CRIPTOS
Cristoestafa: La justicia estadounidense apuntó a los Milei y a su entorno por los millones que generó $LIBRA

La jueza federal Jennifer Rochon rechazó un pedido de embargo de fondos internacionales al considerar que los activos de la criptomoneda $LIBRA no pertenecerían al Estado argentino como tal. En su resolución insinuó que los beneficiarios podrían ser el presidente Javier Milei, su hermana Karina o el empresario Hayden Davis.
La Justicia de Estados Unidos metió ruido en la Casa Rosada. La jueza Jennifer Rochon, del Distrito Sur de Nueva York, desestimó el pedido de cuatro fondos internacionales que buscaban investigar si los millones generados por la criptomoneda $LIBRA podían ser embargados como parte de los activos del Estado argentino. Pero lo que realmente sacudió el expediente fue el argumento con el que la magistrada rechazó la solicitud: afirmó que los fondos “podrían pertenecer al propio Milei, a su hermana Karina o al empresario Hayden Davis”, y no a la República Argentina.

Los fondos Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group y Virtual Emerald International Limited habían solicitado autorización para obtener pruebas en Estados Unidos, con la intención de vincular al país con los ingresos generados por el proyecto digital impulsado por Davis y promocionado por Milei en la red social X. Sin embargo, Rochon consideró que las evidencias presentadas eran endebles y basadas en “artículos periodísticos, posteos en redes y un supuesto acuerdo preliminar con una plataforma de intercambio”, lo que no alcanzaba para sostener una relación directa con el Estado.
En su fallo de 33 páginas, que reveló el periodista Hugo Alconada Mon, la jueza subrayó que las pruebas disponibles “no permiten sostener que la República Argentina sea actualmente titular de los activos”. También citó las declaraciones del fiscal argentino Eduardo Taiano, quien había sugerido que el Estado podría reclamar el decomiso de los fondos si se demostraba un origen ilícito vinculado a funcionarios. Pero Rochon tomó distancia: advirtió que esa hipótesis carecía de sustento firme y que las evidencias apuntaban más a un círculo privado que al aparato estatal.
Para la magistrada, los acreedores incurrieron en una “excursión de pesca”, es decir, un intento de búsqueda indiscriminada de datos sin un objetivo judicial preciso. Entre los pedidos rechazados figuraban registros y comunicaciones de Meteora, la plataforma utilizada para el lanzamiento del token, y la citación de más de una docena de personas, entre ingenieros, empresarios y “influencers” del mundo cripto, e incluso el creador del sitio Barstool Sports. Según Rochon, esa ofensiva “parecía más una investigación general sobre el ecosistema cripto que un pedido procesal concreto”.
Aun así, la jueza marcó una línea de acción: señaló que si existieran vínculos financieros entre $LIBRA y allegados al presidente, las pesquisas deberían hacerse en la Justicia argentina o británica, no en Estados Unidos. En ese sentido, recordó que la sección 1782 del Código estadounidense, que regula la cooperación judicial internacional, “no puede usarse para exploraciones especulativas ni para presionar a un Estado soberano”.
Los fondos que promovieron la ofensiva habían sido beneficiados en 2023 con un fallo de la Justicia británica que obligaba al gobierno argentino a pagar más de 1.500 millones de euros por bonos en default desde 2001. Ante la falta de cumplimiento, iniciaron una cacería global de activos. La pista de $LIBRA surgió en febrero, tras el lanzamiento de la criptomoneda, cuando Milei la promocionó en redes sociales, provocando un repunte del token y, según el fallo, pérdidas por US$251 millones para algunos inversores.
El rechazo judicial en Nueva York frenó la intención de los fondos de usar la información recolectada para reforzar sus demandas en Londres y otros países. En su resolución, Rochon también citó un informe de la Oficina Anticorrupción (OA), que determinó que la difusión del proyecto por parte de Milei debía considerarse una actividad personal y no oficial. Esa interpretación coincidía con la postura de la Casa Rosada, que niega cualquier participación institucional del mandatario o de su hermana en la creación o gestión de $LIBRA.
Sin embargo, el fallo dejó un flanco abierto para el Gobierno argentino: si la promoción de la criptomoneda fue efectivamente una acción privada, la sospecha es que los beneficios obtenidos podrían haber quedado en manos del propio presidente, de su entorno más cercano o de los impulsores originales del proyecto digital, encabezados por Hayden Davis.