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ENERGÍA ELÉCTRICA

Ley Ómnibus: Auditorías a obras públicas y eléctricas aprobadas y sin avances que quedarían sin realizar – Tierra del Fuego en riesgo

Bocadepozo

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En este informe especial los proyectos sin avance físico y los que estaban en ejecución en todo el país al finalizar la gestión anterior. Reclamos de la oposición acuerdista y de gobernadores por el artículo que le da amplias facultades al Ejecutivo para revisar o rescindir contratos vigentes firmados antes del 10 de diciembre. Qué obras figuran en Tierra del Fuego que serán dadas de baja y cuales serán auditadas por la gestión de MIlei – Infraestructura – Energía eléctrica – Enohsa entre otras.

El dictamen de mayoría que La Libertad Avanza finalmente logró aprobar en la madrugada del miércoles en el plenario de comisiones de Diputados, mantuvo la potestad del Poder Ejecutivo de renegociar o rescindir contratos vigentes con el Estado, entre los cuales se encuentran los de obra pública. El artículo 33 del texto original de la Ley Ómnibus había encendido alarmas en los gobernadores, entre otros motivos, por la posible paralización de obras financiadas por la Nación en sus provincias. A la preocupación de los mandatarios, se sumaron las objeciones de la oposición dialoguista por la amplitud de las facultades de revisión de contratos que le otorgaba al Presidente, el mensaje de “inseguridad jurídica” que daba, así como la litigiosidad que podría generar “por la responsabilidad contractual”.

Ese artículo 33 -que pasó a ser el número 28en el dictamen que recogió 55 firmas del oficialismo y aliados- involucra, además de los contratos para la provisión de bienes y servicios, concesiones y construcción de obras públicas. Su alcance abarca tanto a las que están en ejecución como las que no tenían avance físico al finalizar la anterior gestión, pero que ya estaban licitadas. El argumento esgrimido por el gobierno de Javier Milei para revisar o rescindir los contratos es que le habrían “generado un perjuicio al Estado”. Si bien tanto los integrantes del PRO, como la UCR y el bloque de Hacemos Coalición Federal acompañaron con su firma en general, presentaron 34 disidencias parciales. Entre ellas, una referida a este artículo contenido en el capítulo VIII de Contratos Vigentes, que no está en el paquete fiscal que el ministro de Economía, Luis Caputo, informó que retirarán del dictamen.

El artículo referido a los Contratos Vigentes tuvo tres modificaciones en relación al original, a pedido de la oposición acuerdista. Por un lado, limitó los contratos sujetos a revisión o rescisión a los que “generen erogaciones significativas a cargo del Sector Público Nacional”, pero sin especificar qué monto se considerará “significativo”.

Las obras que quedarían frenadas

Según el análisis realizado por Infobae del Mapa de Inversiones on line implementado por el ex Ministerio de Obras Públicas, el total de obras públicas durante la anterior gestión asciende a 7.276 en todo el país financiadas por el Gobierno nacional. El número incluye a las de AySA, Vialidad Nacional, Corredores Viales SA, el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) y la Dirección Nacional de Infraestructuras del Transporte, entre otros organismos. De esa cifra, 4.494 ya estaban finalizadas al terminar la gestión anterior, según informaron desde esa cartera a cargo de Gabriel Katopodis hasta el 10 de diciembre de 2023.

Otras 2.185 obras estaban en ejecución, con una inversión prevista de $309.899 millones. Sin embargo, 435 no tenían avance físico, o sea no habían comenzado las obras al 6 de diciembre último, según los datos publicados en ese sitio web oficial. Son las que, desde La Libertad Avanza, habían adelantado que el Estado no llevaría adelante por falta de recursos, pese a haber sido licitadas. Quedan exceptuadas las 10 en ejecución que contaban con financiamiento externo.

De esa cifra, 132 están ubicadas en la Provincia de Buenos Aires; 36 en Córdoba; 26 en Santa Fe; 25 en Entre Ríos; 24 en Chaco; 23 en Santa Cruz; 22 en Misiones; 21 en Santiago del Estero; 17 en Tucumán; 15 en Salta; 13 en Chubut, 11 en Catamarca. Excepto Córdoba, el resto tenían mandatarios peronistas o aliados hasta el 10 de diciembre.

Otras 11 están localizadas en Corrientes; 10 en Mendoza; 8 en La Rioja; 6 en Jujuy, en Neuquén, en Río Negro y en San Juan; 5 en CABA; 4 en San Luis; 3 en Formosa y en La Pampa; y 2 en Tierra del Fuego.

Dentro de las casi 2.200 obras en ejecución al momento del cambio de gobierno,106 estaban financiadas por organismos internacionales, incluidas las que estaban “en circuito”: 35 son del sector agua y cloacas, 17 de arquitectura, 40 de educación, 4 de equipamiento urbano, 7 obras viales, 2 de recursos hídricos y 1 de salud. En cuanto al origen de los fondos, 45 de ellas están financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); 46 por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF); 9 por el Banco Centroamericano de Integración Económica; 5 por el Banco de Desarrollo, anteriormente conocido como Fondo Financiero para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata; y una por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.

El entonces ministro explicitó en esa oportunidad la postura del gobierno de La Libertad Avanza: “El Estado se tiene que retirar de todo lo que puede hacer el sector privado, no solo económicamente, sino también todas las regulaciones. Pensamos que todo lo que pueda hacer el sector privado lo haga. Necesitamos 5 puntos del PBI para volver a poner la infraestructura en valor. Es imposible sin el sector privado porque son proyectos importantes”.

Las obras en ejecución

Desde el Ministerio de Infraestructura le dijeron a Infobae el jueves – horas antes de que Milei echara a Ferraro- que el futuro de esas obras ya empezadas “dependerá del grado de avance”.

De las 2.185 obras que estaban “en ejecución” en todo el país al finalizar la gestión de Alberto Fernández, el 20% (447) tiene más del 80 % de avance; el 22% (485) entre el 50% y 80% de avance; el 17% (368 obras) entre el 30 y 50% de avance; y el 41% (855) tiene menos del 30% de avance físico. Casi la mitad (1.050) tenía fecha de finalización en 2023 y 957 debían comenzar el año pasado, según el análisis hecho por Infobae de la base de datos del Mapa de Inversiones on line implementado del ex ministro Katopodis para transparentar el proceso de ejecución de las obras.

Las que al 10 de diciembre tenían algún grado de avance físico suman 1.842 en todo el territorio nacional. De esta cantidad, 806 son de aguas y cloacas; 343 de arquitectura, que incluyen 197 centros de desarrollo infantil; 163 redes de provisión de agua potable; una cifra similar de redes de desagües cloacales; y 111 de pavimentación de calles.

Otras 299 son obras viales: desde ampliaciones de autopistas como la de La Plata, Corrientes Capital o en la ciudad de Formosa, hasta repavimentaciones de rutas, incluyendo 31 obras nuevas de caminos y puentes.

En el Mapa de Inversiones aparecen otros 131 proyectos en ejecución con distinto grado de avance de equipamiento urbano, básicamente cordones-cunetas, veredas e iluminación. Además, hay 57 son obras hídricas, 42 de educación, 34 de salud y 4 de vivienda. Finalmente, 126 están sin especificar.

En ese sentido, el todavía ministro de Infraestructura sostuvo: “Nos hemos encontrado en el portal de obras públicas de 7.000 y pico de obras que, cuando uno las ve, no encuentra ninguna obra importante, que son las obras que tiene que encarar el Estado Nacional. No es que no nos parezca interesante el cordón cuneta o la cloaca, pero son niveles de obra pública que dependen de las jurisdicciones”.

A su vez, según Ferraro, unas “2.500 obras estaban paralizadas por falta de pago”. “Es mentira que las obras se paralizan por decisión de esta Administración, vienen paralizadas hace ocho o nueve meses porque se contrataron obras que no existía ni el presupuesto ni la plata para poder pagarlas”, aseveró.

A las obras que estaban en ejecución al 6 de diciembre, se suman 615 proyectos que estaban en proceso de evaluación y aprobación, de acuerdo a lo informado por el ex Ministerio de Obras Públicas que por estas horas está fuera del gobierno, pro que dejó trazada una estrategia de auditorías a realizar en los ministerios y secretarías que continuarán bajo la órbita de Luis Caputo.

Las obras que se van a auditar aprobadas o no en la Ley ómnibus, incluye un paquete importantes de obras de generación transporte y distribución que se financian por distintos organismos y muchos casos mixtos, como son las Obras FEDEI (Fondos para obras electricas del interior) que en un primer análisis, son mas de 700 que en muchos casos nunca fueron ejecutadas en tiempo y forma ni rendidos los montos adelantados o girados a las provincias.

En el próximo informe el listado completo de obras eléctricas a auditarse en Tierra del Fuego por la administración MIlei.

Fuente: Infobae

Por: bocadepozo.com.ar

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