Radar Inglés en TDF: LeoLabs tomó la recomendación de Dachary y sacará a los socios ingleses e incorporará socios estadounidenses pero no se va.

La empresa quiere que el radar siga operando. Se lo informó por nota al gobernador de Tierra del Fuego. Pedirá el corte eléctrico, irá a la IGJ para informar un cambio societario y solicitará a la Secretaría de Ambiente suspenda los pasos procesales. Niega todas las afirmaciones del Ministerio de Defensa sobre el uso dual del aparato.

Mediante una nota redactara el lunes 25 y enviada el martes 26, el apoderado de LeoLabs Argentina SRL, el abogado Pablo Renán Bilbao; yerno y asesor de la Diputada Nacional FPV-FORJA Mabel Caparros; le comunicó al gobernador de Tierra del Fuego Gustavo Melella, que la empresa “ha decidido retirar ciertas partes electrónicas” del radar instalado en Tolhuin, “con el objetivo de disipar cualquier duda instalada en la comunidad y prevenir daños a las instalaciones por parte de terceros”.

Lo informa también que han apelado en sede administrativa “la cancelación de su licencia”, ya que consideran que “los argumentos presentados por el Estado Nacional para tal acción no reflejan la realidad de los hechos”; y que “contrariamente a lo que se ha comunicado, el grupo LeoLabs no es británico, sino estadounidense”.

Sin decir aún quiénes son los técnicos y científicos que lo están asesorando, el apoderado y director de LeoLabs Argentina SRL, confronta con los frondosos informes del Ministerio de Defensa de la Nación y con todas las áreas de inteligencia militar y el campo científico que asesora a ese ministerio. Afirma que las capacidades de la estación terrena “no son las que han sido detalladas por el Estado Nacional y que se han comunicado a través de TELAM y otros medios de prensa”; que “el radar NO posee la capacidad de rastrear misiles, aviones, embarcaciones o vehículos terrestres, ni de monitorear actividades militares”, como tampoco tiene la “habilidad para rastrear o interceptar comunicaciones vía satélite o llevar a cabo cualquier otro tipo de escucha”. Además que “desde el 26 de junio pasado”, el radar “se encuentra totalmente inoperante”.

La nota de Bilbao a Melella, es además enunciativa de los próximos pasos por la permanencia, que intentará dar LeoLabs en Tierra del Fuego. Le transmite al gobernador, que “sin que esto signifique renunciar a ningún derecho ni admitir ninguna infracción normativa, una vez finalizado el retiro de la electrónica” la empresa “solicitará a la Dirección Provincial de Energía el corte total del suministro de energía a la estación terrena”, hecho que estima presentar este viernes 29 de septiembre, ya que según informa, “no puede ser solicitado de forma inmediata, dado que las cámaras de seguridad darán cuenta de las actividades de retiro de la electrónica, por lo que será necesario utilizar energía durante los trabajos”; pero que por otro lado le avisa que “solicitará en el ámbito de la Inspección General de Justicia, la transferencia de las cuotas de los actuales socios de la sociedad a dos sociedades del mismo grupo, pero con domicilio en los EE.UU”. Y en el mismo sentido, que le pedirá al Ministerio de Producción y Medio Ambiente “la suspensión de plazos procesales hasta que se resuelva de manera definitiva, a nivel nacional, la situación de la autorización de LeoLabs”.

La polémica, sino culebrón político nacional e internacional que rodea a la instalación del radar de capitales ingleses e irlandeses en Tierra del Fuego con capacidad de reconocimiento bélico militar; augura ingresar a una nueva etapa; la de la OTAN intentando a toda costa -se ya sea con presencia británica o a través de los EE.UU-, dejar instalado un radar de altísima ubicación estratégica en el contexto de la nueva guerra europea incitada por Ucrania, y aguijoneada por propia OTAN y sus aliados; contra Rusia.

Lo interesante por éstas horas, es saber que tipo de materiales electrónicos sensibles van a retirar y cuáles serían los motivos reales de la determinación de la empresa para llevarse material probatorio de la «dualidad del radar».

Recordemos que fué el mismo Secretario de Malvinas Andrés Dachary quien sugirió en una de las primeras declaraciones del funcionario que «Si era problema la composición societaria de la empresa le solicitarían que lo cambien porque claramente eso genera controversias en la población».

Llamativamente, la empresa 102 días después toma misteriosamente la recomendación del secretario y pide suspender todas las actuaciones en la IGJ, en el MInisterio de Producción y Secretaría de Ambiente.

Dachary explicó en aquella oportunidad que existen cuestiones que, por el carácter federal del país, son funciones delegadas al Gobierno Nacional: “todo lo que tiene que ver con la defensa, las relaciones exteriores y las comunicaciones, son temas que administra el Gobierno Nacional. Esto no es para evadir responsabilidades, sino de a quién corresponden o no las aprobaciones”.

El secretario indicó que ya hay instaladas en nuestra provincia muchos más sensores, “porque la estación astronómica Río Grande trabaja con distintos programas espaciales. Ha trabajado ya con la NASA, hay sensores de China, hay sensores de Alemania y demás. Se canaliza por el mismo mecanismo”.

Además, Dachary agregó que una segunda instancia referida a una autorización del gobierno de la provincia, se limita “a lo ambiental, referido al impacto de la posibilidad de que afecte o no al entorno, una aprobación que no tiene que ver con la capacidad, la orientación, o la funcionalidad que pueda llegar a tener la antena”.

El funcionario aclaró que el origen de la polémica se dio a partir de una publicación en un medio desconocido y subrayó: “el cuestionamiento está dado desde un lugar de lo que se llamaría la actitud. Es decir, hay un proyecto que se presenta con un objetivo que es instalar una estación para monitorear lo que es basura satelital, y esta información ser vendida. El cuestionamiento pasa de esto, a algo que podría tener una utilidad militar y ser un objetivo en caso de una tercera guerra mundial”.

En relación a la empresa responsable de la antena radar, Dachary expresó que el 95% forma parte de una empresa de origen irlandés y el 5% es una empresa del Reino Unido. “Para nosotros esto, más allá de las decisiones finales que tome el Gobierno Nacional, sí debería ser modificado, porque es una incongruencia estar de cierta manera favoreciendo el desarrollo económico de una empresa británica con generación de información, más allá de que no sea militar, desde la provincia de Tierra del Fuego” consideró.

Llamativamente se confirma la «Sugerencia del ejecutivo».

Fuente: Con información de www.agendamalvinas.com.ar – El diario del findel Mundo – BDP

Por: Boca de pozo