Alerta: El Gobierno Nacional analiza eliminar el Fondo Fiduciario que sostiene la «Zona Fría» por pedido del FMI

El acuerdo con el FMI impulsa la erradicación de fondos fiduciarios, poniendo en riesgo el régimen de «Zona Fría».

EL FONDO FIDUCIARIO EN LA MIRA

El gobierno nacional, en línea con su compromiso con el Fondo Monetario Internacional (FMI), avanza con un plan para eliminar la mayoría de los fondos fiduciarios, una herramienta que históricamente ha sido utilizada para financiar subsidios y programas sociales. Entre los que podrían desaparecer está el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas (FFGAS), clave para sostener las tarifas de gas en la Patagonia y zonas cordilleranas, donde el frío extremo hace imprescindible el acceso a energía asequible.

❄️ ¿QUÉ ES EL RÉGIMEN DE «ZONA FRÍA»?

El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional promete dar impulso a la erradicación de los fondos fiduciarios que inició el Gobierno para tomar el control sobre un paquete de recursos que en este ejercicio sumaría unos 5.000 millones de dólares. El único que sobrevivirá es el que permite subsidiar la tarifa del gas natural en la extendida “zona fría” del país que, paradójicamente, involucra mayoritariamente a consumidores de las provincias más ricas.

El fondo fiduciario es una formación jurídica que reúne dinero para un fin específico, evitando su desvío. Esta herramienta, usada en el ámbito público y privado, en sí mismo es neutra y potencialmente eficaz. Pero el uso que se haga de ella la puede transformar en pecaminosa.

En el año 2023 existían en el país 29 fondos fiduciarios, que en septiembre pasado ya habían disminuido a 24 y ahora el número está por debajo de 20, por la extinción de otros varios en los últimos meses. Javier Milei tiene tan claro como sus antecesores que ésta puede ser una vía espúrea de drenaje de dinero para cualquier fiscalista y ya viene avanzando con una convicción que el acuerdo con el FMI refuerza.

El último eliminado fue el Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal, cuya sentencia de muerte la propició una auditoría de la SIGEN, que acusó falta de trazabilidad financiera de sus recursos y crecimiento desproporcionado de personal. Ocurrió el 31 de marzo.

También en lo que va del año se disolvieron el Fondo Fiduciario Para la Vivienda Social, el de Servicio Universal, de Infraestructura y Seguridad Aeroportuaria o el de Desarrollo Social y Agricultura Familiar, acelerando la purga iniciada en los meses previos.

Al igual que Arca (ex Afip) y la obra social de los jubilados (PAMI), desde el año 2002 los fondos fiduciarios quedaron fuera del Presupuesto y, por lo tanto, ajenos a los controles más rigurosos.

Si bien sus administraciones tienen que brindar periódicamente información consolidada a la secretaría de Hacienda de la Nación sobre sus ingresos y gastos, no hay detalle sobre los destinatarios de sus transferencias, sean sujetos públicos o privados.

Este es un punto de opacidad clave, que abre un gran margen de arbitrariedad para quien gerencie ese dinero con fines tan variados como desarrollar infraestructura pública, costear un plan social, proteger bosques o fomentar una actividad económica. Todos objetivos que bien podrían ser cumplidos bajo el imperio de la ley de Presupuesto, con una mirada más minuciosa del Ejecutivo y el Congreso.

A este rasgo constitutivo se suma otro controvertido. Hay fondos fiduciarios que se nutren con la recaudación de un impuesto específico (ej. Combustibles para mejorar caminos). Pero otra fuente clave son las transferencias del Tesoro que, según capítulos de la historia reciente, generan excedentes que luego se gastan con libertad.

Hubo ministros de Economía que recompraron títulos públicos utilizando esa caja, apelando a un atajo contable que ningún amante de las cuentas públicas puede avalar.

En el Mensaje al Parlamento del abortado Proyecto de Ley de Presupuesto para el 2025 –no tratado el Congreso y que motivó una segunda prórroga del correspondiente al ejercicio 2023–, el Ejecutivo proyectó que un conjunto de 24 fondos fiduciarios tendría este año ingresos por $5.343.035 millones, con un gasto total de $4.212.060 millones.

En otros términos, según previó el ministerio de Luis Caputo, generarían en conjunto un superávit financiero de $ 1.130.974 millones, menor al registrado en 2024, pero muy importante. El problema no es la cuenta general sino cómo se maneja ese excedente, que en algunos ejercicios llegó a 1,5% del PIB.

El de mayor envergadura es el Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura de Transporte, nutrido con impuestos específicos y dinero del Tesoro para subsidiar colectivos, trenes y rutas nacionales. De acuerdo a estimaciones de Hacienda, este año tendría ingresos corrientes por casi 2.800.000 millones de pesos y un superávit de casi 800.000 millones.

La inquina de La Libertad Avanza contra este mecanismo tiene al menos un antecedente en la gestión anterior. El decreto de necesidad y urgencia 829/2022 había prohibido desde el 1 de enero del 2023 “la realización de transferencias a fondos fiduciarios, empresas públicas y otros entes que cuenten con fondos de libre disponibilidad”. Un indicio de que el gobierno de Alberto Fernández también prestó atención al tema.

Ahora la sentencia es categórica en la página 89 del reciente acuerdo con el FMI y cuando se ennumeran los Proposed Structural Benchmarks: se eliminarán todos los fondos, a excepción del que permite subsidiar la tarifa del gas, uno de los de mayor envergadura de la casi veintena que aún está en pie y que, según aquel mensaje, involucra algo más de 700.000 millones de pesos en un año.

Se trata de un fondo sostenido con un cargo del 6% sobre el precio del gas cuando ingresa al sistema y que terminan pagando todos los usuarios finales. Originalmente se destinaba a cubrir una parte del precio de la factura de los consumidores patagónicos, que demandan más gas para combatir el frío más intenso del sur.

Pero desde 2021 luego de una ardua discusión en el Congreso, se extendió a otras provincias del país, incluido el sur de Santa Fe, de Córdoba, Mendoza y gran parte de Buenos Aires, sindicadas como las más pudientes y con temperaturas promedio más altas que los extremos australes.

Hoy existen 4,2 millones de usuarios de gas por redes que tienen el amparo de una subvención y gracias a ella pagan entre el 70 y el 50% de la tarifa, según los casos.

De acuerdo a un análisis del nuevo mapeo en base a datos oficiales que realizó la consultora Economía y Energía, el 72% de esos usuarios están localizados en la zona núcleo del país. Para que el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas (FFGAS) garantice la cobertura comprometida sin auxilio de Rentas Generales, aquel cargo debería subirse a 7,5%, con el consiguiente impacto en la factura de todos los consumidores, incluyendo los técnicamente pobres, que están fuera de la nueva versión de zona fría.

Según destaca la consultora el problema es que este subsidio está estimulando el mayor consumo, a diferencia de lo que ocurre con las regiones cuya tarifa es plena y sigue sufriendo fuertes subas.

La ampliación del beneficio hizo que casi la mitad de los usuarios del país hoy lo gocen. Y desde que está en vigencia la ampliación, en la zona protegida el consumo subió 8,8%, a contramano de lo que ocurrió en el resto del país, donde cayó 6,8%, desalentado por los aumentos.

Este comportamiento estaría probando que las tarifas más altas desaniman el consumo mientras que las más bajas lo fortalecen.

Es un costado controvertido de un régimen instrumentado mediante un fondo fiduciario, en un momento en que la política pública aspira a eliminar los subsidios garantizando, al mismo tiempo, la mayor renta posible para las empresas que intervienen en el proceso de llevar el combustible a los hogares y evitar un desborde inflacionario.

Este sistema, creado originalmente para ayudar a las provincias del sur, subsidia entre 50% y 70% de la tarifa de gas para 4,2 millones de usuarios en zonas de bajas temperaturas. Sin embargo, en 2021, el Congreso extendió el beneficio a regiones como el sur de Santa Fe, Córdoba, Mendoza y gran parte de Buenos Aires, que, aunque tienen inviernos menos rigurosos que la Patagonia, hoy absorben el 72% de los subsidios.

El problema:

• Consumo disparado: En las zonas subsidiadas, el uso de gas aumentó 8,8%, mientras que en el resto del país cayó 6,8% por las tarifas altas.
• Inequidad energética: Las provincias más ricas reciben más ayuda que la Patagonia, a pesar de que esta última sufre temperaturas bajo cero durante meses.
• Falta de focalización: El fondo no discrimina por nivel socioeconómico, beneficiando incluso a hogares de altos ingresos en zonas templadas.

💰 ¿POR QUÉ QUIEREN ELIMINARLO?

El gobierno argumenta que los fondos fiduciarios son «opacos» y permiten desvíos de recursos. Según el acuerdo con el FMI:
✔️ Solo se mantendrá el fondo de gas (por ahora), pero con ajustes.
✔️ Los demás serán eliminados para «evitar gasto discrecional».
✔️ Se busca reducir el déficit fiscal y alinear las tarifas con los costos reales.

Pero hay un dato clave:

• Si se elimina el FFGAS, el cargo del 6% que hoy pagan todos los usuarios para financiarlo tendría que subir a 7,5%, encareciendo aún más las facturas.

🗣️ LAS REACCIONES: ¿QUÉ PIENSAN EN LA PATAGONIA?

• Gobernadores del sur: Temen que, sin el fondo, las tarifas se disparen y miles de familias queden expuestas al frío.
• Expertos en energía: Critican que el gobierno no haya presentado un plan alternativo para proteger a las regiones más vulnerables.
• Usuarios: «Si nos quitan el subsidio, no vamos a poder pagar el gas en invierno», advierten en Tierra del Fuego y Chubut.

🔮 ¿QUÉ VIENE AHORA?

El gobierno enfrenta un dilema:

1. Si elimina el fondo, podría generar un caos social en el sur, donde el gas no es un lujo, sino una necesidad vital.
2. Si lo mantiene, deberá reformularlo para evitar que siga beneficiando a zonas que no lo necesitan.

📢 CONCLUSIÓN: ENTRE EL AJUSTE Y LA SOBREVIVENCIA

Mientras el oficialismo celebra el «ordenamiento fiscal», la Patagonia se pregunta: ¿Cómo harán para calefaccionarse si el gas se vuelve inaccesible? La eliminación de este fondo no solo es una cuestión de números, sino de vidas en riesgo.

📌 ¿Vos qué pensás?

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