Salvataje: el Gobierno da hasta 8 años de plazo para que Edenor, Edesur y eléctricas del interior regularicen deudas.

El ministro de Economía, a través de su secretaria de Energía, aprobó un «salvataje». Edenor y Edesur concentran casi la mitad de las facturas adeudadas

on el visto bueno del ministro de Economía y nuevo hombre fuerte del Gobierno, Sergio Massa; la Secretaría de Energía comandada por la salteña Flavia Royón aprobó un novedoso esquema de «salvataje» para que las distribuidoras y cooperativas eléctricas puedan renegociar con amplias facilidades las millonarias deudas que arrastran con la Cammesa por la energía que reciben del sistema eléctrico nacional.

La medida —implementada por medio de la resolución 642— tiene como principales beneficiaras a Edenor y Edesur, las dos distribuidoras eléctricas privadas más importantes del país que concentran casi el 50% del total de las facturas por cobrar que tiene la Cammesa y que, según los últimos registros de agosto, superan la marca de los $450.000 millones.

Las dos compañías eléctricas de la región metropolitana del AMBA acumulan deudas que sobrepasan la barrera de los $200.000 millones y, con el nuevo mecanismo aprobado por Royón, van camino a tener una marcada licuación de los saldos a pagar que serán financiados con hasta ocho años de plazo y con una tasa de interés subsidiada.

Massa y Royón aprueban salvataje para empresas de energía

El «régimen especial de regularización» de las obligaciones impagas de las eléctricas establece un plan de pagos para las deudas remanentes al 31 de agosto último que tiene tres aristas relevantes:

• Un período de gracia de seis meses a partir de la fecha de suscripción del acuerdo de pago.
• Un plazo de cancelación de hasta 96 cuotas mensuales que comenzará a correr un semestre después de la firma del acuerdo.
• La aplicación de una tasa de interés equivalente al 50% de la vigente para las transacciones en el mercado eléctrico mayorista (MEM).

El nuevo esquema de regularización de las deudas que las distribuidoras y cooperativas eléctricas del interior fueron acumulando desde la crisis económica y financiera de 2018 constituye el tercer intento que pone en práctica la administración de de Alberto Fernández para tratar de encarrilar las cuentas del negocio eléctrico.

Edenor y Edesur concentran casi la mitad de las deudas que mantiene el sector energético con la Cammesa.

El primer capítulo se registró con la aprobación del presupuesto 2021. Entre sus artículos se había aprobado un «régimen especial de regularización» para las facturas eléctricas impagas acumuladas hasta el 30 de setiembre de 2020. Ese régimen consistió en el «reconocimiento de un crédito» de hasta cinco veces la factura media mensual o el equivalente al 66% de la deuda existente de cada distribuidora.

De esta manera, el Estado les perdonó a las empresas la mayor parte de las deudas que arrastraban hasta ese momento, quedando el saldo remanente bajo un plan de pagos de hasta 60 cuotas mensuales, con seis meses de gracia y un descuento del 50% en la tasa de interés del mercado.

A las pocas distribuidoras que estaban al día con los pagos, el Gobierno les acreditó para la cancelación de las siguientes facturas un monto equivalente a cinco meses de energía. Por diferentes motivos, no todas las eléctricas se pudieron acoger a ese mecanismo de ayuda y muchas siguieron incrementado sus cuentas en rojo con la Cammesa.

A principios de este año, el Gobierno anunció el segundo capítulo de la saga regularizadora de las deudas eléctricas. Por medio del decreto 88, amplió las bases de la refinanciación inicial a los pasivos registrados entre abril y diciembre de 2021.

En medio de la disputa interna que mantuvieron exministro de Economía, Martín Guzmán y los funcionarios kirchneristas del área energética, ese esquema de regularización había quedado sin reglamentar.

Ahora, junto con la reglamentación pendiente, la secretaría de Energía le dio forma al tercer capítulo de la serie con una ampliación del período adeudado y nuevas facilidades de pago que se extienden hasta el año 2031.

Massa sale al rescate de las empresas de energía tras poner en marcha una nueva segmentación tarifaria.

Empresas de energía podrán normalizar sus deudas

Para evitar cuestionamientos de las operadoras eléctricas que cerraron los primeros acuerdos con plazos de pagos de 60 meses, la nueva herramienta de normalización de deudas les permite a esas empresas adaptar los planes de cancelación hasta un máximo de 96 meses en igualdad de condiciones con las que ahora pasen por ventanilla para regularizar sus facturas impagas.

La única condición saliente que puso el Gobierno para conceder el beneficio de patear hasta la próxima década el plazo de liquidación de las deudas es que las eléctricas no se vuelvan a atrasar y abonen al día las nuevas facturaciones corrientes de la Cammesa.

Además de Edesur (comandada por el grupo italiano Enel) y Edenor (en manos del trío de empresarios locales integrado por Daniel Vila, José Luis Manzano y Mauricio Filiberti), el esquema de regularización de deudas beneficia a las cuatro distribuidoras privadas de la provincia de Buenos Aires que están bajo el control del grupo DESA.

Según las planillas oficiales del último mes, las eléctricas bonaerensessuman una deuda cercana los $70.000 millones. EDEN debe cerca de $ 22.000 millones; Edelap, $ 19.000 millones; EDEA, $ ,,18.000 millones y EDES, $ 8.000 millones.

A ellas se suman las cooperativas del interior de la provincia que arrastran un rojo global de casi $ 15.000 millones. De las 200 que prestan servicio en el territorio bonaerense, las mayores deudas del sector corresponden a las cooperativas de Zárate, Villa Gesell, Olavarría, Pergamino, Luján, Necochea, Tres Arroyos, San Pedro, Las Flores, Chacabuco, San Antonio de Areco, Moreno, Ranchos, Pringles, Castelli y Monte.

En el resto del país, las que ostentan las deudas más pronunciadas y que ahora tienen la oportunidad de regularizar con condiciones más que ventajosas son las distribuidoras estatales de Misiones ($ 33.000 millones), Chaco ($ 30.000 millones), La Rioja ($ 14.000 millones), Córdoba ($ 10.000 millones) y Corrientes ($ 7.000 millones).