Blindaje ambiental al offshore en Mar del Plata

Finalizadas las tres jornadas de audiencia pública se aguarda por el dictamen final del Ministerio de Ambiente para avanzar con el proyecto y una decisión judicial.

Finalizadas las tres jornadas de audiencia pública para autorizar la primera perforación de un pozo de hidrocarburos offshore a 315 kilómetros de Mar del Plata, se aguarda por el dictamen final del Ministerio de Ambiente para avanzar con el proyecto y una decisión judicial.

Durante los tres días de exposiciones virtuales se escucharon a casi 500 personas que se manifestaron mayormente a favor de la iniciativa que encararon YPF, Equinor y Shell en el bloque CAN-100.

Documentos reservados a los que accedió Ámbito sobre el plan offshore remarcaron el Estado nacional tiene una de las legislaciones más exigentes del mundo para este tipo de proyectos y subrayaron que la Argentina tiene una legislación muy exigente en materia ambiental para este tipo de actividades, que se realizan en el país desde hace 90 años. De hecho, en las costas bonaerenses ya se registraron desde 1960 unos 50.000 km de sísmica y se perforaron 18 pozos. El último fue en 1997. Algunos de ellos ya se realizaron relativamente cerca de la costa sin incidentes y sin afectar otras actividades económicas, principalmente la pesca.

En este caso y por primera vez, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible participa en la aprobación de los estudios de impacto ambiental para este tipo de operaciones, cumpliendo con los acuerdos y tratados internacionales en materia ambiental. “La participación de Ambiente fue clave porque sumó su conocimiento técnico para garantizar que las operaciones fueran seguras”, indicaron las fuentes consultadas por este medio. Y recalcaron que todo lo actuado fue debatido en audiencia pública. “Es uno de los pocos países en el mundo en donde este tipo de iniciativas se someten a la participación pública”, sostuvieron.

El intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, fue uno de los que se mostró satisfecho, luego de recibir la información que había solicitado el municipio. “Hicimos un planteo judicial porque era la única forma que teníamos de obtener información con relación a qué se iba a hacer en nuestra ciudad. De los puntos que se plantearon quedaron algunos pendientes, y eso es lo que plantea el juez (Santiago Martín), no de los pedidos por el municipio”, aclaró Montenegro días atrás a Radio Atlántica.

“Lo que nosotros habíamos planteado, que tenía que ver con que haya un control en manos del Ministerio de Ambiente, el Plan de Mitigación y la audiencia pública, ya fue modificado”, enfatizó el jefe comunal.

El Municipio no fue el único que accionó judicialmente. También lo hicieron dos organizaciones ambientalistas. Y por esos planteos el titular del juzgado federal N°2, Santiago Martín, ratificó el 19 de octubre pasado una medida cautelar que frena la actividad offshore. El magistrado exige que el Gobierno nacional tenga en consideración el informe técnico elaborado por la Administración de Parques Nacionales (APN), especialmente en cuanto a la escasez de información denunciada y a las recomendaciones hechas en ese dictamen sobre los posibles varamientos de la ballena franca austral. Y además, desea que se elabore un nuevo estudio sobre impactos directos, indirectos, acumulativos y sinérgicos para determinar un posible daño que provoque la sísmica.

«Las autoridades han tomado medidas que, si bien aparecen en principio como positivas y destinadas a evitar la generación de daños ambientales, no están acompañadas de un análisis científico riguroso que indique la razón de su eficacia», argumentó el juez.

Sin embargo, el plan oficial de Equinor ya establece que la autoridad de aplicación deberá estar informada en tiempo y forma de la evolución de la actividad sísmica, su impacto y aclara que se podrán tomar las medidas adicionales adecuadas para garantizar el cuidado del medio ambiente. En su historial, Equinor ha perforado más de 6.000 pozos offshore en la plataforma continental noruega desde 1966 sin ningún incidente ambiental de contaminación de petróleo llegando a la costa, ubicada a 60 km de los campos.

Expertos estiman que sólo el desarrollo de un bloque offshore, como el CAN-100, puede generar ingresos públicos por u$s32.9000 millones en concepto de regalías e impuestos, y que se podrían generar 22.000 empleos entre directos e indirectos. Pero además, si el proyecto es exitoso y se escala el desarrollo a la Cuenca del Mar del Norte, los ingresos para el Estado se elevarían a u$s98.700 millones, generando 65.000 empleos en total. Otras estimaciones privadas hablan de un potencial de entre u$s200.000 millones y u$s447.000 millones.

En las últimas horas la compañía noruega apeló nuevamente la cautelar del juez Martín y lanzaron una fuerte advertencia: “Si Equinor e YPF no pueden desarrollar las prospecciones sísmicas -principal actividad para la exploración de hidrocarburos- los Permisos Offshore pierden toda su razón de ser, convirtiéndose en títulos que carecerían de utilidad alguna, a la vez que la exponen al riesgo de no poder cumplir con sus compromisos de inversión, lo cual podría redundar en un perjuicio económico para ésta”.

Una vez más será la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata la que deberá definir el futuro del offshore: la decisión está en manos de los jueces Alejandro Tazza y Eduardo Jiménez.