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Segmentación del GLP en TDF: Un decreto que necesita ser revisado para evitar aumentos de hasta el 11600% en tarifas
El Decreto 2484/2023 del Gobierno de Tierra del Fuego ha eliminado el subsidio del Gas Envasado para un gran número de familias de todos los niveles propuestos. Esto significa que el costo final aumentará significativamente, a menos que se realicen cambios urgentes en la normativa para no alterar las economías familiares de manera exponencial en un contexto inflacionario, pérdida del poder adquisitivo y suba sin control del precio de los alimentos.
La medida tomada por el Ministerio de Economía, del Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, parece estar enfocada principalmente en números y estadísticas, sin considerar la situación real en los barrios populares de la provincia y la economía hogareña con los costos actuales. El decreto 2482/23 redactado y publicado desde hace algo más de 20 días lo demuestra.
La segmentación propuesta por el ministerio de economía pareciera estar muy lejana de los innumerables problemas que tienen los vecinos y vecinas de la provincia en su vida cotidiana para llegar a fin de mes y que ahora tendrán un impacto significativo más en el costo de vida de los residentes, especialmente en lo que respecta al pago del Gas Licuado de Petróleo (GLP), a pesar de que el estudio fue llevado a cabo por la Universidad de Buenos Aires y el Consejo Federal de Inversiones (CFI) que pareciera no estar reflejando la realidad.
El Decreto en cuestión también establece que las decisiones se respaldan en el estudio realizado por la Universidad de Buenos Aires y el CFI (Que no fue publicado hasta el momento) para ver y determinar los parámetros tenidos en cuenta, situación geográfica, y los estudios de campo, poder adquisitivo familiar, costo de vida y alquileres con las simulaciones necesarias para determinar escenarios y su aplicación efectiva, además como acto de transparencia y de formalidad.
Por lo tanto, las recomendaciones sobre la segmentación deben ser consideradas en función de los principios de «Equidad distributiva, Justicia Social y razonabilidad» tal como lo establece en sus consideraciones. Será crucial verificar si estas premisas fundamentales se cumplen en este informe.
El Decreto 2484/2023 se basa en argumentos jurídicos y normativos que la mayoría de la población desconoce. Estos aspectos, detallados en los «considerandos», son esenciales para comprender las consideraciones subyacentes. No obstante, es fundamental resaltar que la delimitación del universo establecido en la segmentación planificada resulta insuficiente para abordar la complejidad de la realidad en los barrios informales, así como en aquellos que no figuran en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP). Más aún, afecta a barrios residenciales de clase media, donde los residentes han adquirido sus terrenos y tienen acceso a servicios como electricidad y agua, pero aún carecen de gas natural por redes u otros servicios básicos en su totalidad. Estos residentes también perderán el subsidio por completo si sus ingresos superan los valores establecidos bajo la nueva segmentación.
Estos barrios, en gran medida, carecen de servicios básicos y, lamentablemente, serán inevitablemente afectados por errores administrativos o de planilla excel tal como nos tienen acostumbrados los ministros de economías cualquiera sea el ámbito, lo que no se esperaba era una quita monumental de subsidios a un universo desconocido por los burócratas dedicados a administrar recursos no propios, con estudios realizados desde un escritorio en Buenos Aires, lejos de la realidad local, como tantas veces una parte de la política reniega en campaña.
«Estos errores no consideran adecuadamente los diversos escenarios reales que existen en los municipios de Tierra del Fuego.»
Hasta ahora, es importante recordar que no había restricciones para solicitar la «Tarjeta Solidaridad» y este beneficio se consideraba «universal». Esto significa que cualquier vecino o familia que no tuviera acceso a la red de gas natural que pasara por su área podría beneficiarse de este programa. Es necesario aclarar, que esta situación no es responsabilidad del vecino o vecina, el tendido de las redes de gas natural necesarios, es responsabilidad de las empresas prestadoras de los servicios y del Estado provincial de ejecutar los planes de inversiones.
«Los abusos sistemáticos en el proceso de solicitud y concesión sin supervisión por parte del Estado son frecuentes a lo largo del tiempo. Un claro ejemplo de esto es la concesión de subsidios para estancias con zepelines, casas de fin de semana equipadas con garrafones o desarrollos inmobiliarios en lugares paradisíacos que incluyen cabañas calefaccionadas con gas licuado de petróleo (GLP) subsidiado.» .
- Estos subsidios benefician a una variedad de propietarios, desde gerentes y administradores de estancias, jueces y ministros, hasta proyectos inmobiliarios de gran poder adquisitivo. «Esta falta de control y transparencia en el proceso de concesión de subsidios ha permitido que estos abusos se perpetúen en el tiempo.»
«Es crucial subrayar la necesidad imperante de una «segmentación apropiada, justa y razonable, garantizada por el Estado a precios equitativos para cada vecino que la requiera». Esto implica comprender la delicadeza del recurso en el contexto de las familias. Detrás de las cifras que a menudo se manipulan en una hoja de cálculo para imponer un ahorro forzoso, se encuentran familias, niños y adultos que dependen de estos servicios. Es fundamental cuidar de ellos con herramientas adecuadas para que a nadie le falte el suministro y con una segmentación escalonada razonablemente con aportes de actores energéticos que nada se les exige».
«Es necesario generar herramientas de seguimiento y control efectivo las 24 hs que garantice que se van a resolver desvíos de forma inmediata y que se va a colaborar activamente en resolver problemas de índole social con un Estado presente y activo con las áreas que correspondan poniéndose a disposición de las y los usuarios y con laa empresas involucradas en el fraccionamiento y la distribución.»
Moisés Solorza – Exsecretario de energía de TDF
Es importante resaltar que el costo del programa recae en gran medida sobre el poder ejecutivo provincial, con presupuestos anuales que superan los $5900 millones para atender a un universo de algo más de 7,150 familias, según datos oficiales. Era evidente que este modelo no podía sostenerse de esta manera y requería una reestructuración y segmentación. Sin embargo, es crucial señalar que la forma en que se ha llevado a cabo esta reestructuración no ha sido la adecuada.
Retomando el análisis del Decreto provincial 2484/23 que está publicado en el boletín oficial para su implementación, es evidente que adolece de criterios fundamentales en la evaluación definitiva. Se han omitido simulaciones de campo que son imperativas para determinar su aplicabilidad, la viabilidad de sus alcances y las posibles consecuencias económicas que acarrearía.
Además, se nota una ausencia preocupante de un sistema de escalonamiento, lo cual podría generar problemas económicos significativos para las familias afectadas por este aumento tarifario.
Con la implementación de este decreto el 2484/23 de este año aquellos hogares que se encuentren fuera del Registro Nacional de barrios populares, El RENABAP. o de una figura denominada «Barrios asimilables» perderán el beneficio del subsidio si superan los $660.000 de ingresos familiares al mes de octubre.
Es decir un barrio que tal vez no está registrado como Re.Na.Bap, que son fundamentalmente barrios que son asentamientos, o barrios populares, son barrios que a los que le falte más dos servicios o más dos servicios, que no tengan red de agua red de cloaca red eléctrica o la red de gas que no cuplan requisitos RENABAP que es denominado «barrio asimilable».
Éstos son barrios, que incluso tal vez son urbanizaciones del Estado pero que los servicios llegan o que tienen características similares a los barrios que sí están en Re.Na.Bap que también estarían contemplados dentro de este universo de barrios RENABAP o barrios «asimilables».
Sería en este punto necesario clarificar perfectamente «qué características tendría que cumplir un barrio para poder ser asimilable».
Nivel por Nivel el análisis
En el Artículo 2 del Decreto provincial, se presenta un punto potencialmente conflictivo y controversial que podría impactar a más de 1100 familias de clase media, constituyendo el 15% del padrón aproximadamente. Si el decreto se implementa en su forma actual, sin modificaciones, sin un proceso gradual y sin revisión, existe la posibilidad de que altere de manera significativa la situación económica de estas familias. Esta situación parece un grave error que debería ser reconsiderado para prevenir posibles consecuencias negativas en el entramado social.
Tras la reunión del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, el Ministerio de Trabajo definió una suba del salario mínimo (SMVM) del 32% en tres tramos y llegará a los 156 mil pesos en diciembre. El objetivo de actualizar este indicador sirve de referencia para los trabajadores pero también como parámetro de actualización de otras prestaciones sociales.
¿Cuales son y cuáles serán los montos del Salario mínimo vital y Móvil?
- Octubre: $ 132.000
- Noviembre: $ 146.000
- Diciembre: $ 156.000
Esta tabla de referencia es la que se deberá aplicar para realizar la base de cálculo para determinar qué porcentaje de subsidio al GLP (Gas envasado) le corresponde perder a cada «Nivel» determinado por el ejecutivo provincial.
Hogares nivel 1 – 11600% de Aumento
Es decir que si una familia en Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur, que percibe un ingreso superior a los $660.000 = 5 SMVM a octubre o superior y que no esté incluido en el RENABAP, o barrio asimilable perderá el 100% del beneficio de la provincia y mantiene el aporte nacional.
A modo de Ejemplo: El kilo de GLP tiene un costo en la provincia de $433 y el recipiente más utilizado es el Tubo de 45kg. Del valor total del Tubo de 45Kg, el Estado provincial abona el 53,6% + 0,4% del usuario o usuaria que ahora lo abonará completo sin subsidio provincial y el restante 45,9% lo abona el estado nacional.
Cada familia dependiendo de factores climáticos y consumo en promedio gasta 6 tubos de 45Kg, algo bastante normal y pasará pagar $234 x Kg, si a eso lo multiplicamos por los 45 Kg que tiene una carga del cilindro, el usuario abonará $10.530 sin subsidio provincial en promedio manteniendo el subsidio nacional hasta completar los $19.485 que saldría un tubo de 45Kg sin subsidios de ninguna naturaleza.
Ejemplo: En el supuesto caso que una familia consumiera habitualmente 6 unidades mensuales de 45Kg, pasará a pagar x 6 unidades $63.180 es decir que por lo tanto, el porcentaje de aumento entre $540 que abonaba por 6 unidades y los $63180 que deberá asumir después del decreto,es aproximadamente 11600% mensuales sin aportes del subsidio provincial. Recordemos que previo al decreto, el mismo usuario o usuaria abonaba $90 x cilindro. Queda entonces sumarle el 45,9% que aporta Nación. Sí leyó bien.
La misma metodología y criterio hay que aplicar para el precio del Kg de GLP «a granel»
Previo al decreto en cuestión, la Provincia aportaba 232 pesos (53,6%) (Ahora lo pagará el Usuario Categoría 1), Nación afronta el pago de 199 pesos (45,9%) y los 6.777 beneficiarios del subsidio registrados a septiembre pagaban 2 pesos por kilo (0,4% lo sigue pagando el Usuario).
Esta no representa en absoluto la solución real al problema subyacente. Dicho problema radica en que, en la segunda provincia productora de gas del país, todas las familias deberían estar conectadas al suministro de gas natural. En cambio, la realidad es que se debe transportar gas licuado en camiones desde Bahía Blanca, lo que evidencia el fracaso de los esfuerzos realizados durante todos estos años. Este problema está lejos de encontrar una resolución adecuada.
Los trabajadores y trabajadoras de la provincia se encuentran actualmente muy cerca del límite establecido por el Ministerio de Economía, por diversas razones, entre ellas el costo de vida, la inflación reinante y los alquileres entre otros gastos carísimos en el territorio, lo que hace dudar sinceramente por qué se avanzó con el decreto siguiendo unas recomendaciones que claramente no reflejan la realidad de nuestra isla ni su diversidad socioeconómica, tanto en los barrios formales como en los informales.
Esto plantea una situación preocupante, ya que están a punto de enfrentar un aumento exorbitante en sus facturas, a menos que se realicen modificaciones significativas en los criterios, las escalas y el escalonamiento de subsidios.
Es fundamental comprender que esta medida afectará de manera desproporcionada a nuestra provincia pero especialmente a la clase media trabajadora, que se encuentra en el punto más austral del mundo. El aumento en el costo del gas envasado tendrá un impacto significativo en las familias locales, considerando las condiciones climáticas extremas a las que nos enfrentamos y la importancia del gas para nuestra vida diaria.
Por lo tanto, es crucial revisar y ajustar los criterios y las políticas para evitar una reducción tan drástica de los subsidios, que afectaría negativamente la calidad de vida de nuestros ciudadanos y ciudadanas, con escalonamientos imprescindibles, asistencia social de forma inmediata y un exhaustivo trabajo de campo que evidentemente no se realizó para reflejar la realidad socioeconómica de la provincia y lo más importante, saber que rol van a cumplirlas petroleras que deberían garantizar entre otras cosas el abastecimiento local del producto que se trae desde Bahía Blanca en camiones a cargo del Estado y cuáles son las opciones planteadas desde el Ejecutivo Provincial.
Hogares nivel 2 – 2065% de Aumento
Los hogares nivel 2: incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP) o barrios asimilables, o que perciban ingresos mayores o iguales a 3 Salarios Mínimos Vitales o Móviles ( $396 mil a octubre, $438 mil a noviembre y $468 mil a diciembre) y menores a 5 Salarios Mínimos Vitales y Móviles ($660.000 a octubre), abonará el 10% de la tarifa final mensual del kilo de GLP, y el Estado Nacional y Provincial subsidiarán el 90% restante.
Caso Nivel 2: Cada familia dependiendo de factores climáticos y consumo en promedio gasta 6 tubos de 45 Kg, algo bastante normal y pasará pagar según el decreto el 10% de los $433 x Kg, es decir $ 43,3 x Kg, si a eso lo multiplicamos por los 45 Kg que tiene una carga del cilindro, el usuario abonará $1948,5 por unidad manteniendo el subsidio restante del 90% entre el la provincia y el estado nacional hasta completar los $19.485 que cuesta un tubo de 45 Kg sin subsidios de ninguna naturaleza.
Ejemplo: En el supuesto caso que una familia nivel 2 consumiera habitualmente 6 unidades promedio mensuales de 45 Kg de glp, pasará a pagar x 6 unidades = $ 11691 por el 10% antes mencionado. Queda entonces sumarle el 90% que aportan entre Nación y provincia hasta completar los $ 19485 finales x tubo de 45 Kg.
La misma metodología y criterio hay que aplicar para el precio del Kg de GLP «a granel»
Hogares nivel 3 – 332.41% de aumento
En tanto que los hogares nivel 3: incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP) o barrios asimilables, o que perciban ingresos menores a 3 Salarios Mínimos Vitales y Móviles, es decir menos de $396 mil a octubre , abonarán el 2% de la tarifa mensual del kilo de GLP, y el Estado Nacional y Provincial continuarán subsidiando el 98% restante.
Caso Nivel 3: Siguiendo el mismo esquema, cada familia dependiendo de factores climáticos y consumo en promedio gasta 6 tubos de 45 Kg, algo bastante normal y pasará pagar el 2% de los $433 x Kg que cuesta el producto, es decir unos $8,66 por Kg manteniendo el subsidio restante por parte de la provincia y el Estado nacional hasta completar los $433 que saldría el Kg de producto en la distribuidora sin subsidio.
Ejemplo: En el supuesto caso que una familia consumiera habitualmente 6 unidades de 45 Kg, pasará a pagar $389,7 por tubo de glp lo que serían unos $2338,3 al mes cuando antes pagaba $90 x cilindro subsidiado es decir unos $540 finales lo que llevaría para ésta categoría un 332.41% de aumento. Queda entonces sumarle el 98% que aportan entre Nación y provincia hasta completar los $ 19485 finales x tubo de 45 Kg.
La misma metodología y criterio hay que aplicar para el precio del Kg de GLP «a granel»
Según fuentes del Ministerio de Economía de la Provincia, se estaría revisando el decreto emitido hace 15 días atrás y se estaría elaborando uno nuevo debido a las críticas que se están realizando desde algunos gremios y usuarios y usuarias en lo que denominan un «Brutal tarifazo».
Es importante señalar que la «Segmentación» descrita en el Decreto provincial resulta poco clara para los vecinos poco familiarizados con la terminología técnica y las consideraciones tenidas en cuenta. Los usuarios están preocupados por el aumento y ajuste en la economía familiar y el impacto que esto tendrá nuevamente en sus ingresos destinados a calefacción, cocción de alimentos y otros usos. Es fundamental tener en cuenta que este ajuste afecta principalmente a aquellos que no tienen acceso a redes de gas natural y dependen del Estado para garantizar las obras prometidas en numerosas campañas políticas y de las empresas privadas como Camuzzi Gas del Sur que no ejecuta obras de infraestructura en los barrios de Tierra del Fuego y que salvo raras excepciones poco se exige .
Además, es esencial reflexionar sobre los fondos destinados a los subsidios para el consumo de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en Tierra del Fuego. Según el presupuesto provincial presentado en la legislatura, el ejecutivo ha decidido hacer que los municipios sean «solidarios» en el aporte al subsidio del gas envasado, descontando estos fondos antes de enviarlos por concepto de coparticipación. Esto implica una reducción de alrededor de $1100 millones de pesos para los ejecutivos municipales, lo que ha provocado tensiones entre los secretarios de hacienda de los municipios y el ministro de economía. Esta situación plantea serias preocupaciones sobre la capacidad de los municipios que veran, disminuidos sus ingresos.
Lo verdaderamente cierto es que las familias de todos los niveles estipulados en la «Segmentación Tarifaria para el gas envasado» en la provincia, verán ajustados sus salarios para afrontar un nuevo y brutal tarifazo en términos porcentuales, lo que resulta extremadamente contradictorio políticamente en medio de una campaña presidencial y de diputados ya que se aleja cada vez más de la realidad que viven las y los fueguinos.
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