Insólito: El Gobierno sustituye las audiencias públicas por consultas digitales y deja a los usuarios fuera del debate tarifario en 2026

La Secretaría de Energía abrió una “Consulta Pública” para redefinir los subsidios energéticos y los precios mayoristas a partir del 1 de enero de 2026. La propuesta incluye nuevos criterios de segmentación, herramientas de gestión ciudadana y cambios estructurales en la política tarifaria.

Sin embargo, el mecanismo elegido vuelve a exponer un problema ya conocido: se reemplaza una audiencia pública obligatoria por una consulta digital no vinculante, sin debate, sin registro formal y sin garantías jurídicas.

La consulta —abierta hasta el 19 de diciembre— invita a la ciudadanía a completar un formulario luego de revisar informes técnicos elaborados por la propia Secretaría. Pero estos aportes no obligan al Estado, no generan actas públicas ni aseguran que los argumentos de los usuarios sean considerados.

https://www.argentina.gob.ar/economia/energia/consulta-por-subsidios-energeticos-focalizados

Esto viola, según especialistas, el espíritu y la letra de las leyes 24.065 y 24.076, el artículo 42 de la Constitución Nacional y la jurisprudencia de la Corte Suprema, especialmente el fallo CEPIS (2016), que estableció que cualquier modificación tarifaria sustancial debe pasar por audiencia pública previa.

La maniobra es clara: se sustituye un proceso democrático por un procedimiento administrativo discrecional, que recorta derechos y debilita el control social. Para un país donde el acceso a la energía es un derecho humano y un pilar del desarrollo, este tipo de retrocesos institucionales no solo son riesgosos: son inadmisibles.

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