SOBERANÍA
Grave efecto Milei en TDF: Buscan expulsar a Municipios, partidos políticos y gremios del Observatorio Cuestión Malvinas modificando la Ley 836
Después de renunciar al Observatorio Consejo Asesor Cuestión Malvinas, los Centros de Combatientes han propuesto una modificación a la Ley 836 que lo creó. En esta modificación, buscan la expulsión de los representantes de las municipalidades, partidos políticos, gremios, sindicatos y Consejos Deliberantes de las tres ciudades. Esta propuesta, realizada a 40 años de democracia en Argentina, refleja una actitud claramente fascista y clasista.
En la actualidad, nuestro país atraviesa un periodo político marcado por la falta de sutileza en la discusión de temas cruciales, tales como procesos militares, negacionismo, derechos humanos y el respeto a la democracia. En este contexto, en Tierra del Fuego observamos una postura afín promovida por el candidato Javier Milei y su vicepresidenta. Esta postura se caracteriza por menospreciar y agraviar a los partidos políticos, así como a los gremios y sindicatos.
Hemos afirmado repetidamente en este medio que «Solo la verdad nos hará libres» y que únicamente la democracia puede asegurar una convivencia estable en un Estado. Sin embargo, resulta inevitable vincular ambas premisas y exponer de manera clara y directa las conductas similares que están teniendo lugar en diversas regiones del país, impulsadas por un sector político que ha resurgido en tiempos recientes.
Hace unos días, algunos miembros o asesores del Observatorio Malvinas han estado compartiendo una nota firmada por los presidentes de los Centros de excombatientes de Ushuaia y Río Grande. En dicha nota, se busca silenciar a las voces gremiales y políticas que participan en los debates del Observatorio Cuestión Malvinas, el cual asesora al poder ejecutivo en relación con la causa Malvinas. La intención detrás de esto es sería: expulsar a dichas voces del Observatorio.
Es importante señalar que, a 40 años de la recuperación de la democracia, la «Onda Milei» ha llegado a la provincia de Malvinas.
La actitud «selectiva» y nostálgica hacia otros tiempos en nuestro país parece acechar, esperando el momento oportuno para manifestarse de diversas maneras y promover actos totalitarios. Aquí les advertimos sobre el uso de argumentos que pueden ser empleados con ese propósito.
Los presidentes de los Centros de Combatientes de Ushuaia y Río Grande, Conrado Zamora y Raúl Villafañe, respectivamente, han redactado una carta firmada en la cual presentan una serie de consideraciones y apreciaciones que resultan incomprensibles. Estas justifican un «Objetivo fijado de forma conjunta entre la Comisión 7, presidida por el miembro de la RAP Federico Sciurano y amparadas claramente por el ejecutivo provincial» el cual consiste claramente en la expulsión del CAOCM de los Partidos Políticos, Sindicatos y representantes de los Consejos Deliberantes de la provincia.
Este objetivo busca culminar el proceso de invisibilización del Observatorio Cuestión Malvinas, que inicio durante la gestión de Bertone y persiste bajo la administración de Melella.
La «Llamativa actitud» de los Centros de Veteranos de Guerra al presentar este proyecto de Ley de modificación de la actual norma 836 a la Legislatura, más precisamente a la Comisión 7, se da en un contexto clave: «La adhesión del Observatorio Consejo Asesor Cuestión Malvinas a las resoluciones emitidas por el Concejo Deliberante de la Ciudad de Río Grande, El emitido por el Concejo Deliberante de la ciudad de Tolhuin y por el Emitido desde la Ciudad Ushuaia«.
No es un aspecto trivial que Federico Sciurano, presidente de la Comisión 7 de la Legislatura, interprete las manifestaciones de los Ediles acerca del Radar Inglés en Tolhuin como una carga adicional de responsabilidad, dado que solicitan explicaciones y la apertura de una investigación exhaustiva sobre el tema, y él se niega de manera sistemática a llevar a cabo dichas acciones.
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Es importante resaltar que Sciurano mismo obstaculizó la última sesión ordinaria, en la que se intentaba establecer una «Comisión Investigadora», iniciativa presentada parte del Legislador Villegas, para identificar a los responsables dentro de la cadena de funcionarios que facilitaron la instalación del Radar de la empresa LEo LAbs en la ciudad de Tolhuin.
Es necesario «Contextualizar» el escenario para comprender ésta nueva iniciativa, en un intento claro de adoptar una postura antidemocrática, fascista y clasista, se busca transformar el CAOCM en un «Club Selecto de amigos» donde se debata casi a puertas cerradas la cuestión de las Malvinas sin permitir ningún tipo de debate democrático ni participación de partidos políticos y gremios o universidades por ejemplo.
En una clara actitud antidemocrática, fascista y clasista se busca desmembrar el observatorio para convertirlo en un «Club Selecto de amigos que discutan la cuestión Malvinas sin debate democrático de ninguna naturaleza» se pretende lograr el principal objetivo de Inglaterra que ya instaló un Radar con capacidad militar en la ciudad de Tolhuin sin que nadie de hasta el momento se dignen a responder o dar alguna explicación: «Que nada se discuta, que nadie cuestione las decisiones sobre políticas que se toman en torno a Malvinas y las complicidades como las que estamos viendo» o mejor dicho «Remover todos los obstáculos con respecto a la causa malvinas entre Argentina y el Reino Unido»,
¿Les suena?
La nota conjunta de Zamora y Villafañe destaca «la imperiosa necesidad apremiante de revitalizar el cuerpo colegiado, considerando tanto la cuestión de las Islas Malvinas como la causa Malvinas, en el actual contexto». La interrogante clave es: ¿Cuál es la problemática específica del contexto actual que impide la formulación de recomendaciones al poder ejecutivo, mediante un debate y consenso con los partidos políticos y gremios que respaldan de manera incondicional a los combatientes y sus propuestas, en el observatorio actual?
«Es imperioso que nuestra Provincia cuente con un Consejo Asesor del Máximo nivel en el que además de los Excombatientes estén representados los tres poderes provinciales, los cuales no solo puedan asesorarse entre ellos sino también promover y generar los consensos, acciones necesarias para la implementación de concretas acciones respecto a Malvinas y el Atlántico Sur». Dice la carta enviada.
En éste párrafo, se demuestra que claramente el menosprecio hacia todas las organizaciones que conforman históricamente el CAOCM descalificando de manera flagrante e irrespetuosa en una clara actitud «selectiva de acuerdo al perfil deseado por parte de Villafañe y Zamora y seguramente algún otro personaje camuflado detrás de la iniciativa que le delegaron a los Centros de excombatientes».
Nadie puede ignorar la admiración que sentimos por nuestros hombres y mujeres, héroes y heroínas, de un pueblo que aún conserva la causa patriótica en lo más profundo de su corazón.
El respeto por el acto más heroico que todos conocemos en el conflicto armado que los llevó a nuestros jóvenes héroes a defender nuestras islas Malvinas en una nefasta guerra que impulsó un gobierno Militar en los años 80 está fuera de cualquier discusión.
Ahora bien, ¿esta bien o es correcto que las instituciones reconocidas, visibilizadas y valoradas por la democracia sean las que promuevan ahora la expulsión selectiva de los participantes políticos, instituciones de la democracia y gremiales como del CAOCM? No, Nunca Más
¿Cómo evaluarían los organismos de derechos humanos y las organizaciones políticas el intento de silenciar las voces de los representantes enviados al CAOCM cuando se cumplen 40 años de democracia? Este intento se manifiesta a través de un acto «selectivo» que limita la participación de ciertos miembros en la discusión y promoción de acciones, como recomendaciones al poder ejecutivo, en relación con la Causa Malvinas. Este enfoque es contrario al espíritu de la Ley 836, que fue concebida con el propósito fundamental de fomentar la pluralidad y la democracia.
«Alguien ha activado lo que podríamos llamar el ‘Malvinómetro’ para restringir la participación democrática en el Observatorio de la cuestión Malvinas. Esto se traduce en la anulación y silenciamiento de los actuales miembros, cerrando así cualquier posibilidad de debate democrático. A estas alturas, no hay duda de que esta medida cuenta con el respaldo del poder ejecutivo, ya que el Secretario y presidente del CAOCM, Andrés Dachary y por lo tanto del propio Gobernador Melella ya que hasta el momento, no han emitido ninguna declaración al respecto.»
«Se han desvirtuados los preceptos por los que nació y debe mantener su razón de ser dicho Consejo Asesor» aclaran y aquí viene lo más grave: «Queremos resaltar el hecho de nuestra propuesta de modificación de la Ley 836 no va en contra de los integrantes del Observatorio, sino lograr un verdadero Cuerpo Colegiado que, con valederos fundamentos, asesore al Ejecutivo sobre concretas acciones que ronden en bien de la Causa Malvinas, Independientemente del color político partidario del Gobierno Provincial o Nacional»
¿A qué aluden Zamora y Villafañe al afirmar que se debe «mantener su razón de ser»? ¿Las consideraciones establecidas por la ley de creación del CAOCM ya expresan este principio de manera clara, o es imperativo «imponer nuevos fundamentos o propósitos»?
¿Por qué se toman la molestia de aclarar que «la modificación de la Ley 836 no va en contra de los integrantes del Observatorio» cuando la verdadera intención es expulsarlos por Ley, ya que consideran que sus fundamentos para seguir participando no son válidos para continuar siendo Consejeros? Es realmente vergonzoso.
¿Cuáles son, en definitiva, los criterios y requisitos necesarios para formar parte del selecto cónclave Colegiado que trata la causa Malvinas a la medida de sus pretensiones?
¿Se requieren títulos honoríficos, medallas o diplomas de honor de alguna academia de Cambridge, o reconocimientos académicos comprobables para pertenecer a este exclusivo club que debata y aporte a la Causa Malvinas y que le pertenece el Pueblo de la nación Argentina en su conjunto?
A que se refieren con un «Verdadero Cuerpo Colegiado» que no cumplen los Partidos políticos y gremios para asesorar al ejecutivo?
Zamora y Villafañe sugieren que la existencia de la Comisión 7, presidida por Sciurano, la cual fue propuesta, votada y respaldada por el mismo cuerpo colegiado que intentan restringir, hace que el Observatorio ya no sea necesario. Por lo tanto, proponen clausurar definitivamente el Observatorio y entregarlo fácilmente al enviado de la RAP. Esta propuesta plantea la preocupación de que, al hacerlo, se evite la investigación y el debate, similar a lo que ocurre actualmente con el Radar Inglés en Tolhuin. Todo apunta a que esa es la intención detrás de su declaración, ya que de lo contrario no la habrían formulado de esa manera.
Comparamos a continuación los puntos más significativos del proyecto presentado por los Centros de Combatientes de Malvinas al Legislador Federico Sciurano:
La enmienda al Artículo 1 implica la sustitución del Consejo Asesor Observatorio Cuestión Malvinas por uno nuevo ente denominado «Consejo relativo a la Cuestión Malvinas», reorganizándolo de manera jerárquica bajo la Secretaría de Andrés Dachary.
En el artículo 2, se produce una transformación significativa en el propósito del Observatorio, que actualmente opera de cierta manera, al proponer a los miembros «del Club» una serie de «Funciones» del Consejo relacionadas con la cuestión de las Islas Malvinas. En otras palabras, deja de ser y denominarse simplemente «un Observatorio Consejo Asesor» para evolucionar hacia un entorno cerrado y específico con pautas establecidas por la nueva Ley. Destaca especialmente una función llamativa: «la proposición de estrategias que contribuyan al reconocimiento permanente de los excombatientes de Malvinas, los caídos en combate y sus familiares». Esto revela la necesidad imperante de mejorar la situación actual que parece no ser agradable del todo.
El texto actual de la Ley 836 establece que el Consejo Asesor Observatorio Cuestión Malvinas tiene como objetivo «promover, analizar, desarrollar e impulsar acciones relacionadas con la Cuestión Malvinas en un ámbito de planificación y desarrollo de programas de coordinación de políticas conjuntas para este fin».
En artículo 3 del proyecto presentado por los Centros de Veteranos de Guerra es realmente «selectivo» y se pretende lo siguiente:
Se prohíbe cualquier intento de debate y propuestas plurales sobre la Cuestión Malvinas, eliminando así la participación de Gremios, Partidos políticos, entidades académicas como las Universidades, centros de estudiantes y Consejos deliberantes de las tres ciudades, así como de cualquier individuo que desee colaborar con la «Misión Malvinizadora». Aunque se habla discursivamente de promover esta misión, en la práctica se fomenta la apropiación por parte de un grupo «selecto de personalidades seleccionadas».
Aquí el Artículo vigente
Cabe destacar que los partidos políticos, al participar en la propuesta de agenda y debate, no están inherentemente obligados a formular propuestas e iniciativas. Además, tienen la facultad de recibir solicitudes de consulta al Consejo Asesor por parte de cualquier entidad que requiera un debate abierto con diversas perspectivas, lo cual es un aspecto relevante.
Es importante señalar que el poder ejecutivo no ha planteado específicamente un debate sobre la causa Malvinas para obtener la postura de cada partido político o entidad que integra el actual Observatorio, a pesar de contar con el respaldo de los miembros, y ahora se busca cerrarlo, a menos que existan circunstancias extraordinarias, como fue el caso de la denuncia presentada por una delegación que viajó expresamente a una reunión en la Cancillería Argentina en Buenos Aires con el propósito de denunciar el cuestionable acuerdo Foradori/Duncan y la actividad petrolera e la ronda 1 acompañada por unanimidad en la que se contaba con el Peticionante Argentino en el Comité de descolonización de Naciones Unidas por la República Argentina Alejandro Betts.
Es necesario aclarar que este artículo no cuestiona en absoluto la verdadera problemática subyacente, que es la Causa Malvinas. Lo que se presenta aquí es un análisis de los acontecimientos que condujeron a los Centros de Combatientes a emprender una acción de tal magnitud, la cual discrimina, inhabilita y «se lleva una causa del pueblo a su casa», como suele decirse, manipulandola de tal manera que solo puedan participar los miembros que «ellos decidan».
Nos referimos a las personas que se sienten habilitadas en el contexto político favorable y cómodo para imponer su postura violando el espíritu democrático que abraza la Causa a 40 años de haber recuperado no solo la democracia, con reivindicación permanente de nuestros veteranos y veteranas de Guerra que parece no alcanzarles o no ser suficientes y que en cierto modo es verdad, pero el reclamo se puede ejercer con solidaridad, con debate con más y mejor democracia, no pretendiendo clausurar todo ámbito que sea una voz única o de unos pocos camuflando intereses personales o sectoriales detrás de «La Causa» para obtener privilegios.
«Comparando con nuestro ídolo popular, reafirmamos que ‘La causa no se mancha’.»
Aquellos que redactaron el proyecto de ley, entendemos que habría sido una propuesta significativa si se hubiera optado por el camino de la reforma autónoma de la ley en el ámbito plural del Observatorio Consejo Asesor Cuestión Malvinas, con la mirada y consenso político, académico y gremial, tal como lo requiere la democracia.
Esta reforma de la Ley, respaldada y promovida por el poder ejecutivo, se presenta sin ambigüedades como una maniobra camuflada entre los Centros de Veteranos de Guerra. Este proyecto, que no contempla ninguna de las preocupaciones planteadas, suscita incomprensión y malestar. Se destacan asuntos como la instalación del Radar Inglés en Tolhuin, el papel de la Comisión 7 presidida por Sciurano y la falta de respuestas a las solicitudes de la Fiscalía de Estado. Incluso ante los requerimientos de informes por parte de Diputados, Senadores y Consejos Deliberantes, la sociedad observa con asombro un radar en Tolhuin que parece no ser de gravedad para algunos.
La clara intención subyacente es obstruir bajo la apariencia de protección política, buscando proporcionar blindaje y salvaguarda a cada miembro involucrado en este auténtico escándalo. La mayoría de los beneficiados por la pretendida creación del denominado «Club de Amigos Selectos» obviamente elegidos a dedo como se dice habitualmente, encontró en la democracia una vía para lograr lo suq eno hubieran podido quien sabe, lograr en el debate abierto, plural y democrático dentro del seno mismo del ámbito tan importante como el CAOCM.
«Solo la verdad nos hará libres» reza el dicho y este artículo no busca ofender a nadie, solo pretende que la opinión a 40 años de democracia pueda ser expresada sin censuras y con toda la libertad posible abierta al debate.
Descargue aquí el proyecto y la nota enviada:
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