Denuncias contra la Cooperativa Eléctrica de Río Grande: En los próximos días se sabría qué juez tomará la causa.

La denuncia que sacudió a la Cooperativa Eléctrica de Río Grande fue presentada a mediados de junio de 2025 por un ex empleado (con patrocinio de la abogada Adriana Varisco) y apunta a presuntas irregularidades en la administración de fondos de la entidad cooperativa. El expediente, de más de treinta páginas según los medios locales, contiene imputaciones que van desde la malversación de fondos y defraudación hasta la posible asociación ilícita y negociaciones incompatibles.

¿A quiénes se señala?

La presentación apunta a al menos tres responsables de la gerencia/directorio de la Cooperativa: Santiago “Paqui” Barrientos (gerente), Ramiro Segundo Santana (subgerente) y Ezequiel Krok (contador) —nombres que figuran en las publicaciones locales como los principales imputados—.

¿Qué pide la denuncia?

Según la denuncia, habría “maniobras fraudulentas” relacionadas con desvío y malversación de caudales, uso indebido de fondos y omisiones en la función de control. El escrito solicitó medidas de prueba, allanamientos y la intervención judicial para acceder a documentación que, según la parte denunciante, probaría el vaciamiento o el uso indebido de recursos de la cooperativa.

Estado procesal: entre la Justicia Federal, la provincial y el Superior Tribunal

• La denuncia fue inicialmente presentada ante la Justicia Federal de Río Grande, que valoró el planteo pero resolvió declararse incompetente para intervenir. La razón formal fue que, según el Juzgado Federal y el Ministerio Público Fiscal, los hechos denunciados no revisten carácter federal (no afectan intereses o bienes del Estado nacional ni la red eléctrica nacional) y por eso la investigación corresponde al fuero ordinario provincial. El expediente fue remitido a la jurisdicción provincial.
• En la órbita provincial la causa tampoco quedó tramitando de inmediato: la jueza de instrucción provincial (Cecilia Cataldo, según varias notas) se declaró incompetente por cuestión territorial/procesal y elevó el expediente al Superior Tribunal de Justicia de la provincia para que allí se determine la competencia definitiva y —en su caso— se asigne el juzgado que deberá llevar adelante la investigación. Mientras tanto, la causa permanece bajo secreto de sumario.

Medidas solicitadas por el fiscal y medidas ya tomadas

Fuentes locales consignan que el fiscal (se menciona en medios locales distintos pedidos de medidas) ya solicitó numerosas medidas de prueba —incluyendo pedidos de allanamiento y requerimientos documentales— y que hubo una orden de presentación para que la Cooperativa entregue documentación relevante para la investigación. Las partes y sus representantes legales han señalado que la documentación fue aportada.

Mediatización y posiciones encontradas

La causa tomó visibilidad pública y mediática: el abogado defensor de los imputados, Dr. Francisco Ibarra, declaró públicamente que “no hay prueba” y reclamó la notificación formal de derechos y garantías antes de cualquier difusión; por su parte la abogada denunciante (Adriana Varisco) y ex funcionarios, como Mario Cairella, insistieron en que hay indicios suficientes para investigar y solicitaron allanamientos y medidas cautelares. La situación derivó en confrontaciones políticas y demandas de impulso judicial por parte de actores locales.

¿Qué falta ahora y por qué “en los próximos días” se conocería el juez que llevará la causa?

Tras las declinaciones sucesivas de competencia (primero el fuero federal, luego —por cuestiones territoriales— el juzgado provincial de turno), el expediente quedó en manos del Superior Tribunal de Justicia provincial, que es el órgano encargado de resolver el incidente de competencia y designar el juzgado competente o devolver la competencia al fuero que corresponda. Varios medios locales y fuentes judiciales coinciden en que el trámite en el Superior Tribunal debería culminar próximamente y que en los próximos días se definirá qué juzgado (y por ende qué juez) asumirá la instrucción formal de la causa. Mientras tanto rige el secreto de sumario y las actuaciones siguen con las medidas de prueba solicitadas al fiscal.

Nota importante: algunos medios destacan que, pese a la urgencia de la investigación, la causa lleva semanas sin juez asignado y que esa demora complica el avance de las pesquisas; otros subrayan que la remisión al Superior Tribunal obedece a trámites procesales habituales cuando hay discusión sobre competencia territorial. En este punto los plazos dependen de la agenda del STJ y de la resolución del incidente que eleve o distribuya la causa.

La denuncia contra la Cooperativa Eléctrica de Río Grande plantea acusaciones graves —malversación, defraudación y posible asociación ilícita— contra la cúpula administrativa de la entidad. El trámite procesal ha transitado desde la Justicia Federal (que se declaró incompetente) hacia la Justicia Provincial y, por cuestiones de competencia, se encuentra ahora en el Superior Tribunal de Justicia provincial. Según las fuentes locales, se espera que en los próximos días el STJ decida qué juzgado asumirá la investigación, lo que permitirá que la causa tenga finalmente un juez de instrucción que impulse las medidas pendientes y concrete las pruebas solicitadas. Hasta entonces, rige el secreto de sumario y la investigación continúa con la actividad probatoria realizada a partir de los requerimientos del fiscal.

www.bocadepozo.com.ar