Milei le pone Cartel de «En Venta» a Alicurá, el Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, Centrales hidroeléctricas estratégicas.

A través de un decreto, el presidente Javier Milei ordenó renovar las concesiones a privados y dispuso un plazo de 180 días para la venta de las acciones del Estado. Fué publicada en el boletín oficial el desprendimiento del Estado en la participación en las empresas hidroeléctricas del País. La semana pasada, el Poder Ejecutivo implementó la reglamentación del primer capítulo del compendio legislativo, lo que le permitirá avanzar con las reformas que se planteó al inicio de su gestión.

El gobierno de Javier Milei vuelve a ponerle cartel de venta a cuatro centrales hidroeléctricas clave en la generación y distribución de energía en todo el país. A través de un decreto, puso el plazo de 180 días para la privatización para esos complejos ubicados en la región del Comahue, entre Neuquén y Río Negro, y renovó de facto por distintos períodos el paquete accionario de varias centrales más cuya concesión estaban vencidas.

Las centrales que quedaron afectadas por la decisión publicada esta mañana en la norma firmada por el Presidente, el ministro Luis Caputo y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, son: Alicuará, el Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila.

El decreto 718/2024 indica que en dentro de seis meses la Secretaría de Energía “llamará a concurso público nacional e internacional, competitivo y expeditivo, con el fin de proceder a la venta del paquete accionario mayoritario o controlante” de cada una de esas sociedades.

La mayoría de las concesiones de esas plantas se otorgaron el año pasado y lo que hace la media publicada en el Boletín Oficial es ratificar los plazos de explotación, darle continuidad a las operaciones y generar las condiciones para un nuevo concurso público.

En la actualidad, los complejos hidroeléctricos están en manos de las siguientes empresas: Orazul Energy administra Cerro Colorados, ENEL Generación hace lo mismo con El Chocón-Arroyito; AES SA explota la central de Alicurá, y Central Puerto SA concesiona Piedra del Águila.

El decreto aclara que esas centrales -claves en la conversión de energía eléctrica para luego ser distribuida en la red que llega a hogares, industrias y otros sectores- fueron transferidas al sector privado y que en la actualidad se encuentran vencidos y en período de transición.

El proceso de concesión durante los últimos años estuvo a cargo de Enarsa (Energía Argentina NA) como NASA (Nucleoelétrica Argentina SA) y en esta oportunidad volverán a estarlo. La diferencia es que esta vez, esas dos compañías estatales entraron en el paquete de la Ley Bases como empresas a privatizar. Con lo cual, ya no habrá organismo del Estado especializado en el tema que vigile los criterios de la nueva privatización.

Los criterios quedarán determinados por la Secretaría de Energía y el Ministerio de Economía, que oficiarán como autoridades de aplicación, según indica el decreto publicado esta mañana. El Gobierno privatizará en los próximos seis meses cuatro centrales hidroeléctricas, el primer paso de su plan de concesiones. La semana pasada, la administración de Javier Milei reglamentó la primera parte de la legislación prevista en la ley Bases, con el objetivo de avanzar con las reformas, entre ellas la privatización de empresas estatales.

La medida para dar el puntapié inicial en el proceso privatizador se dio este lunes, según estableció mediante el decreto 718/204 publicado en el Boletín Oficial.

Privatizaciones: el Gobierno inicia concesión para cuatro empresas hidroeléctricas

Las generadoras incluidas en este proceso son Alicurá, Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, que estaban siendo operadas con prórrogas transitorias.

El artículo 6 indica que «dentro de los ciento ochenta (180) días corridos siguientes a la entrada en vigencia del presente la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía llamará a Concurso Público Nacional e Internacional, competitivo y expeditivo, con el fin de proceder a la venta del paquete accionario mayoritario o controlante» de las empresas indicadas.

Las centrales hidroeléctricas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic en la mira de las privatizaciones.

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La norma establece que las empresas ENARSA y NASA deberán transferirle a la Secretaría de Energía las acciones de las empresas a privatizar dentro de los próximos seis meses para formalizar el proceso.

Asimismo, se facultó a la Secretaría de Energía a fijar las pautas del Concurso Público Nacional e Internacional que deberá incluir el esquema de remuneración de los concesionarios durante el Período de Concesión y como mínimo los siguientes anexos: (i) Contrato de Concesión, (ii) perímetro y descripción, (iii) inventario, (iv) seguridad de presas, embalses y obras auxiliares; (v) normas de manejo de aguas; (vi) guardias permanentes; (vii) protección del ambiente; (viii) seguros; (ix) obras y trabajos obligatorios.

En caso que el proceso de privatización quede desierto las acciones volverán al Estado nacional.

El artículo 1 del decreto también estableció que los actuales concesionarios de estas hidroeléctricas seguirán operándolas hasta que se complete el proceso de privatización.

Se reglamentó la ley Bases y empezó el plan de privatizaciones del Gobierno

En esta primera etapa, la reglamentación se hizo efectiva a través del decreto 695/2024 publicado en el Boletín Oficial, a través del cual el Ejecutivo estableció la normativa vinculada al Título II, que contempla las modificaciones en el sistema de empleo público, cambios en los procesos administrativos y las privatizaciones de las empresas públicas.

De esta manera, se estableció que el ministro o secretario de la Presidencia en cuya jurisdicción se encuentre la empresa o sociedad a privatizar deberá elevar al Poder Ejecutivo un informe en el que se precise la propuesta concreta vinculada al procedimiento y modalidad más adecuada para hacer efectiva la privatización.

Qué pasos se deberán seguir para privatizar empresas

Este documento tendrá que incluir los siguientes puntos: el carácter total o parcial de la privatización propuesta y su fundamento; las alternativas de procedimiento que se estimen adecuadas al caso; la o las modalidades de las enunciadas que se entiendan convenientes para materializar la privatización; el procedimiento de selección que se prevea utilizar y los plazos estimados para cada una de las etapas del procedimiento de privatización; y la eventual propuesta para el otorgamiento de las preferencias a las que se refiere el artículo 16 de la Ley Nº23.696 y la aplicabilidad, en el caso que corresponda, de un Programa de Propiedad Participada, especificando las clases de sujetos adquirentes y proporción del capital accionario comprendido en el programa. Una copia de este informe será enviado a la Comisión Bicameral del Congreso.

Una vez que el Ejecutivo otorgue la autorización correspondiente, el funcionario podrá iniciar los procedimientos tendientes a la privatización. Luego de esto, el Gobierno precisó los pasos a seguir para convocar a las ofertas del sector privado.

“Previo a la formalización de los contratos que surjan de los procedimientos previstos en el presente Capítulo, la Autoridad de Aplicación deberá dar intervención a la Procuración del Tesoro de la Nación y a la Sindicatura General de la Nación en las actuaciones correspondientes”, aclara la normativa y agrega que en el caso de que la Procuración realice alguna observación o sugerencia al contrato deberá realizarse un nuevo informe.

Las empresas que podrían privatizarse

Sujetas a privatización:

• Nucleoeléctrica Argentina
• Yacimientos Carboníferos de Río Turbio
• Intercargo
• Enarsa

Sujetas a privatización o concesión:

• AySA
• Trenes Argentinos
• Belgrano Cargas
• Corredores Viales

Quitadas de la lista a propuesta del oficialismo:

• Aerolíneas Argentinas
• Radio y Televisión Argentina
• Correo Argentino

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