Una visión de grandeza para YPF y la Argentina

La ex senadora y periodista María Eugenia Estenssoro pone el foco en el estatuto de YPF

El “famoso” estatuto que invoca la jueza Preska en Nueva York para condenar a la Argentina fue diseñado por mi padre, como presidente de YPF, para garantizar que el Estado Nacional mantuviera el control de la compañía, y que “YPF sirviera a los intereses del país”.

La corrupción peronista, de Carlos Menem a Néstor y Cristina Kirchner, hizo que se usara para lo contrario. Saquear al país. Aquí, datos para que los culpables vayan presos y no los sigamos indemnizando. Nos merecemos un nuevo comienzo.

El 17 de abril de 2012, el ex ministro de Economía Axel Kicillof, a cargo de la reestatización de YPF, se presentó ante el Senado para fundamentar la intempestiva expropiación de la petrolera. Con el dedo en alto, tuve que escucharlo casi dos horas asegurar que el Tribunal de Tasación de la Nación fijaría el valor de indemnización y que ellos no serían “tan tarados” o “estúpidos” para “respetar el leonino estatuto” de la petrolera.

Como sabemos, nada de eso se cumplió. Ya pagamos US$$9 mil millones en bonos e intereses a Repsol. Y una sentencia en Nueva York exige que paguemos US $16 mil millones a las empresas Petersen de la familia Eskenazi, a quienes el matrimonio Kirchner metió en YPF como ”zorros en un “gallinero”, de acuerdo a al propio Kicillof que cito:María Eugenia Estenssoro en el Senado

“No les vamos a pagar lo que ellos dicen, como quiere el señor Brufau: US$ 10.000 millones. ¿Eso dónde está? …En ese leonino estatuto interno que dijeron que si alguien osaba poner un pie… Porque créanme que si uno quería comprar acciones para entrar a la compañía y pasaba el 15%, pisaba la trampa del oso y tenía que comprar el ciento por ciento a un valor equivalente a US$19.000 millones. ¡Porque los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF, respetando su estatuto! ¿Si no dónde está la seguridad jurídica? Señores, fue una empresa, se reunieron y dijeron: ‘¿Cómo podemos hacer para que nadie nunca intervenga en el control de la compañía?’ Será que es sagrado el control de la compañía, será que se dieron cuenta que tenían la gallina de los huevos de oro y dijeron: la vamos a hacer parir pero que nadie pueda husmear acá en la compañía”.

En agosto de 1990, mi padre fue designado interventor de YPF con el mandato de privatizar la compañía. Como petrolero y patriota sabía que era un recurso estratégico para el futuro de Argentina. No quiso venderla al mejor postor. Por eso tomó una decisión osada: reestructurarla primero y después abrir su capital en las bolsas internacionales para financiar una etapa que imaginaba de gran expansión local y global.

Antes de que saliera a cotizar en Buenos Aires y Wall Street, la ley de privatización de YPF y el estatuto interno de la petrolera establecieron cláusulas “sagradas” (de acuerdo al acertado término de Kicillof), para garantizar que el Estado mantuviera el control de la petrolera y que YPF sirviera a los intereses del país.Cristina Kirchner con Enrique Eskenazi y el presidente de Repsol, Antonio Brufau

• El artículo 8 de la ley Ley 24.145 establecía que el Estado debía mantener como mínimo el 20% del capital accionario para mantener el control de la compañía; y que sus directores podían vetar cualquier toma hostil de parte de inversores que quisieran adquirir una mayoría accionaria. Era una barrera política, de soberanía. Cualquier modificación debía hacerse por ley.

• El artículo 7 del estatuto de YPF establecía que si alguien quería comprar el 15% de las acciones de la compañía debía hacer una oferta pública por el 100%. Era una barrera financiera.

En pocos años, YPF se convirtió en la petrolera número 11 en el ranking mundial, una prestigiosa multinacional argentina controlada accionarialmente por el Estado, con yacimientos y operaciones en 11 países: Argentina,Chile, Brasil, Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador, EE.UU., Indonesia y Rusia. Lamentablemente, cuando el avión de mi padre se estrelló en Ecuador, en mayo de 1995, también murió el sueño de contar con una YPF potente, global, conducida por el Estado argentino para servir al progreso del país.

Obsesionado con su re-reeleción, Menem comenzó a derribar las barreras que impedían el cambio de propiedad de YPF poco después del accidente. En octubre de 1995, el Congreso sancionó la ley 24.474 permitiendo que el Estado redujera su participación a una sola acción.

Esta “acción de oro” mantenía en manos del Estado el poder para vetar cualquier cambio de mayoría accionaria. Pero Menem quería vender el 20% de acciones del Estado a Repsol. ¡El problema era el famoso estatuto! Los españoles se negaban a comprar el 100% de la compañía. El gobierno presionó a directores de YPF para que modificaran esa cláusula, pero resistieron. Finalmente, en 1999, año electoral, Repsol ofreció comprar el 100% de la empresa. Menem entregó la valiosa acción de oro y el Partido Justicialista lo aplaudió.

Nadie invocó la soberanía energética. Mucho menos Néstor Kirchner. El entonces gobernador de Santa Cruz le vendió a Repsol el 4,3% de acciones de YPF que tenía la provincia. Siempre se dijo que Kirchner “fugó” a través del Banco de Santa Cruz, de su socio Enrique Eskenazi, los US $600 millones de dólares que recibió la provincia por esa venta. De acuerdo a un informe de la UIF, se estima que fue depositado en una oscura cuenta del Credit Suisse en Suiza.

En febrero de 2008, la flamante presidenta Cristina Kirchner y su marido, Néstor Kirchner, anunciaron pomposamente la “argentinización” de YPF. A través de un acuerdo público, aprobado por el único director del Estado Argentino en YPF, su “socio” Enrique Eskenazi compró el 25% de las acciones de la petrolera sin poner un peso, y sin experiencia en el sector. Lo hizo con préstamos de la propia Repsol y un consorcio de bancos europeos liderados ¿por quién? El Credit Suisse. Los préstamos se pagarían con las utilidades de YPF. Insólito pero real.

La “argentinización” ignoró el estatuto de YPF porque fue un pacto entre rufianes. Fue un vaciamiento anunciado. En cuatro años, Enrique Eskenzi, su hijo Sebastián designado CEO y los ejecutivos de Repsol se repartieron US$6 mil millones de dólares en utilidades, cuando las ganancias fueron US$4 mil millones.

Toda la documentación y las pruebas de esta gigantesca estafa están en las actas de YPF y el Informe Mosconi que cajoneó, en la UIF y en la secretaría de Energía que el juez Ariel Lijo se niega a investigar. Espero que el presidente Milei se decida a defendernos y denuncie a todos los culpables ante la Justicia criminal norteamericana, algo que ningún gobierno hizo. Como señaló el abogado Enrique Bruchou, experto en litigios corporativos internacionales, todavía podemos evitar pagar billones de dólares a nuestros estafadores y espero, enviarlos a la cárcel.

Fuente. clarin.com