Riesgoso: Sin ninguna experiencia anterior, Terra Ignis supervisará el cierre de 107 pozos de petróleo y gas que abandona YPF.

Una provincia sin capacidad para auditar ni controlar cierres de pozos hidrocarburíferos deja la remediación ambiental en manos de funcionarios sin formación ni experiencia técnica

Por BocaDePozo.com.ar

Una provincia sin capacidad para auditar ni controlar cierres de pozos hidrocarburíferos deja la remediación ambiental en manos de funcionarios sin formación ni experiencia técnica

El reciente anuncio del gobierno de Tierra del Fuego de que supervisará el cierre de 107 pozos de petróleo y gas que ya terminaron su vida útil encierra una contradicción alarmante: quienes asumirán la fiscalización de esta delicada operación carecen de respaldo técnico, experiencia ni trayectoria en la materia para garantizar que se haga con criterios ambientales, de seguridad y de cumplimiento normativo.

En rigor, el plan —presentado como parte de un acuerdo entre YPF y la empresa estatal Terra Ignis Energía S.A.— se basa en que empresas de servicio realicen trabajos de sellado definitivo de los pozos (punzado, cementación, verificación de niveles), pero bajo la “fiscalización permanente” de la provincia. Como si bastara con contabilidad y discursos políticos para garantizar que un pozo quede aislado correctamente y que no haya futuros pasivos ambientales.

La gran pregunta que nadie responde: ¿quién realmente sabe qué hacer?

Cerrar pozos hidrocarburíferos es un proceso técnico de alta complejidad: requiere conocimientos de ingeniería petrolera, de geología, de gestión de riesgos ambientales y de procedimientos regulados internacionalmente para evitar contaminación de acuíferos, suelos y atmósfera. No es una tarea que se resuelva con buenos deseos ni discursos.

Y sin embargo, en este proceso la autoridad que “fiscalizará” no es un cuerpo técnico especializado ni un ente autónomo con peritos propios: es la estructura organizativa del Estado provincial, representada en el directorio de una empresa pública que en la práctica no ha operado jamás campos hidrocarburíferos ni tiene antecedentes técnicos demostrables.

Terra Ignis: una estatal sin historia y sin músculo técnico

Terra Ignis Energía S.A. fue creada en 2022 como la empresa estatal fueguina destinada a hacerse cargo de áreas hidrocarburíferas que YPF abandonara o cediera, con la ambiciosa meta de asegurar “soberanía energética” provincial. Pero la impronta de su directorio refleja política antes que técnica:

• Su presidente, Maximiliano D’Alessio, es un funcionario cercano al gobernador sin trayectoria en exploración, producción o remediación petrolera.
• El resto de los directores están en su mayoría ligados a la política local y a estructuras partidarias, sin experiencia comprobada en hidrocarburos, ingeniería ambiental o gestión de pasivos.
• La empresa hasta hoy no produjo ni operó un solo pozo por cuenta propia, ni tiene infraestructura, equipo técnico propio ni base de datos de pasivos ambientales históricos.

Expertos en la materia han advertido públicamente que, ante este panorama, Terra Ignis corre el riesgo de transformarse en mero intermediario o “controlador” pasivo de empresas contratistas externas, sin capacidad de evaluar, auditar o cuestionar técnicamente la calidad del trabajo realizado.

Ministerio de Energía en manos de una funcionaria sin formación específica

Agravando el cuadro, la función de llevar adelante la política energética provincial —incluida la supervisión de este plan de abandono de pozos— recae en una figura que no tiene formación técnica ni antecedentes en el sector: Gabriela Castillo, actual Ministra de Obras y Servicios Públicos de Tierra del Fuego, quien también subroga la cartera de Energía y forma parte del directorio de Terra Ignis.

Castillo fue designada en esa triple función por decreto, pese a que su experiencia pública está vinculada principalmente a la pobre gestión de obras públicas y a recorridos protocolares institucionales, no a ingeniería energética ni a hidrocarburos. Ese acumulado de roles concentra poderes decisionales sin que exista evidencia clara de que posea capacitación técnica para supervisar operaciones de alta especialidad como el cierre ambiental de pozos petroleros.

Control interno debilitado: renuncia de la síndica y ausencia de contrapesos

El escenario se vuelve aún más preocupante cuando se observa que la síndica titular de Terra Ignis presentó su renuncia recientemente advirtiendo que no pudo ejercer control sobre los ejercicios societarios de 2024 y 2025, precisamente cuando la empresa está absorbiendo un déficit anual estimado en 80 millones de dólares derivado del traspaso de pasivos de YPF.

La renuncia de la síndica no fue casual: su informe expone que no se pudo realizar control institucional adecuado, lo que deja en evidencia la falta de mecanismos sólidos de auditoría, transparencia y contralor interno justo en el momento en que la empresa estatal está asumiendo compromisos millonarios y responsabilidades ambientales de enorme envergadura.

El anuncio oficial vs la realidad técnica

Mientras la propaganda oficial repite que este plan es parte de una “estrategia de ordenamiento productivo y remediación ambiental” y que los trabajos se desarrollarán con mano de obra local bajo la responsabilidad operativa de YPF y la fiscalización provincial, la pregunta que pocos responden con datos es quién audita realmente la calidad de ese sellado de pozos y con qué criterios científicos o técnicos.

¿Se están cuantificando los pasivos ambientales? ¿Se cuentan con estudios de impacto? ¿Quién valida que el sellado final cumpla los requisitos de la normativa vigente? ¿Existe equipo propio para verificar ejecuciones y muestreos ambientales? Las respuestas oficiales son evasivas o directamente inexistentes.

La gran paradoja: “fiscalizar” sin capacidad para auditar

En un contexto donde la industria hidrocarburífera enfrenta una profunda crisis de inversiones —como lo demuestra la salida de operadores históricos y el repliegue de YPF de muchas áreas tradicionales—, la decisión de poner el control ambiental en manos de un ente estatal sin experiencia técnica es, por decir lo menos, una irresponsabilidad institucional.

Lejos de ser una iniciativa destinada a proteger el ambiente y garantizar el cumplimiento normativo, se parece cada vez más a una transferencia de responsabilidades sin respaldo operativo ni técnico, que puede terminar en pasivos ambientales no resueltos, incumplimientos normativos o incluso responsabilidades legales futuras para la provincia.

La decisión de que la provincia de Tierra del Fuego supervise el cierre de cien pozos petroleros no debería limitarse a una foto oficial o a un titular festivo: requiere seriedad técnica, transparencia pública y capacidades operativas concretas.

Pero lo que exhibe la realidad es una estructura improvisada: una empresa estatal nacida al calor de decisiones políticas, directivos sin experiencia en hidrocarburos, una ministra sin formación específica en energía y un órgano de control interno debilitado que acaba de renunciar.

Más que un “plan ordenado”, esto parece un cortocircuito de responsabilidades que deja al ambiente y a la población en manos de gestores que hoy no están preparados para lo que el desafío exige.