EMPRESAS
El Gobierno acusa a los dueños de Edesur de tener una «deficiente gestión operativa»
Un informe del ENRE sostiene que la gestión del Grupo Enel es el principal responsable del «constante incumplimiento de la concesionaria»
luego de haber nombrado un veedor y aplicado fuertes multas por el corte de luz de fines del año pasado, el Gobierno responsabilizó a los accionistas mayoritarios de Edesur de la crisis operativa que atraviesa la principal distribuidora de electricidad de la Argentina.
Es decir al Grupo Enel, con sede en la ciudad italiana de Milán y considerado uno de los operadores integrados líder en los mercados de energía y renovables, así como uno de los principales operadores de gas en el mercado minorista.
La acusación oficial fue realizada por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) que, tras un análisis recientemente dado a conocer, sentenció que la deficiente gestión operativa del grupo controlante de Edesur «es el principal factor que repercute en el constante incumplimiento de la concesionaria de los parámetros básicos fijados para la atención a la persona usuaria de los servicios públicos en la Argentina».
El organismo también consideró que la deficiente calidad de respuesta y atención brindada por la empresa se debe a que destina un 50% menos de cuadrillas para la atención de reclamos en relación con su demanda promedio y la cantidad de clientes en 12 partidos bonaerenses y la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires.
Para el ENRE, en promedio, la distribuidora cuenta con una cuadrilla cada 7.82MW de demanda y 4.704 personas usuarias, por lo cual le acaba de imponer una nueva sanción que se suma a los $200 millones que ya le aplicó a principios de enero.
Ahora, el organismo que dirige Soledad Manín instruyó a la compañía a bonificar$10.325 a cada usuario afectado por los cortes de fin de año, un monto total que llega a los $400 millones.
«Por la vulneración de los derechos de las personas usuarias, se ordenó aplicar la bonificación de Corte Prolongado y Reiterado a la totalidad de los y las afectadas por cortes», señala la Resolución N° 08/2022 publicada en la edición de este miércoles 19 de enero en el Boletín Oficial.
«Se procedió a instruir a la concesionaria a fin de que aplique automáticamente la sanción de 2000 kWh ($10.375) por Corte Prolongado o Reiterado a los usuarios y usuarias afectadas por interrupciones cuyo inicio se haya originado y prolongado durante los días 27, 28, 29, 30 y 31 de diciembre de 2021 y 1, 2, 3 y 4 de enero de 2022″, detalla la norma.
En este sentido, EDESUR dispone de un plazo máximo de cinco días para realizar la presentación de la nómina completa de usuarios alcanzados por la resolución, la cual quedará sujeta al posterior análisis oficial.
La multa y las acusaciones contra Enel reavivan la pésima relación que el gobierno kirchnerista mantiene con el grupo italiano desde que desembarcó en Edesur en el 2009 como parte de una operación a través de la cual adquirió los activos globales de Endesa.
A su vez, la empresa española había desembarcado en Edesur en 1999 a partir de absorber las acciones del holding chileno Chilectra en Distrilec, la sociedad controlante de la distribuidora que también tenía como accionistas al grupo local Perez Companc, y a otras firmas de Endesa como eran Enersis y Endesa de Chile y que habian tomado posesión el 1 de septiembre de 1992.
Paradójicamente, el grupo español tomó más relevancia en el capital de Edesur tras un fuerte apagón por falta de inversiones en las redes eléctricas de 11 días en febrero de 1999, siendo el apagón más largo de la historia eléctrica argentina.
Los cortes afectaron seriamente la imagen de la empresa, desencadenando sanciones, protestas masivas y cortes de calles por parte de los usuarios afectados, lo cual llevó a que a mediados de 1999, las acciones de Chilectra fueran absorbidas por Endesa, quedando el control de la empresa en manos de capitales españoles.
Pero a partir de la llegada de kirchnerismo al poder en el 2003 y la decisión de pesificar y congelar las tarifas de los servicios públicos, Endesa fue buscando salir de Edesur, lo cual logró a partir de empezar a formar parte del Grupo Enel que nunca generó buenas relaciones con los diferentes gobiernos de ideología K.
De hecho, las multas, sanciones y presiones para que el grupo abandone la concesión se vienen acumulando y está claro que el Gobierno seguirá analizando nuevas medidas contra la distribuidora de electricidad luego de los cortes del suministro que afectó a casi 100.000 usuarios durante los últimos días del 2021.
La propia Manín ya posee en su despacho informes anteriores donde se cuestiona la continuidad de la concesión de Edesur y se acusa a la compañía de numerosos incumplimientos del contrato y hasta de falta de inversiones suficientes como para sostener el servicio.
De hecho, en varios sectores oficialistas no descartan que hasta se analice la posibilidad de finalizar antes de tiempo con el contrato que vence recién en el 2087, de acuerdo a la Resolución Nº 170 de 1992 firmada por Carlos Manuel Bastos, entonces secretario de Energía Eléctrica del gobierno de Carlos Menem.
Avanzada bonaerense
Si bien todavía parece prematuro que todo el Gobierno se encolumne detrás de ese anuncio, lo cierto es que no se trata de un reclamo nuevo.
Ya a mediados del 2020, un importante grupo de intendentes peronistas de la provincia de Buenos Aires reclamó la caducidad de la concesión. Lo hizo a partir de las conclusiones de un informe de casi 30 páginas elaborado por la Defensoría del Pueblo bonaerense que concluye con la necesidad de rescindir «la concesión de prestación de distribución del servicio público de electricidad a la empresa Edesur».
El reclamo se basa en las multas ya aplicadas a Edesur por incumplimientos varios; las obras que esta empresa no llevó a cabo y la falta de inversiones para prestar el servicio.
En este sentido, la propia Manín acusó a Edesur de haber dejado de invertir en su zona desde el 2014 y aseguró que durante el gobierno de Mauricio Macri no hubo nuevos desembolsos. «Si no hay inversión suficiente suceden estas cosas, más cuando hay altas temperaturas», agregó la interventora del ENRE, quien encabezó la denuncia presentada por el Gobierno contra la distribuidora.
Desde la compañía rechazaron las declaraciones al sostener que solamente en los últimos cinco años invirtieron u$s820 millones, bajaron de 33 a 13 horas el corte promedio anual por cliente y aseguraron que la empresa se enteró «por los medios» sobre la designación del veedor.
Pero más allá de los argumentos de la compañía, los fundamentos del nuevo reclamo encabezado por Manín coinciden con los de los intendentes peronistas ya que, en ambos casos se acusa a Edesur de fallas en el suministro eléctrico; de falta de cumplimiento de los planes de obras e «incumplimiento de la adecuada prestación del servicio público a su cargo, en condiciones de regularidad, calidad técnica adecuada y continuidad, aumentando la cantidad de quejar recibidas».
En el caso de los jefes comunales de la provincia que gobierna Axel Kiciloff le sumaron las multas que le aplico el propio ENRE en el 2018 y el 2019, y un cúmulo de reclamos crecientes «que dan cuenta de las deficiencias en la prestación del servicio, de los contratiempos y malestares que causa la mala prestación en los usuarios y consumidores del mismo».
Otra de las medidas que se tomaron en el marco de la grieta abierta entre las autoridades nacionales y Edesur se vincula con la anulación de un acuerdo para regularizar la deuda acumulada por el Estado nacional tanto con la empresa y también con Edenor que fue firmado durante el macrismo y que el ENRE desconoce y hasta llegó a calificar de «lesivo».
La resolución dejó sin efecto un convenio de compensación firmado en mayo del 2019 por el ex presidente Mauricio Macri para cancelar las deudas con Edenor y Edesur que el Estado acumuló mayoritariamente entre los años 2006 y 2015, cuando las tarifas estuvieron congeladas y el Estado compensó a las empresas con transferencias directas.
El acuerdo se firmó sobre la base de un estudio de la Secretaría de Energía en el que se admitió que de haberse ajustado la tarifa durante esos años, Edenor debería haber incrementado sus ingresos en $56.946 millones y Edesur en $44.067 millones.
Sin embargo, el ENRE auditó el convenio y llegó a la conclusión de que ambas distribuidoras recibieron más fondos por subsidios que el dinero que reclaman como «ingresos no percibidos».
La empresa propiedad de Enel rechazó la declaración de lesivo para el interés general, aseguró que el acuerdo sigue vigente, además de recordar que el congelamiento de tarifas que inició Néstor Kirchner y que en abril pasado se modificó de manera parcial con un magro incremento del 9%, le causó graves problemas financieros y de caja.
La medida se suma al decreto presidencial para renegociar los términos de la concesión y a la vuelta atrás con el traspaso de la jurisdicción a la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires como tres ejemplos del constante cambio de reglas de juego.
De hecho, durante los primeros nueve meses del año pasado la distribuidora acumuló pérdidas mayores a los $14.400 millones lo cual representó un incremento del 180% contra los $ 5.326 millones que perdió en igual período del 2020, durante la pandemia del Covid-19.
Es más, compañía acumula estados contables que, desde el 2010, reflejan nada más que tres períodos positivos y otros siete negativos. Con una importante salvedad vinculada al balance del 2019, cuando informó ganancias por $12.600 millones pero que reflejó un asiento contable vinculado al intercambio de deudas cruzadas con el Estado nacional que le permitió evidenciar en ese balance un elevado nivel de rentabilidad.
Cuando se informaron los datos, Claudio Cunha, Country Manager de Enel en Argentina, advirtió que la situación económica de la empresa «es insostenible y requiere una pronta solución por parte del Gobierno».
Ocurre que las cuentas de la empresa no cierran, la caja se achica, la deuda se incrementa y el escenario futuro se torna cada vez más incierto, en un marco de relaciones con las autoridades nacionales que no atraviesa por un buen momento y suma reclamos para anular la concesión.
Fuente: IP
