El CEPIS pide que se descuente el alquiler y otros gastos esenciales de los ingresos que declara cada familia para intentar conservar los subsidios.

Cepis, la entidad que en 2016 logró frenar en la Justicia el aumento de tarifas de gas que impulsaba Aranguren, sostiene que el régimen de segmentación que diseñó el gobierno “puede sin dudas traer inequidades y abre la posibilidad de judicialización”. Para atenuar esa situación pide establecer una serie de deducciones sobre los ingresos, tal como están contempladas para determinar la renta gravada en el impuesto a las ganancias.

El Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis), entidad que adquirió notoriedad en 2016 cuando logró frenar en la Justicia el aumento de tarifas de gas impulsado por el entonces ministro de Energía Juan José Aranguren, le presentó este martes una carta al secretario de Energía, Darío Martínez, donde solicita que se puedan deducir el alquiler y otros gastos esenciales de los ingresos que declara cada familia para intentar conservar los subsidios a la electricidad y el gas por redes. “Su finalidad no es otra que determinar la verdadera ganancia neta del sujeto, independientemente de los ingresos que perciba”, sostiene Magalí Soldi, directora ejecutiva de Cepis.

El decreto 332/22 establece que aquellos hogares que tengan ingresos superiores a 3,5 canastas básicas totales tipo 2 del Indec (364.760 pesos, según los valores de junio) perderán los subsidios a la electricidad y el gas por redes de modo gradual en el plazo de 6 meses. Sin embargo, ese monto es independiente de la cantidad de miembros del hogar. Por lo tanto, para el sistema es lo mismo si en un hogar hay una persona sola, propietaria del inmueble, que gana 370 mil pesos que si vive una pareja con tres hijos y pagan un alquiler, por ejemplo, de 80 mil pesos por mes.

“Sin entrar en la discusión acerca del mérito para establecer un valladar de tres y media canastas básicas totales, creemos que considerar al conjunto de las y los integrantes del hogar para el cómputo de ingresos puede sin dudas traer inequidades y abre la posibilidad de judicialización teniendo en cuenta las premisas establecidas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos ´Cepis y otros c/PEN s/amparo´”, advierte Cepis en la carta dirigida a Martínez.