figura jurídica y no deberán transformarse en sociedades anónimas, tal como dispone el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23 impulsado por el presidente Javier Milei.
La decisión fue adoptada a través de una resolución del Ministerio de Bienestar Ciudadano y Justicia, que interpretó que la obligación establecida por el DNU solo alcanza a las empresas con participación estatal nacional, descartando así la aplicación automática de la norma en el ámbito provincial.
Una respuesta institucional a la intimación de la IGJ
El pronunciamiento del Ejecutivo fueguino se produjo tras una intimación de la Inspección General de Justicia (IGJ) provincial a Ushuaia Integral Sociedad del Estado (UISE), a la que se le exigía en un plazo de 30 días la documentación para transformarse en sociedad anónima, bajo apercibimiento de cancelar su inscripción.
Frente a esa medida, UISE interpuso un recurso administrativo en el que cuestionó la validez y el alcance del DNU presidencial, señalando que el mismo no fue ratificado por el Congreso Nacional, por lo que no alcanzó el rango de ley formal. Además, el organismo argumentó que la derogación de la Ley 20.705 —que regula las Sociedades del Estado— no puede afectar a las entidades provinciales o municipales, cuyas potestades de organización están garantizadas por la Constitución Nacional.
Fundamentos jurídicos y autonomía provincial
En su análisis, el Ministerio provincial consideró las disposiciones del DNU 70/23, los Decretos 553/24 y 1120/24, la Ley de Sociedades Comerciales 19.550 y la Ley Bases 27.742, sancionada en 2024.
El dictamen concluye que la obligación de transformación solo resulta aplicable a empresas con participación del Estado nacional, dado que una interpretación diferente “implicaría una franca contradicción entre los artículos 48 y 49 del DNU 70/23”.
“El artículo siguiente carecería de sentido si todas las sociedades estatales debieran transformarse”, señala el texto, que también destaca que la Ley Bases —posterior al DNU— reconoce expresamente la existencia de las sociedades estatales, reforzando la vigencia de la figura creada por la Ley 20.705.
En consecuencia, la resolución deja sin efecto la intimación cursada a UISE y establece que la obligación de transformación prevista por el DNU no resulta aplicable en el territorio fueguino a las sociedades estatales provinciales o municipales.
Asimismo, se instruyó a la IGJ provincial para que no inicie nuevos procesos de cancelación de inscripción sin un dictamen jurídico previo y la autorización de su máxima autoridad.
Una señal política tras las elecciones
La medida fue difundida apenas 24 horas después de las elecciones legislativas de medio término, en las que el oficialismo nacional obtuvo una victoria en Tierra del Fuego.
En ese contexto, la resolución adquiere una dimensión política e institucional relevante: Tierra del Fuego se convierte en la primera provincia en fijar formalmente su posición frente al DNU 70/23, reivindicando su autonomía normativa frente a las decisiones del Poder Ejecutivo Nacional.
Impacto nacional y defensa del modelo público
La postura del Ejecutivo fueguino podría marcar precedente para otras provincias que mantienen empresas bajo la figura de Sociedad del Estado, como Santa Fe, Córdoba o Neuquén, y reabrir el debate sobre los límites del poder reglamentario nacional en relación con la autonomía provincial.
Además de la discusión jurídica, la medida envía una señal política clara en un contexto de tensión creciente entre la Casa Rosada y los gobiernos provinciales, especialmente en materia de recursos, coparticipación y control de empresas estratégicas.
Desde el Ejecutivo provincial remarcan que la decisión busca proteger el carácter público de las empresas estatales y garantizar que sigan cumpliendo su función social en áreas sensibles como transporte, energía, servicios urbanos y comunicación.
Con esta resolución, Tierra del Fuego ratifica su compromiso con la gestión pública y la autonomía institucional, en contraposición a la tendencia de privatización impulsada desde el Gobierno Nacional.
La decisión fueguina no sólo tiene implicancias jurídicas, sino que también se inscribe en una disputa política de fondo: la defensa del federalismo frente al avance centralista del poder económico y político nacional.
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