SOBERANÍA
Exclusivo: El embajador argentino en Estados Unidos Jorge Argüello, negó toda participación en la instalación del radar inglés en TDF.
El embajador argentino en los Estados Unidos Jorge Argüello afirmó que ni la Embajada ni él ni la Embajada participaron en ninguna de las instancias del proceso de autorización, localización, instalación o funcionamiento de la estación terrena de la empresa LeoLabs.
El Embajador de Argentina en los Estados Unidos, Jorge Argüello, le envió a la Vicegobernadora Mónica Urquiza una declaración escrita de forma categórica: «ni la Embajada, ni él personalmente, han participado en ninguna fase del proceso relacionado con la autorización, ubicación, instalación o funcionamiento de la estación terrena perteneciente a la compañía LeoLabs en Tierra del Fuego». Esta afirmación busca clarificar y dejar en claro que las decisiones y acciones relacionadas con la instalación del radar no han sido influenciadas por la Embajada argentina ni por el embajador.
La nota dirigida a la Presidenta de la Legislatura fueguina y vicegobernadora Mónica Urquiza, que dicha embajada, tomó conocimiento de dicho requerimiento el día 15 de noviembre de 2022 y que ni la Provincia de Tierra del Fuego, ni la empresa Leolabs ni la autoridad de aplicación realizaron o solicitaron información al respecto antes o después de dicho permiso.
Agrega la misiva que, la Embajada tomó conocimiento y contacto con la empresa Leo LAbs en marzo de 2023 en el evento que se realizó bajo la denominación «Argentina National Space Day».
El escándalo en torno a la instalación del radar de LeoLabs en Tierra del Fuego ha generado inquietud y debate en Argentina y más allá de sus fronteras. Las preocupaciones se centran en cuestiones de seguridad, soberanía y tecnología, y las respuestas de las partes involucradas han sido cruciales para esclarecer la situación.
La declaración del embajador Argüello busca desvincular a la Embajada de Argentina de cualquier participación en el proceso de autorización, localización, instalación y operación del radar. Esta separación de responsabilidades es esencial para comenzar a echar luz en la integridad y la transparencia del proceso, y para garantizar que la toma de decisiones no esté influenciada por intereses externos o agendas ajenas a los intereses nacionales.
No obstante, la controversia continúa, ya que persisten preguntas sobre quiénes estuvieron involucrados en el proceso y cómo se llevaron a cabo las etapas críticas de la instalación del radar. La claridad en la comunicación y la cooperación entre las partes interesadas, incluidas las autoridades gubernamentales y las empresas privadas, será fundamental.
recordemos que el ministro de Defensa, Jorge Taiana, inauguró un radar táctico 3D en la ciudad de Trelew hace unos días atrás, oportunidad en la que expresó: “Hay otros radares que no tienen que estar en el territorio argentino, como es el radar que hemos objetado desde el Ministerio de Defensa, en Tolhuin”.
A medida que el escándalo en la provincia sigue ganando proporciones, llama la atención el ensordecedor silencio que prevalece entre los miembros de la administración Melella. Este silencio, cargado de implicaciones políticas e institucionales de gran envergadura, se asemeja a un intrigante telón de fondo en medio de la creciente controversia. Resulta igualmente significativo que la Diputada Nacional Mabel Caparros y sus asesores, quienes también forman parte del directorio de Leolabs en Tierra del Fuego, hayan optado por mantener una postura de absoluto hermetismo en torno al asunto.
Con el aumento imparable del autodenominado «Leolabs Gate» en la provincia bajo la dirección del profesor Gustavo Melella, el panorama político local está finalmente experimentando una especie de despertar de su letargo anteriormente vergonzoso. Este despertar está tomando dimensiones casi cinematográficas, donde nadie parece dispuesto a asumir responsabilidad alguna, aunque paradójicamente todos parecen hallarse involucrados de alguna manera.
La magnitud de este asunto va más allá de simples especulaciones, ya que la omisión deliberada de declaraciones por parte de la administración en el centro del poder y la negativa de la Diputada Nacional Mabel Caparros y sus colaboradores a abordar la cuestión contribuyen a agravar la dimensión política e institucional del caso. El eco ensordecedor de este silencio resuena con fuerza en el tejido mismo de la confianza ciudadana y la credibilidad de las instituciones, subrayando así la gravedad de la situación que enfrenta la provincia.
Mientras se redactaba esta nota periodística, el Legislador fueguino Pablo Villegas, perteneciente al bloque del Movimiento Popular Fueguino, llevaba a cabo una publicación en su perfil de la red social X. En su mensaje, solicitaba la creación inmediata de una «Comisión Investigadora», subrayando que la situación actual está sumida en una creciente confusión y que «Las afirmaciones planteadas por algunos individuos no concuerdan con la información respaldada». Por ende, Villegas resaltó la imperante necesidad de establecer dicha comisión para una exhaustiva investigación.
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