Tensión al límite en Tierra del Fuego: Melella vetó la ley que prohibía los cortes de servicios básicos en pleno invierno.

En un escenario de extrema fragilidad social y fractura política, el gobernador Gustavo Melella formalizó este lunes el veto total al proyecto de ley que prohibía el corte de suministro de gas, agua y electricidad por falta de pago durante los meses de invierno. La decisión, plasmada en el Decreto 0881/26, calificó la iniciativa de la Legislatura como «irrazonable» y advirtió que su aplicación pondría en riesgo la sustentabilidad del sistema energético y las finanzas provinciales.

Los argumentos del Ejecutivo: «Rigidez y descalabro fiscal»

El gobernador fundamentó su rechazo en que la norma sancionada por la Legislatura constituía una «invasión de facultades exclusivas» del Poder Ejecutivo y de regulaciones federales, especialmente en lo que respecta al gas natural. Según los considerandos del decreto, la ley no distinguía niveles de ingresos ni situaciones de vulnerabilidad, otorgando beneficios idénticos a realidades económicas opuestas, lo que el Ejecutivo tildó de «inequitativo».

Además, Melella subrayó la falta de una partida presupuestaria para compensar los costos de prestación de las empresas ante la falta de cobro, alertando sobre un posible «descalabro fiscal» para los entes prestatarios. El mandatario también criticó que la norma no contemplara situaciones de fraude o conexiones irregulares, comprometiendo la ecuación económica-financiera del sistema en plena emergencia eléctrica.

El impacto social: Servicios impagables en el «costo de vida real»

El veto se produce en un contexto donde el costo de vida en Tierra del Fuego ha alcanzado cifras alarmantes. Una familia tipo requiere hoy más de 2,2 millones de pesos para cubrir la Canasta Básica Total. En ese desglose, el costo de los servicios básicos (luz, gas y agua) se estima en unos $160.000 mensuales, una cifra que presiona severamente a hogares cuyos salarios se encuentran estancados frente a una inflación que ha erosionado el poder adquisitivo docente en un 150%.

La legisladora Victoria Vuoto, impulsora del proyecto vetado, argumentaba que la medida buscaba aliviar el impacto de los brutales aumentos tarifarios (que en promedio subieron un 461% en el último año) durante los meses más críticos, del 1 de junio al 30 de septiembre.

La guerra política: ¿Reformas de $8.000 millones o goteo para los vecinos?

Este veto no es un hecho aislado, sino que profundiza la crisis institucional entre el Gobernador y los Intendentes. Melella también vetó la denominada «Ley de Goteo» (transferencia automática de fondos a municipios) y el intento legislativo de frenar la Reforma Constitucional.

La oposición, liderada por figuras como el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, ha denunciado una contradicción moral en la gestión provincial. Vuoto cuestionó que se pretendan gastar $8.000 millones en una reforma de la Carta Magna —monto similar a la deuda de coparticipación que la provincia mantiene con el municipio— mientras las familias no llegan a fin de mes y se les quita la protección contra los cortes de servicios.

El próximo round: Sesión especial y mayoría agravada

La moneda vuelve a estar en el aire en la Legislatura. Tras el veto, se encamina una sesión especial donde la oposición intentará insistir con la ley original. Para dejar sin efecto la decisión de Melella, los legisladores necesitan una mayoría agravada de 10 votos sobre 15.

Aunque en la sesión anterior la oposición alcanzó 11 votos, el foco ahora está puesto en la capacidad del Gobierno para quebrar ese bloque antes de la votación decisiva. Mientras tanto, con un gobernador que ostenta un crecimiento de imagen positiva pero que aún se encuentra entre los ocho con menor valoración del país (menos del 50%), el conflicto promete escalar hacia una judicialización inminente si no se logra un consenso político

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